fiscalidad
Los empresarios guipuzcoanos sospechan que el Impuesto de Sociedades superará el 28%
El diputado general, Markel Olano, inicia hoy una ronda de contactos con los partidos de la oposición en busca de apoyos a la reforma fiscal que ultiman el PNV y EA
Los diputados generales José Luis Bilbao, Xabier Agirre y Markel Olano, con el presidente del PNV, Josu Jon Imaz. / TELEPRESS
LAS POSICIONES
Mientras el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, inicia hoy una ronda de contactos con los partidos de la oposición en busca de respaldos para afrontar una asignatura pendiente de la pasada legislatura -la reforma de la fiscalidad de las empresas-, cobra cuerpo la tesis de que la confrontación política puede conducir a ese territorio a un hecho sin precedentes: la aprobación de un Impuesto de Sociedades con un tipo de gravamen superior al vigente en el resto del País Vasco. Ésa es, al menos, la sospecha que se ha extendido en los últimos días entre amplios colectivos de empresarios y en sus organizaciones representativas.
El PNV y EA se han comprometido a aprobar el próximo martes, en el consejo de la Diputación, un proyecto de norma que reforme ese tributo. Vizcaya y Álava ya hicieron sus deberes antes de las elecciones forales de mayo y rebajaron el tipo aplicado a los beneficios de las compañías del 32,6% al 28%. La medida contó con el apoyo de los peneuvistas y del PP. Mientras, EA -que ahora dirige el Departamento de Hacienda- bloqueó una iniciativa similar en Guipúzcoa al argumentar cuestiones de forma y de fondo: nadie le había invitado a participar en la 'cocina' de la nueva regulación y, además, su deseo de remarcar un perfil 'izquierdista' le llevó a asegurar que no aceptaría ninguna propuesta «por debajo del 30%».
Aunque las patronales prefieren mantener la discreción oficial, a la espera de que se conozcan los detalles de la reforma, se temen lo peor: una operación más próxima a la 'cosmética' política que a la eficacia tributaria. Según la tesis que barajan los empresarios guipuzcoanos, el PNV y EA están diseñando una normativa en la que el gravamen se situará ligeramente por encima del 28%, pero con un incremento de algunas deducciones; sobre todo, las destinadas a animar la inversión en investigación y desarrollo (I+D). El objetivo sería presentar la imagen de un impuesto que, aunque con porcentajes distintos, permite obtener una fotografía final similar a la de los otros dos territorios. Ambos partidos carecen de mayoría suficiente en las Juntas Generales -suman 23 de los 51 escaños- para sacar adelante por sí solos el proyecto que consensúen, por lo que necesitan pactar el apoyo o la abstención de algún grupo de la oposición.
«Sin sacralizar el tipo impositivo -apuntaba ayer un responsable de la patronal Adegi-, una opción de esa índole sería una componenda inaceptable. Primero porque dejaría al descubierto el conflicto institucional, la existencia de tipos diferentes en los tres territorios y la posibilidad de que se reclame una armonización en el Parlamento vasco con un mecanismo que no está precisamente claro. Pero, además, la casuística es tan amplia que no afectaría a todos de la misma manera. En términos generales, rebajar la presión fiscal por la vía de las deducciones beneficia a las empresas más grandes, a las que más inversión pueden hacer en I+D, pero perjudica a las pymes; un tipo de empresa que en Guipúzcoa es muy importante».
Las 'medianas', olvidadas
Desde las organizaciones empresariales también se ha señalado con insistencia que el tipo reducido del impuesto -el 24%- sólo se aplicará a las «pequeñas» compañías, las que facturan menos de 6 millones de euros anuales, mientras que las medianas se verán obligadas a tributar por el tipo general. Incluso, han criticado el hecho de que las haciendas vascas hayan sido 'cicateras' en la aplicación de los conceptos, ya que los criterios de la UE sobre la calificación de las empresas hubiesen permitido ampliar el número de sociedades acogidas al tipo reducido. La UE admite llamar 'pequeña' a la empresa que no supera los 10 millones anuales de ventas, cuatro más de lo que recoge la legislación vasca.
Con todo, tan sólo hay un punto de consenso en torno a la reforma de la fiscalidad empresariales en Guipúzcoa: el asunto ha sido conducido hasta un punto endiablado en el que cualquier solución que se plantee se convierte en sí misma en el inicio de nuevos problemas. El 'rifirrafe' protagonizado por los partidos políticos en las postrimerías de la pasada legislatura -especialmente, entre el PNV y EA- ofreció como resultado la manifestación de posturas muy marcadas, contundentes y aparentemente inamovibles, que se visualizaron en propuestas de tipos que iban desde el 28% hasta el 32,5% e, incluso, por encima.
Todos los analistas consultados consideran «extremadamente difícil» conseguir un acuerdo en Guipúzcoa que permita la cuadratura del círculo: que mantenga un tipo unificado para los tres territorios; que recoja el respaldo suficiente en las Juntas y que, además, no se interprete como una renuncia de alguno de los partidos a los principios fiscales que hace tan sólo unos meses calificaron como «irrenunciables».
El PNV y EA se han comprometido a aprobar el próximo martes, en el consejo de la Diputación, un proyecto de norma que reforme ese tributo. Vizcaya y Álava ya hicieron sus deberes antes de las elecciones forales de mayo y rebajaron el tipo aplicado a los beneficios de las compañías del 32,6% al 28%. La medida contó con el apoyo de los peneuvistas y del PP. Mientras, EA -que ahora dirige el Departamento de Hacienda- bloqueó una iniciativa similar en Guipúzcoa al argumentar cuestiones de forma y de fondo: nadie le había invitado a participar en la 'cocina' de la nueva regulación y, además, su deseo de remarcar un perfil 'izquierdista' le llevó a asegurar que no aceptaría ninguna propuesta «por debajo del 30%».
Aunque las patronales prefieren mantener la discreción oficial, a la espera de que se conozcan los detalles de la reforma, se temen lo peor: una operación más próxima a la 'cosmética' política que a la eficacia tributaria. Según la tesis que barajan los empresarios guipuzcoanos, el PNV y EA están diseñando una normativa en la que el gravamen se situará ligeramente por encima del 28%, pero con un incremento de algunas deducciones; sobre todo, las destinadas a animar la inversión en investigación y desarrollo (I+D). El objetivo sería presentar la imagen de un impuesto que, aunque con porcentajes distintos, permite obtener una fotografía final similar a la de los otros dos territorios. Ambos partidos carecen de mayoría suficiente en las Juntas Generales -suman 23 de los 51 escaños- para sacar adelante por sí solos el proyecto que consensúen, por lo que necesitan pactar el apoyo o la abstención de algún grupo de la oposición.
«Sin sacralizar el tipo impositivo -apuntaba ayer un responsable de la patronal Adegi-, una opción de esa índole sería una componenda inaceptable. Primero porque dejaría al descubierto el conflicto institucional, la existencia de tipos diferentes en los tres territorios y la posibilidad de que se reclame una armonización en el Parlamento vasco con un mecanismo que no está precisamente claro. Pero, además, la casuística es tan amplia que no afectaría a todos de la misma manera. En términos generales, rebajar la presión fiscal por la vía de las deducciones beneficia a las empresas más grandes, a las que más inversión pueden hacer en I+D, pero perjudica a las pymes; un tipo de empresa que en Guipúzcoa es muy importante».
Las 'medianas', olvidadas
Desde las organizaciones empresariales también se ha señalado con insistencia que el tipo reducido del impuesto -el 24%- sólo se aplicará a las «pequeñas» compañías, las que facturan menos de 6 millones de euros anuales, mientras que las medianas se verán obligadas a tributar por el tipo general. Incluso, han criticado el hecho de que las haciendas vascas hayan sido 'cicateras' en la aplicación de los conceptos, ya que los criterios de la UE sobre la calificación de las empresas hubiesen permitido ampliar el número de sociedades acogidas al tipo reducido. La UE admite llamar 'pequeña' a la empresa que no supera los 10 millones anuales de ventas, cuatro más de lo que recoge la legislación vasca.
Con todo, tan sólo hay un punto de consenso en torno a la reforma de la fiscalidad empresariales en Guipúzcoa: el asunto ha sido conducido hasta un punto endiablado en el que cualquier solución que se plantee se convierte en sí misma en el inicio de nuevos problemas. El 'rifirrafe' protagonizado por los partidos políticos en las postrimerías de la pasada legislatura -especialmente, entre el PNV y EA- ofreció como resultado la manifestación de posturas muy marcadas, contundentes y aparentemente inamovibles, que se visualizaron en propuestas de tipos que iban desde el 28% hasta el 32,5% e, incluso, por encima.
Todos los analistas consultados consideran «extremadamente difícil» conseguir un acuerdo en Guipúzcoa que permita la cuadratura del círculo: que mantenga un tipo unificado para los tres territorios; que recoja el respaldo suficiente en las Juntas y que, además, no se interprete como una renuncia de alguno de los partidos a los principios fiscales que hace tan sólo unos meses calificaron como «irrenunciables».
