PERCIBIRÁN AYUDAS
Localizan a once personas que no sabían que eran damnificados
La Administración nunca informó a los afectados, diez de ellos vascos, de su derecho a ayudas
ATAQUE. Atentado contra Hipercor en Barcelona. / EFE
Once personas, diez de ellas residentes en el País Vasco, se han puesto en contacto con la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) en las dos últimas semanas, después de que esta agrupación iniciara la búsqueda de 102 damnificados en atentados cuyo paradero desconoce la Administración. La campaña, de la que El CORREO informó en su edición del pasado 13 de agosto, pretende localizar a los afectados para que puedan acceder a las prestaciones e indemnizaciones oficiales, toda vez que las instituciones no saben su residencia y ni siquiera si fueron informados en su día de que una sentencia judicial les reconoce como víctimas del terrorismo.
La existencia de un amplio grupo de damnificados 'anónimos' fue detectada por la asociación catalana -entonces dependiente de la AVT- en 1999, a raíz de la aprobación de la Ley de Solidaridad. El colectivo comenzó a revisar sentencias, la mayoría contra ETA, y descubrió que un alto número de personas que aparecían señaladas como perjudicadas por los atentados eran auténticas desconocidas para la Administración.
«Accidente laboral»
A partir de ese momento, la asociación emprendió su búsqueda, con el fin de que pudieran inscribirse en el registro y percibir las ayudas correspondientes. Paradójicamente, el Ejecutivo intentó dar con algunas de ellas en 1999 mediante la inserción de un simple anuncio en un periódico madrileño. Desde Euskadi, también Gesto por la Paz realizó en su momento distintos trámites para encontrar a ciudadanos lesionados en acciones etarras.
Entre 1999 y 2005, la ACVOT dio con un centenar de ciudadanos, setenta de ellos gracias a las investigaciones desinteresadas del Colegio de Detectives de Cataluña. En la actualidad, la agrupación intenta localizar a otros 102 -en realidad, algunos menos tras la comunicación entablada con esos once damnificados a raíz de la difusión de la campaña en este periódico-, que resultaron afectados en acciones perpetradas hace dos y tres décadas por ETA, los GRAPO o Terra Lliure, entre otros.
En numerosos casos, los damnificados no han sabido que los juicios por aquellos ataques han terminado por celebrarse quince o veinte años más tarde. Otros prefirieron «olvidar». Y un alto porcentaje sigue considerando que sus lesiones obedecen a un «siniestro», como es el caso de varios afectados por el incendio en 1979 del hotel Corona de Aragón en Zaragoza -reconocidos como víctimas del terrorismo en el último lustro- o de los antiguos trabajadores españoles secuestrados o ametrallados en los años 70 en el Sáhara.
Aquellos hechos acaecidos durante el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario fueron calificados como «accidente laboral» y recientemente un fallo judicial ha abierto la vía para que se puedan reclamar como actos de terrorismo. La asociación canaria de víctimas busca a unos cien operarios y doscientos familiares que podrían optar a ayudas por ese motivo. También el Gobierno trata de contactar con varios heridos en la explosión en 1987 de un coche bomba en el Hipercor de Barcelona.
La existencia de un amplio grupo de damnificados 'anónimos' fue detectada por la asociación catalana -entonces dependiente de la AVT- en 1999, a raíz de la aprobación de la Ley de Solidaridad. El colectivo comenzó a revisar sentencias, la mayoría contra ETA, y descubrió que un alto número de personas que aparecían señaladas como perjudicadas por los atentados eran auténticas desconocidas para la Administración.
«Accidente laboral»
A partir de ese momento, la asociación emprendió su búsqueda, con el fin de que pudieran inscribirse en el registro y percibir las ayudas correspondientes. Paradójicamente, el Ejecutivo intentó dar con algunas de ellas en 1999 mediante la inserción de un simple anuncio en un periódico madrileño. Desde Euskadi, también Gesto por la Paz realizó en su momento distintos trámites para encontrar a ciudadanos lesionados en acciones etarras.
Entre 1999 y 2005, la ACVOT dio con un centenar de ciudadanos, setenta de ellos gracias a las investigaciones desinteresadas del Colegio de Detectives de Cataluña. En la actualidad, la agrupación intenta localizar a otros 102 -en realidad, algunos menos tras la comunicación entablada con esos once damnificados a raíz de la difusión de la campaña en este periódico-, que resultaron afectados en acciones perpetradas hace dos y tres décadas por ETA, los GRAPO o Terra Lliure, entre otros.
En numerosos casos, los damnificados no han sabido que los juicios por aquellos ataques han terminado por celebrarse quince o veinte años más tarde. Otros prefirieron «olvidar». Y un alto porcentaje sigue considerando que sus lesiones obedecen a un «siniestro», como es el caso de varios afectados por el incendio en 1979 del hotel Corona de Aragón en Zaragoza -reconocidos como víctimas del terrorismo en el último lustro- o de los antiguos trabajadores españoles secuestrados o ametrallados en los años 70 en el Sáhara.
Aquellos hechos acaecidos durante el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario fueron calificados como «accidente laboral» y recientemente un fallo judicial ha abierto la vía para que se puedan reclamar como actos de terrorismo. La asociación canaria de víctimas busca a unos cien operarios y doscientos familiares que podrían optar a ayudas por ese motivo. También el Gobierno trata de contactar con varios heridos en la explosión en 1987 de un coche bomba en el Hipercor de Barcelona.
