REPORTAJE
PENA INFINITA
PENA INFINITA
Pena infinita
26.08.07 -
MARC DUTROUX, cadena perpetua en Bélgica por asesinar, secuestrar y violar a 9 jóvenes y niñas. / AFP
LAS CIFRAS DEL CRIMEN
Si hay un tipo capaz de hundir a una familia en las más recónditas profundidades del dolor, es un pederasta. Resulta difícil pensar en una pena más honda, un daño más atroz, que el que puede causar uno de estos delincuentes en medio minuto. El niño en la casa es la representación de la inocencia, la felicidad, el amor puro y también del futuro del hogar, las esperanzas, las ilusiones, la vida. En su ingenua fragilidad reside el secreto de su belleza. Esa es la razón por la que una idea, una declaración de intenciones tan contundente como la planteada esta semana por el presidente francés Nicolás Sarkozy para luchar contra la pederastia, se ha convertido en uno de los acontecimientos que mayor calado social ha logrado este verano. Francia, España, Europa y el mundo occidental han reabierto un viejo debate y han salido de caza, a la búsqueda del vampiro.
«No se puede dejar en libertad a depredadores, a gentes que pueden matar y destrozar la vida de niños. Creo que ha llegado el momento de impulsar medidas más duras contra la pederastia, entre las que contemplamos la creación de un hospital especial en Lyon, al que los presos por delitos sexuales deberán acudir obligatoriamente. Ningún paciente lo abandonará hasta que un comité de médicos dictamine que ha sido curado». Un lenguaje firme, contundente y apartado de toda posible tibieza sirvió el lunes al presidente del país vecino para encender la mecha de un debate social abierto en multitud de ocasiones y nunca cerrado. Ahora, en realidad, Sarkozy se ha propuesto que la sociedad se pronuncie definitivamente sobre una cuestión que nadie se atreve a plantear en voz alta. ¿Está la sociedad dispuesta a recortar derechos a los delincuentes para defender y garantizar la seguridad de los ciudadanos? ¿La de los niños?
El anuncio del presidente galo llegó tras reunirse con los familiares de un chico de cinco años secuestrado durante varias horas en Roubaix, al noroeste de Francia. El pequeño pudo ser rescatado por la Policía con vida, pero para entonces el lobo que se lo llevó ya le había robado lo que buscaba. El hombre de los caramelos se llama Francis Evrard. Había sido condenado tres veces por delitos similares en 1975, 1985 y 1989, la última vez a 26 años de prisión, de los que cumplió 18. Sarkozy quiere que él y todos los que le sigan cumplan las penas en su integridad, que no se vean favorecidos por beneficio penitenciario alguno y, la medida más polémica, que se sometan a la llamada castración química, una terapia hormonal que sirve para mantener la libido a raya.
Sólo los presos que admitan el tratamiento obtendrán permisos para salir de la unidad especial de Lyon, que abrirá sus quirófanos en 2009. A partir de ese momento, un brazalete electrónico posibilitará a las autoridades un control directo y constante de cada uno de sus temibles pasos.
En España, la polémica ha llegado a los más diversos ámbitos Nadie se ha quedado sin opinar. Políticos, magistrados, asociaciones de pacientes, víctimas de malos tratos y agresiones... Los profesionales de la salud, salvo algunas excepciones, no lo dudan. Desde el punto de vista sanitario, la idea de castrar a los presos parece tan descabellada como inútil, aunque algunos países, como Estados Unidos y Holanda, ya llevan años poniéndola en práctica.
Perfil del delincuente
«Estamos ante un debate de aúpa porque sabemos muy poco de todo esto», resume el psiquiatra Miguel Gutiérrez, catedrático de la Universidad del País Vasco. «¿Esto se cura? ¿Es realmente una enfermedad? No lo sabemos», explica. «Puede serlo, pero todos los datos que disponemos, todos, nos llevan a un denominador común: a los malos resultados que se obtienen de los tratamientos biológicos, psicológicos y de los combinados, los que incluyen tanto fármacos como terapia de la conducta». El pederasta no es un paciente fácil. El descontrol que tiene sobre sus impulsos sexuales puede ser consecuencia de, quién sabe, un desorden físico, un problema mental o simplemente de su insaciable condición de criminal. Todo cabe y casi nunca es útil la opción terapéutica.
El tratamiento hormonal no sólo registra muy bajos resultados, sino que, además, debe mantenierse de por vida. «¿Qué médico va a firmar el alta de una persona que nadie sabe con certeza si volverá a actuar», se pregunta el psiquiatra vasco. A este razonamiento, Rocío Mielgo, presidenta de la Asociación de Defensa de las Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, añade un temor: la impotencia sentida por un agresor que se ve castrado puede hacer correr más peligro a sus víctimas.
De la triste experiencia acumulada, se sabe que la práctica totalidad de los agresores son hombres de unos 30 a 50 años. Disfrutan de una inteligencia media y una apariencia normal. A menudo están casados y en un 80% de las ocasiones son parientes de su víctima.
La medicina, por tanto, se muestra hoy incapaz de impedir los ataques de los violadores pedófilos. Esta circunstancia ha conducido el debate sobre su control al terreno jurídico. Si no podemos curarlos, los encerramos para siempre. El PP, según adelantó su secretaria de Politica Social, Ana Pastor, quiere que se reforme el Código Penal para que la pederastia aparezca como una «figura diferenciada», que permita penas mayores para los agresores y se impida que reincidan.
Juristas y colectivos sociales se han sumado a esta demanda.«Las sentencias deberían ir acompañadas de una posterior salvaguarda», argumenta el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. «Habrá que hacer algo. Algunos países tienen ya sus propias listas de pederastas», plantea rotundo Arturo Canalda. La idea consiste no sólo en defender a la víctimas, sino en proteger también a todas las que en el futuro puedan serlo.
Proceso complejo
La introducción en el ordenamiento jurídico de todas estas reivindicaciones no será, sin embargo, tarea fácil. Cambiar un texto del Código Penal requiere un trámite parlamentario tan largo que, aunque comenzase en septiembre, irremediablemente tropezaría con las elecciones del próximo año y la llegada de un nuevo Ejecutivo. «No está en la agenda del Gobierno plantear el debate sobre el endurecimiento de las penas para los delincuentes sexuales reincidentes», adelantó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero tras reunirse con el Rey en Palma de Mallorca.
«No se puede dejar en libertad a depredadores, a gentes que pueden matar y destrozar la vida de niños. Creo que ha llegado el momento de impulsar medidas más duras contra la pederastia, entre las que contemplamos la creación de un hospital especial en Lyon, al que los presos por delitos sexuales deberán acudir obligatoriamente. Ningún paciente lo abandonará hasta que un comité de médicos dictamine que ha sido curado». Un lenguaje firme, contundente y apartado de toda posible tibieza sirvió el lunes al presidente del país vecino para encender la mecha de un debate social abierto en multitud de ocasiones y nunca cerrado. Ahora, en realidad, Sarkozy se ha propuesto que la sociedad se pronuncie definitivamente sobre una cuestión que nadie se atreve a plantear en voz alta. ¿Está la sociedad dispuesta a recortar derechos a los delincuentes para defender y garantizar la seguridad de los ciudadanos? ¿La de los niños?
El anuncio del presidente galo llegó tras reunirse con los familiares de un chico de cinco años secuestrado durante varias horas en Roubaix, al noroeste de Francia. El pequeño pudo ser rescatado por la Policía con vida, pero para entonces el lobo que se lo llevó ya le había robado lo que buscaba. El hombre de los caramelos se llama Francis Evrard. Había sido condenado tres veces por delitos similares en 1975, 1985 y 1989, la última vez a 26 años de prisión, de los que cumplió 18. Sarkozy quiere que él y todos los que le sigan cumplan las penas en su integridad, que no se vean favorecidos por beneficio penitenciario alguno y, la medida más polémica, que se sometan a la llamada castración química, una terapia hormonal que sirve para mantener la libido a raya.
Sólo los presos que admitan el tratamiento obtendrán permisos para salir de la unidad especial de Lyon, que abrirá sus quirófanos en 2009. A partir de ese momento, un brazalete electrónico posibilitará a las autoridades un control directo y constante de cada uno de sus temibles pasos.
En España, la polémica ha llegado a los más diversos ámbitos Nadie se ha quedado sin opinar. Políticos, magistrados, asociaciones de pacientes, víctimas de malos tratos y agresiones... Los profesionales de la salud, salvo algunas excepciones, no lo dudan. Desde el punto de vista sanitario, la idea de castrar a los presos parece tan descabellada como inútil, aunque algunos países, como Estados Unidos y Holanda, ya llevan años poniéndola en práctica.
Perfil del delincuente
«Estamos ante un debate de aúpa porque sabemos muy poco de todo esto», resume el psiquiatra Miguel Gutiérrez, catedrático de la Universidad del País Vasco. «¿Esto se cura? ¿Es realmente una enfermedad? No lo sabemos», explica. «Puede serlo, pero todos los datos que disponemos, todos, nos llevan a un denominador común: a los malos resultados que se obtienen de los tratamientos biológicos, psicológicos y de los combinados, los que incluyen tanto fármacos como terapia de la conducta». El pederasta no es un paciente fácil. El descontrol que tiene sobre sus impulsos sexuales puede ser consecuencia de, quién sabe, un desorden físico, un problema mental o simplemente de su insaciable condición de criminal. Todo cabe y casi nunca es útil la opción terapéutica.
El tratamiento hormonal no sólo registra muy bajos resultados, sino que, además, debe mantenierse de por vida. «¿Qué médico va a firmar el alta de una persona que nadie sabe con certeza si volverá a actuar», se pregunta el psiquiatra vasco. A este razonamiento, Rocío Mielgo, presidenta de la Asociación de Defensa de las Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, añade un temor: la impotencia sentida por un agresor que se ve castrado puede hacer correr más peligro a sus víctimas.
De la triste experiencia acumulada, se sabe que la práctica totalidad de los agresores son hombres de unos 30 a 50 años. Disfrutan de una inteligencia media y una apariencia normal. A menudo están casados y en un 80% de las ocasiones son parientes de su víctima.
La medicina, por tanto, se muestra hoy incapaz de impedir los ataques de los violadores pedófilos. Esta circunstancia ha conducido el debate sobre su control al terreno jurídico. Si no podemos curarlos, los encerramos para siempre. El PP, según adelantó su secretaria de Politica Social, Ana Pastor, quiere que se reforme el Código Penal para que la pederastia aparezca como una «figura diferenciada», que permita penas mayores para los agresores y se impida que reincidan.
Juristas y colectivos sociales se han sumado a esta demanda.«Las sentencias deberían ir acompañadas de una posterior salvaguarda», argumenta el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. «Habrá que hacer algo. Algunos países tienen ya sus propias listas de pederastas», plantea rotundo Arturo Canalda. La idea consiste no sólo en defender a la víctimas, sino en proteger también a todas las que en el futuro puedan serlo.
Proceso complejo
La introducción en el ordenamiento jurídico de todas estas reivindicaciones no será, sin embargo, tarea fácil. Cambiar un texto del Código Penal requiere un trámite parlamentario tan largo que, aunque comenzase en septiembre, irremediablemente tropezaría con las elecciones del próximo año y la llegada de un nuevo Ejecutivo. «No está en la agenda del Gobierno plantear el debate sobre el endurecimiento de las penas para los delincuentes sexuales reincidentes», adelantó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero tras reunirse con el Rey en Palma de Mallorca.
