En un auto de apenas cinco folios, Grande-Marlaska rechaza los recursos de las familias contra su resolución del pasado 1 de junio, cuando declaró el sobreseimiento del sumario. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría dar en fechas próximas el carpetazo definitivo a esa parte de la investigación, abierta a raíz de las denuncias de las familias contra la anterior cúpula de Defensa, a la que acusan de desoír quejas sobre el mal estado de los aviones alquilados a países de la antigua URSS para transportar tropas.
El juez considera que esas quejas no son un «elemento esencial» en la investigación, y reitera que Defensa contrató el vuelo del 'Yak-42' a través de la agencia de la OTAN Namsa, organismo que cree «suficientemente habilitado». Ese sistema, utilizado por «otros estados», señala Grande-Marlaska, «podrá ser discutido, pero nunca valorado de arbitrario». Por ello, declara «ajenas» a la actuación del Estado todas las responsabilidades que puedan derivarse del siniestro.
Estado del avión
Para el magistrado, las «causas concretas» de que el avión se estrellara contra un monte tras dos intentos fallidos de aterrizar en el aeródromo turco de Trabzon «no se circunscribían de forma principal, ni siguiera coadyuvante, al estado o mantenimiento de la aeronave». El juez atribuye lo ocurrido a «circunstancias de preparación del personal en relación a aterrizar en aeropuertos de la orografía del de Trabzon, falta de sinergia entre la tripulación ante eventos de riesgo y cansancio de la misma», además de «las propias circunstancias del lugar y tiempo que convergieron en el fatal desenlace».
A pesar del archivo de esta parte del caso, el juez mantiene abierta en una causa separada la instrucción relativa a las irregularidades cometidas en la identificación de los cadáveres, que estuvo plagado de errores y desembocó en un doloroso proceso de exhumaciones, nuevas filiaciones e intercambio de restos entre las familias.
En 2006, un juzgado de Zaragoza obligó a las empresas responsables del flete -UM-Air, Chapman-Freeborn y Busin Joint-Stock- a indemnizar a las familias con diez millones de euros tras un juicio de responsabilidad civil. El próximo 4 de septiembre se celebrará en la capital aragonesa la vista oral sobre los recursos presentados contra esa decisión por las familias, que reclaman más dinero.








