
Por ejemplo, los agentes llevarán material antidisturbios en el avión para reducir a los repatriados y podrán atarles las muñecas, enfundarles una prenda inmovilizadora y ponerles un casco en la cabeza. Los médicos de la Policía podrán administrar sedantes a los 'sin papeles' durante el vuelo y se abre la vía para que vigilantes privados participen en los traslados aéreos. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba informó ayer de que, a lo largo de este año, han sido repatriadas más de 13.000 personas.
El borrador del protocolo, con fecha del pasado 20 de julio, unifica las hasta ahora dispersas normas de actuación durante los viajes de deportación y añade las últimas normativas europeas. Según el texto, los funcionarios podrán reducir a los inmigrantes que ofrezcan resistencia utilizando para ello «lazos de seguridad -bridas de plástico-, cascos, prendas inmovilizadoras homologadas -que no se especifican-, cinturones, esposas o similares» e, incluso, una cinta reforzada, más conocida como 'cinta americana'.
Interior aclara que, los inmigrantes que no provoquen incidentes no deberán ser inmovilizados totalmente. En caso contrario, el jefe del dispositivo se encargará de autorizar y motivar la aplicación de medidas coercitivas, que deberán ser proporcionadas y respetuosas con los derechos individuales. Igualmente, cuando el contingente de inmigrantes incluya a menores, las acciones violentas contra los adultos deberán realizarse fuera de su vista.
Desorientados
El protocolo establece que los cinturones de seguridad se mantendrán atados durante todo el vuelo y sólo se cortarán las bridas de plástico si el jefe policial lo cree conveniente. Cuando un repatriado quiera ir al baño, deberá acompañarle un funcionario. Las cortinillas del avión también podrán correrse durante todo el vuelo para mantener desorientados a los inmigrantes. Los agentes nunca portarán armas de fuego en el avión, ni ninguna otra herramienta peligrosa, «salvo el material profesional de los módulos de intervención y seguridad» (antidisturbios).
Teóricamente, el protocolo también prohíbe que los policías droguen a los inmigrantes durante las operaciones de expulsión -como ocurrió en 1996, en tiempos del ministro Jaime Mayor Oreja, cuando Interior repatrió a Malí a inmigrantes narcotizados-. No obstante, Interior deja un resquicio legal para utilizar drogas con el fin de apaciguar a los expulsados.
«El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa», puntualiza el borrador. Un médico del Cuerpo Nacional de Policía, que acompañará siempre a las expediciones, podrá administrar medicamentos a los repatriados, «después de realizar un diagnóstico».
Antes del despegue, los equipos de expulsión tendrán en su poder los historiales de los inmigrantes «que presenten particularidades médicas o que necesiten recibir tratamiento». A la vista de estos informes, el jefe de grupo podrá negarse a embarcar a un inmigrante con un cuadro médico complicado.
Habrá un número mínimo de agentes de escolta: un funcionario por inmigrante repatriado. Pero la normativa da luz verde al empleo de vigilantes privados en los traslados aéreos. «Actuarán en calidad de apoyo y subordinados a las instrucciones que impartan o puedan dirigirles» los funcionarios policiales. Los agentes de las Unidades de Intervención de Policía (antidisturbios) realizarán un máximo de 900 horas anuales en los servicios aéreos.
El ministro Rubalcaba reconoció ayer, en declaraciones a una emisora radiofónica, cierta sobrecarga en las operaciones de repatriación, pues «a veces se hacen tres o cuatro vuelos, cuando lo ideal sería hacer uno cada día». Aun así, aseguró que la seguridad en estos dispositivos aéreos es «óptima».








