En rueda de prensa en Bilbao, la central sindical ha denunciado que este es sólo "la punta del iceberg de cientos de casos igual de flagrantes" y ha dicho no descartar acciones judiciales por daños y perjuicios por el suceso, que está pendiente de ser visto para sentencia por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
Enrique Fernández, de 58 años, trabajaba como oficial de segunda en montaje de motores eléctricos de gran tamaño en la empresa Alconza Berango S.L. El operario fue dado de baja en junio de 2005 por un proceso cardíaco, pero en septiembre de 2006 tuvo que reincorporarse tras haber agotado el período de baja por incapacidad temporal.
No obstante, se iniciaron los trámites para lograr su incapacidad permanente ya que el servicio médico de la empresa reconocía patologías que le inhabilitaban para ejercer su actividad profesional por las "posturas forzadas" y el "esfuerzo físico intenso" que requerían. Pese a ello, la petición de incapacidad fue rechazada, decisión que se recurrió ante el juzgado de lo Social número 5 de Vizcaya, que el pasado 22 de mayo de 2007 denegó también la incapacidad. El caso fue recurrido después ante el TSJPV, que aún debe pronunciarse al respecto.
Desde el sindicato LAB creen que la empresa "debía haber puesto más de su parte" al asignarle otro puesto de trabajo pero responsabilizan a la Seguridad Social y los Juzgados de "desoír y no hacer caso de los informes del médico de empresa, que era quien mejor sabía el esfuerzo que diariamente debía realizar el trabajador y su inaptitud para el mismo".








