
La capacidad de reacción de las autoridades de Lima se ha visto desbordada. Las labores de rescate de las víctimas y la evacuación de heridos consumen todas las fuerzas del Gobierno y la ayuda que aterriza desde el extranjero es distribuida de forma deficiente.
Dos días sin comer
La población está impaciente y algunos grupos de enardecidos afectados han empezado a saquear comercios y farmacias ante la falta de alimentos, agua y medicinas. Igual suerte corren los convoyes de asistencia que llegan desde Lima y sus conductores se ven obligados a hacer uso de armas de fuego para contener a la gente que les aborda en varios puntos de la carretera La Panamericana. Utilizan grandes piedras y neumáticos incendiados para obligar a parar a los grandes vehículos.
Los damnificados aseguran que llevan dos días sin comer, también los niños y ancianos. El agua potable es inexistente y la sed hace que muchos comiencen a beber de pozos de conocida insalubridad. Duermen a la intemperie y todos precisan de asistencia médica.
En el hospital de Pisco el panorama es dramático. Al menos treinta cadáveres yacen en los patios a la espera de que puedan ser enterrados. Los familiares de las víctimas no tienen dinero para comprar los ataúdes. Es el caso, por ejemplo, de Raúl Santaria, un mototaxista de 25 años que vela el cuerpo sin vida de su madre, Francisca Ozco, de 55 años, a la espera de que lleguen los trescientos féretros prometidos por el presidente, Alan García. Los médicos del centro temen que un retraso podría desembocar en una catástrofe sanitaria porque los restos de las víctimas comienzan ya a descomponerse.






