caos ferroviario en barcelona
La ministra de Fomento afirma en el Congreso que sólo se irá «cuando lo decida Zapatero»
Magdalena Álvarez recuerda a los barceloneses que notarán la mejora de los trenes a medio plazo Afirma que el actual Ejecutivo halló los servicios en «estado de abandono»
«Cuando Zapatero quiera me cesará, y yo lo asumiré», dijo la titular de Fomento. / EFE
La ministra Magdalena Álvarez no va a dimitir por el caos ferroviario y de infraestructuras que padece Cataluña y, en particular, la ciudad de Barcelona. «Me iré en el momento exacto en que lo decida el presidente del Gobierno. Cuando él quiera me cesará, y yo lo asumiré», aseguró ayer la titular de Fomento durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Álvarez explicó que los parones que se suceden en el servicio de Cercanías de Renfe en la capital catalana son inevitables en buena parte y advirtió de que van a continuar hasta que concluyan las obras del AVE en diciembre próximo. Esta insistencia fue interpretada por los grupos del PP, CiU e IU-ICV como la reacción propia de una ministra «arrogante» y «prepotente» que debería dimitir por «ineficaz».
En realidad, Álvarez no hizo otra cosa que reiterar el llamamiento a la paciencia que formuló a los barceloneses durante la semana pasada, cuando tuvo que presentarse de forma apresurada en la estación de Sants después de que el servicio ferroviario de Cercanías quedara interrumpido otra vez y dejara tiradas a miles de personas.
Las declaraciones de la ministra provocaron tal catarata de críticas que el Ejecutivo socialista hubo de improvisar una comparecencia parlamentaria en pleno mes de agosto. Aunque, oficialmente, el PSOE aseguró que Álvarez había solicitado intervenir en la Cámara, la realidad es que su intervención fue diseñada para contrarrestar las presiones políticas de la oposición y el malestar ciudadano en Cataluña por el caos ferroviario y el gran apagón del suministro eléctrico.
A la hora de la verdad, la sesión se redujo a un cruce de acusaciones con la oposición y a un baile de cifras sobre las inversiones del Estado en Cataluña. En este sentido, Magdalena Álvarez, a la sazón máxima responsable de Renfe y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), contraatacó recordando el «estado de abandono» en que, a su modo de ver, el Gobierno de Zapatero encontró el servicio ferroviario de Cataluña cuando llegó al poder en 2004. Desde entonces, reiteró la ministra, su departamento ha invertido en esa comunidad como no lo ha hecho ningún otro Ejecutivo.
La titular de Fomento aprovechó su presencia en el Congreso para recordar insistir a los barceloneses en que sólo pueden esperar resultados a medio plazo, pues el proyecto del AVE -de cuyo trazado responsabilizó a PP y CiU- hace inevitables los problemas en las redes de Cercanías.
«No se puede retirar»
Magdalena Álvarez atribuyó al proyecto de la alta velocidad la actual saturación de la estación de Sants, ya que el número de vías se ha reducido de trece a ocho de forma provisional, pero continúan circulando unos 800 convoyes diarios. La consecuencia es que «si un tren se queda parado, no se puede retirar», resumió la ministra.
En su opinión, esa alternativa era preferible a suspender totalmente el servicio en Sants durante las obras del AVE. Admitió que la responsabilidad de evitar las incidencias recae sobre ella, pero precisó que muchas interrupciones acaecidas en los últimos tres meses se debieron a causas «ajenas al sistema ferroviario».
Entre ellas, citó las tormentas, los apagones, el robo de material ferroviario, el arrollamiento de varias personas, la ocupación de las vías por grupos de vecinos, los incendios, los obstáculos en la vía o el descarrilamiento de un tren sin pasajeros por exceso de velocidad. En cambio, reconoció como problemas de su incumbencia los «habituales» en los trenes recién comprados, así como la rotura de los frenos de una unidad, percances por los que ya se han pedido responsabilidades a los fabricantes.
Durante más de cinco horas, Magdalena Álvarez trajo de cabeza a los asesores que la acompañaban, de los que solicitó cifras y más cifras para intentar rebatir los argumentos de la oposición. Bajo la atenta mirada del secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, la ministra insistió en que su departamento invierte en Cataluña mucho más del 18,8% del total en España.
La cifra tenía un significado especial, pues es el porcentaje de inversión estatal que garantiza el nuevo Estatuto de Cataluña y que se corresponde con la participación de la comunidad autónoma en el Producto Interior Bruto (PIB) de España.
Álvarez explicó que los parones que se suceden en el servicio de Cercanías de Renfe en la capital catalana son inevitables en buena parte y advirtió de que van a continuar hasta que concluyan las obras del AVE en diciembre próximo. Esta insistencia fue interpretada por los grupos del PP, CiU e IU-ICV como la reacción propia de una ministra «arrogante» y «prepotente» que debería dimitir por «ineficaz».
En realidad, Álvarez no hizo otra cosa que reiterar el llamamiento a la paciencia que formuló a los barceloneses durante la semana pasada, cuando tuvo que presentarse de forma apresurada en la estación de Sants después de que el servicio ferroviario de Cercanías quedara interrumpido otra vez y dejara tiradas a miles de personas.
Las declaraciones de la ministra provocaron tal catarata de críticas que el Ejecutivo socialista hubo de improvisar una comparecencia parlamentaria en pleno mes de agosto. Aunque, oficialmente, el PSOE aseguró que Álvarez había solicitado intervenir en la Cámara, la realidad es que su intervención fue diseñada para contrarrestar las presiones políticas de la oposición y el malestar ciudadano en Cataluña por el caos ferroviario y el gran apagón del suministro eléctrico.
A la hora de la verdad, la sesión se redujo a un cruce de acusaciones con la oposición y a un baile de cifras sobre las inversiones del Estado en Cataluña. En este sentido, Magdalena Álvarez, a la sazón máxima responsable de Renfe y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), contraatacó recordando el «estado de abandono» en que, a su modo de ver, el Gobierno de Zapatero encontró el servicio ferroviario de Cataluña cuando llegó al poder en 2004. Desde entonces, reiteró la ministra, su departamento ha invertido en esa comunidad como no lo ha hecho ningún otro Ejecutivo.
La titular de Fomento aprovechó su presencia en el Congreso para recordar insistir a los barceloneses en que sólo pueden esperar resultados a medio plazo, pues el proyecto del AVE -de cuyo trazado responsabilizó a PP y CiU- hace inevitables los problemas en las redes de Cercanías.
«No se puede retirar»
Magdalena Álvarez atribuyó al proyecto de la alta velocidad la actual saturación de la estación de Sants, ya que el número de vías se ha reducido de trece a ocho de forma provisional, pero continúan circulando unos 800 convoyes diarios. La consecuencia es que «si un tren se queda parado, no se puede retirar», resumió la ministra.
En su opinión, esa alternativa era preferible a suspender totalmente el servicio en Sants durante las obras del AVE. Admitió que la responsabilidad de evitar las incidencias recae sobre ella, pero precisó que muchas interrupciones acaecidas en los últimos tres meses se debieron a causas «ajenas al sistema ferroviario».
Entre ellas, citó las tormentas, los apagones, el robo de material ferroviario, el arrollamiento de varias personas, la ocupación de las vías por grupos de vecinos, los incendios, los obstáculos en la vía o el descarrilamiento de un tren sin pasajeros por exceso de velocidad. En cambio, reconoció como problemas de su incumbencia los «habituales» en los trenes recién comprados, así como la rotura de los frenos de una unidad, percances por los que ya se han pedido responsabilidades a los fabricantes.
Durante más de cinco horas, Magdalena Álvarez trajo de cabeza a los asesores que la acompañaban, de los que solicitó cifras y más cifras para intentar rebatir los argumentos de la oposición. Bajo la atenta mirada del secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, la ministra insistió en que su departamento invierte en Cataluña mucho más del 18,8% del total en España.
La cifra tenía un significado especial, pues es el porcentaje de inversión estatal que garantiza el nuevo Estatuto de Cataluña y que se corresponde con la participación de la comunidad autónoma en el Producto Interior Bruto (PIB) de España.
