La sesión comenzó puntual, a las ocho de la mañana, en medio de fuertes medidas de seguridad. La Policía Municipal sólo permitió el acceso al Ayuntamiento a treinta personas. A los diez minutos de iniciarse el pleno, cinco jóvenes entraron en la sala y comenzaron a increpar a los presentes. Los intentos del presidente de la comisión, Félix Aranbarri, para proseguir con la reunión recibieron como respuesta «sois unos ladrones», «no os queremos en Ondarroa» y «fascistas» por parte de los simpatizantes de ANV.
Ante el cariz que tomaba la situación, Aranbarri optó por interrumpir la sesión para continuar en otro despacho con el orden del día, que incluía el nombramiento de los responsables de las comisiones y los representantes municipales en los órganos colegiados. Los radicales abandonaron el Consistorio para concentrarse en el exterior, desde donde abuchearon la salida de los miembros de la gestora, que escoltados por la Ertzaintza accedieron a sus vehículos por un lateral del edificio.
Queja del PP
El cabeza de lista por ANV al Ayuntamiento ondarrés, Unai Urruzuno, denunció la actitud del PNV de tratar de gobernar «como si no pasara nada» y de utilizar a la Policía Municipal para «impedir a los ciudadanos acceder a los plenos». Ariztondo, por su parte, afirmó que la gestora responderá a las agresiones «con trabajo porque es lo que espera la inmensa mayoría de los ondarreses».
El representante del PP, así como el de Ezker Batua-Berdeak, no acudieron a la sesión. El popular Germán López denunció que no fue convocado «en tiempo y forma» y aunque aseguró que el presidente de la gestora trató de disculparse, «no es suficiente. Espero que sea la última vez».
López condenó los incidentes y aseguró que el PP no está dispuesto a que «la comisión esté siempre sometida a este tipo de presiones». Aseguró que Aranbarri le dejó entrever que en las comisiones informativas «habrá participación de todos los grupos» cuando, a su juicio, sólo tendrían que estar «el PNV, EB, PP y punto».
EB acusó a ANV de querer convertir a Ondarroa en «un territorio comanche o una ciudad sin ley» y subrayó que a pesar de estar en contra de la Ley de Partidos, «no vamos a permitir que impida el desarrollo de ese municipio y su gestión». La gestora de Ondarroa se reunirá cada dos meses.






