ECONOMÍA
La oposición censura que PNV y EA sigan sin pactar el Impuesto de Sociedades de Guipúzcoa
Los socialistas se declaran dispuestos a alcanzar un pacto y el PP critica la «parálisis» fiscal de la Diputación
Josu Jon Imaz, presidente del PNV, junto a los tres diputados generales. / TELEPRESS
LAS FRASES
Los partidos de la oposición en Guipúzcoa arremetieron ayer contra el PNV y EA, socios en la Diputación, por haber sido incapaces aún de alcanzar un acuerdo sobre el Impuesto de Sociedades. Este hecho «inaudito» se traduce en que las empresas del territorio todavía desconocen cuánto tributarán este año por sus beneficios y a qué deducciones podrán acogerse por sus inversiones, compra-ventas u otras medidas. Aunque con diversos matices, tanto los socialistas como el PP y Ezker Batua emplazaron a las dos formaciones nacionalistas a acercar posturas y construir una mayoría suficiente para aprobar una nueva regulación en las Juntas Generales.
Eusko Alkartasuna, que dirige la Hacienda foral tras las elecciones de mayo, ha expresado su propósito de presentar un proyecto en septiembre, aunque su frontal resistencia a aceptar la rebaja aprobada ya en Vizcaya y Álava -donde el tipo general ha pasado del 32,6% al 28%- le ha impedido cerrar un pacto con su socio.
Un tipo «único»
El PNV reiteró ayer que juzga «absolutamente prioritario» lograr un consenso sobre esa normativa en Guipúzcoa para superar la «incertidumbre jurídica y económica» que suscita la actual situación. A su juicio, ese compromiso debe basarse en un «tipo único» -el 28% vigente en los otros dos territorios-, lo que obligaría a EA a dar marcha atrás en su frontal negativa a una reducción tan notable en la fiscalidad de las empresas. «Ya veremos cómo lo hacemos», señalaron fuentes peneuvistas. En ese mismo sentido se ha expresado el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano. «No contemplamos un tipo diferente al resto» de Euskadi, ha manifestado; entre otras razones, porque «no sería bueno para nuestro tejido empresarial».
El problema al que se enfrenta el PNV es que, sin sus aliados de Eusko Alkartasuna o del PSE, no dispone de apoyos suficientes en el Parlamento provincial para sacar adelante una regulación homologable a la de Vizcaya y Álava. Sus escaños (16), unidos a los del PP (6), con el que acordó la reforma, son insuficientes en una Cámara con 51 apoderados.
Los socialistas consideran «extremadamente urgente» que Guipúzcoa tenga un Impuesto de Sociedades consensuado. Su secretario general en este territorio, Miguel Buen, expresó ayer a la Diputación su disposición a alcanzar un acuerdo «para avanzar en una fiscalidad más justa y equitativa», y lamentó que el diputado general no haya contactado con él para tratar este asunto. El PSE plantea que los beneficios empresariales sean gravados con un porcentaje cercano al 32,5% que impera en el resto de España y ha hecho guiños de que podría aceptar un 30%, lo que impediría la homogeneidad en todo el País Vasco que propugna el PNV y a la que obliga la Ley de Territorios Históricos.
Ese 30% es el que aún defiende EA, con un reforzamiento de las deducciones por las inversiones innovación (I+D+i) o medio ambiente, según ha explicado el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González. El dirigente de Eusko Alkartasuna ha asegurado que buscará un acuerdo con un tipo general «que esté lo más cerca posible del 28%», aunque sigue sin aceptar ese porcentaje.
Seguridad jurídica
La portavoz del PP en las Juntas de Guipúzcoa, Regina Otaola, calificó de «inaudito» que los dos socios en la Diputación hayan sido incapaces de alcanzar un pacto al respecto -el Impuesto de Sociedades fue aprobado a mediados de marzo en Vizcaya y Álava- y lamentó la «parálisis» del Gobierno foral en ese terreno. La dirigente del Partido Popular consideró «contraproducente y sin demasiado sentido» la postura de EA. «Están en juego la seguridad jurídica de las empresas y su propia capacidad para competir en un entorno en el que la rigidez de ciertos factores decanta las inversiones en un territorio u otro», alertó.
Ezker Batua apostó por una nueva regulación «solidaria que no beneficie únicamente al empresariado». Por ello, emplazó al PNV y Eusko Alkartasuna a un consenso basado en un aumento -en lugar de un recorte- del tipo general a fin de evitar que «haya menos recursos para llevar adelante políticas sociales». Aralar reclamó un nuevo impuesto que garantice la reinversión de los beneficios empresariales en Guipúzcoa.
Eusko Alkartasuna, que dirige la Hacienda foral tras las elecciones de mayo, ha expresado su propósito de presentar un proyecto en septiembre, aunque su frontal resistencia a aceptar la rebaja aprobada ya en Vizcaya y Álava -donde el tipo general ha pasado del 32,6% al 28%- le ha impedido cerrar un pacto con su socio.
Un tipo «único»
El PNV reiteró ayer que juzga «absolutamente prioritario» lograr un consenso sobre esa normativa en Guipúzcoa para superar la «incertidumbre jurídica y económica» que suscita la actual situación. A su juicio, ese compromiso debe basarse en un «tipo único» -el 28% vigente en los otros dos territorios-, lo que obligaría a EA a dar marcha atrás en su frontal negativa a una reducción tan notable en la fiscalidad de las empresas. «Ya veremos cómo lo hacemos», señalaron fuentes peneuvistas. En ese mismo sentido se ha expresado el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano. «No contemplamos un tipo diferente al resto» de Euskadi, ha manifestado; entre otras razones, porque «no sería bueno para nuestro tejido empresarial».
El problema al que se enfrenta el PNV es que, sin sus aliados de Eusko Alkartasuna o del PSE, no dispone de apoyos suficientes en el Parlamento provincial para sacar adelante una regulación homologable a la de Vizcaya y Álava. Sus escaños (16), unidos a los del PP (6), con el que acordó la reforma, son insuficientes en una Cámara con 51 apoderados.
Los socialistas consideran «extremadamente urgente» que Guipúzcoa tenga un Impuesto de Sociedades consensuado. Su secretario general en este territorio, Miguel Buen, expresó ayer a la Diputación su disposición a alcanzar un acuerdo «para avanzar en una fiscalidad más justa y equitativa», y lamentó que el diputado general no haya contactado con él para tratar este asunto. El PSE plantea que los beneficios empresariales sean gravados con un porcentaje cercano al 32,5% que impera en el resto de España y ha hecho guiños de que podría aceptar un 30%, lo que impediría la homogeneidad en todo el País Vasco que propugna el PNV y a la que obliga la Ley de Territorios Históricos.
Ese 30% es el que aún defiende EA, con un reforzamiento de las deducciones por las inversiones innovación (I+D+i) o medio ambiente, según ha explicado el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González. El dirigente de Eusko Alkartasuna ha asegurado que buscará un acuerdo con un tipo general «que esté lo más cerca posible del 28%», aunque sigue sin aceptar ese porcentaje.
Seguridad jurídica
La portavoz del PP en las Juntas de Guipúzcoa, Regina Otaola, calificó de «inaudito» que los dos socios en la Diputación hayan sido incapaces de alcanzar un pacto al respecto -el Impuesto de Sociedades fue aprobado a mediados de marzo en Vizcaya y Álava- y lamentó la «parálisis» del Gobierno foral en ese terreno. La dirigente del Partido Popular consideró «contraproducente y sin demasiado sentido» la postura de EA. «Están en juego la seguridad jurídica de las empresas y su propia capacidad para competir en un entorno en el que la rigidez de ciertos factores decanta las inversiones en un territorio u otro», alertó.
Ezker Batua apostó por una nueva regulación «solidaria que no beneficie únicamente al empresariado». Por ello, emplazó al PNV y Eusko Alkartasuna a un consenso basado en un aumento -en lugar de un recorte- del tipo general a fin de evitar que «haya menos recursos para llevar adelante políticas sociales». Aralar reclamó un nuevo impuesto que garantice la reinversión de los beneficios empresariales en Guipúzcoa.
