
López Resina, nacida en Sierro (Almería) en 1951 y miembro activo del 'comando Barcelona' hasta 1994, fue entregada por Francia el pasado 10 de julio para ser juzgada por estos dos secuestros y otros muchos delitos, entre ellos varios asesinatos. Este comando, durante el período en que colaboró 'Lola', asesinó al coronel del Ejército de Tierra Leopoldo García Campos y protagonizó el lanzamiento de granadas contra el Gobierno militar de Barcelona, en el que murió una persona y once resultaron heridas. La primera medida que adoptó la Audiencia Nacional fue ordenar el estudio de su ADN y el cruce con el banco de restos biológicos del laboratorio de la Policía Nacional, lo que ha arrojado resultados inmediatos.
Los investigadores consideran que la prueba científica permitirá sostener en los próximos meses ante los tribunales de la Audiencia Nacional que formó parte del comando etarra que encerró durante once meses a Aldaya y durante ocho a Delclaux en un zulo oculto bajo maquinaria en una nave de un polígono industrial de Irún. El talde lo acondicionó en 1994 con los 108.000 euros que les proporcionó a tal efecto el ex jefe militar de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', con objeto de realizar una larga serie de secuestros.
El Ministerio del Interior considera que con la aprobación de la reforma legal sobre el uso del ADN como instrumento contra el crimen que tramita el Parlamento se logrará a medio plazo esclarecer los más de 5.000 delitos violentos que en este momento están sin resolver. La reforma permitirá crear y regular una base policial única con todos los perfiles genéticos en poder de las distintas policías -tanto de víctimas como de sospechosos- y, además, incluir en el buscador los datos biológicos de todos los sospechosos, detenidos e imputados sin que sea necesario su consentimiento como hasta ahora.
Tres etarras a prisión
Por otra parte, el juez Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión de los tres etarras a los que se considera autores de la colocación de tres bombas en playas y carreteras de Valencia durante la campaña contra las zonas turísticas de 1995. Los terroristas se negaron a declarar ante el magistrado y no reconocieron los hechos de los que se les acusa.
Ignacio Tellechea, Francisco Javier Irastorza y Marcos Sagarzazu, entregados por las autoridades francesas el viernes pasado, están acusados de tres delitos de estragos terroristas, uno de depósito de explosivos y otro de pertenencia a banda armada. El juez les ha procesado por la colocación, entre julio y agosto de 1995, de un artefacto explosivo en la autovía del Mediterráneo, a la altura de Sagunto, de otra bomba en una playa del mismo municipio, y de un tercer artefacto en la autovía entre Valencia y Zaragoza.






