MUNDO
El Senado de EE UU permite al Gobierno el espionaje telefónico sin orden judicial
La Casa Blanca logra dar un nuevo impulso a la lucha antiterrorista al aprobarse la propuesta republicana por sesenta votos contra veintiocho
George W. Bush ha logrado un nuevo triunfo en su lucha implacable contra el terrorismo. La propuesta de un senador del Partido Republicano para impulsar el espionaje telefónico sin necesidad de solicitar autorización judicial previa salió adelante en la Cámara alta sin demasiado problemas.
En total, fueron sesenta los legisladores que apoyaron la iniciativa del compañero de partido de Bush, Mitch McConnell, mientras que tan sólo veintiocho se posicionaron en contra
El nuevo proyecto de ley da el visto bueno a la revisión y control de las llamadas telefónicas, correos electrónicos, casas, oficinas y registros personales de los ciudadnos estadounidenses sin necesidad de acudir previamente a un juez, algo que se ve habitualmente en las películas norteamericanas. Sin embargo, en esta ocasión es algo real.
Además de salir adelante, la propuesta republicana acabó con los intentos demócratas de llevar a buen puerto una propia en la Cámara de Representantes, ya que a pesar de contar con mayoría de diputados no logró alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación definitiva.
La iniciativa del partido progresista otorgaba a la Administración Bush facultades para continuar por cuatro meses más un programa para escuchar las comunicaciones telefónicas de extranjeros sospechosos de terrorismo sin orden judicial.
Este proyecto había sido criticado por la Casa Blanca debido a que el tiempo concedido no era el suficiente para tener éxito en la lucha contra el terrorismo emprendida tras producirse los graves atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington, que causaron miles de muertos.
Seguridad nacional
«Esta legislación es importante porque fortalece nuestra seguridad nacional y al mismo tiempo es consecuente con los dictados de la Constitución», afirmó el demócrata Steney Hoyer al pedir el voto favorable de los legisladores. Sin embargo, el director de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, emitió una declaración en la que aseguraba que esa propuesta no le permitirá cumplir con su responsabilidad de «advertir y proteger a la nación».
En realidad, lo que en los últimos días McConnell y los legisladores han negociado ha sido un acuerdo sobre la modernización de una normativa que data de 1978 y es conocida como Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA). Según McConnell, la legislación que apoya la Casa Blanca representa solamente un ajuste de las normas a los nuevos tiempos y las tecnologías modernas.
Demasiados poderes
Sin embargo, la mayoría demócrata en el Congreso ha expresado renuencia a aprobar una reforma de la FISA de manera apresurada, ante el riesgo de conceder al Gobierno demasiados poderes de supervisión y de perjudicar las libertades civiles de los ciudadanos.
La ley de 1978 establece que un tribunal se reúna en secreto para analizar las peticiones de los servicios secretos para escuchar las comunicaciones o registrar las viviendas de los sospechosos en territorio perteneciente a Estados Unidos. Pero, según se supo en diciembre de 2005, tras los atentados del 11-S, Bush autorizó la aplicación de un programa de escuchas sin necesidad de autorización judicial.
Hace siete días, durante su acostumbrado discurso radiofónico, el inquilino de la Casa Blanca manifestó que los terroristas pueden usar teléfonos móviles e Internet para comunicarse entre sí, reclutar militantes o planear atentados gracias a tecnologías que no existían cuando la ley FISA se concibió hace treinta años.
En total, fueron sesenta los legisladores que apoyaron la iniciativa del compañero de partido de Bush, Mitch McConnell, mientras que tan sólo veintiocho se posicionaron en contra
El nuevo proyecto de ley da el visto bueno a la revisión y control de las llamadas telefónicas, correos electrónicos, casas, oficinas y registros personales de los ciudadnos estadounidenses sin necesidad de acudir previamente a un juez, algo que se ve habitualmente en las películas norteamericanas. Sin embargo, en esta ocasión es algo real.
Además de salir adelante, la propuesta republicana acabó con los intentos demócratas de llevar a buen puerto una propia en la Cámara de Representantes, ya que a pesar de contar con mayoría de diputados no logró alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación definitiva.
La iniciativa del partido progresista otorgaba a la Administración Bush facultades para continuar por cuatro meses más un programa para escuchar las comunicaciones telefónicas de extranjeros sospechosos de terrorismo sin orden judicial.
Este proyecto había sido criticado por la Casa Blanca debido a que el tiempo concedido no era el suficiente para tener éxito en la lucha contra el terrorismo emprendida tras producirse los graves atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington, que causaron miles de muertos.
Seguridad nacional
«Esta legislación es importante porque fortalece nuestra seguridad nacional y al mismo tiempo es consecuente con los dictados de la Constitución», afirmó el demócrata Steney Hoyer al pedir el voto favorable de los legisladores. Sin embargo, el director de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, emitió una declaración en la que aseguraba que esa propuesta no le permitirá cumplir con su responsabilidad de «advertir y proteger a la nación».
En realidad, lo que en los últimos días McConnell y los legisladores han negociado ha sido un acuerdo sobre la modernización de una normativa que data de 1978 y es conocida como Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA). Según McConnell, la legislación que apoya la Casa Blanca representa solamente un ajuste de las normas a los nuevos tiempos y las tecnologías modernas.
Demasiados poderes
Sin embargo, la mayoría demócrata en el Congreso ha expresado renuencia a aprobar una reforma de la FISA de manera apresurada, ante el riesgo de conceder al Gobierno demasiados poderes de supervisión y de perjudicar las libertades civiles de los ciudadanos.
La ley de 1978 establece que un tribunal se reúna en secreto para analizar las peticiones de los servicios secretos para escuchar las comunicaciones o registrar las viviendas de los sospechosos en territorio perteneciente a Estados Unidos. Pero, según se supo en diciembre de 2005, tras los atentados del 11-S, Bush autorizó la aplicación de un programa de escuchas sin necesidad de autorización judicial.
Hace siete días, durante su acostumbrado discurso radiofónico, el inquilino de la Casa Blanca manifestó que los terroristas pueden usar teléfonos móviles e Internet para comunicarse entre sí, reclutar militantes o planear atentados gracias a tecnologías que no existían cuando la ley FISA se concibió hace treinta años.
