El Correo Digital

La Junta Arbitral, que deberá resolver determinados conflictos entre las haciendas central y vascas, ha tardado 26 años en ponerse en marcha. El buen entendimiento entre Madrid y Vitoria tras la firma del acuerdo sobre el Cupo ha permitido crear por fin este organismo, que ya se contemplaba en el Concierto Económico de 1981. Su presidente, Carlos Palao, asegura que la labor que compartirá con los también catedráticos Fernando de la Hucha e Isaac Merino va a ser muy técnica y aislada de cualquier clima político. Su trabajo consiste en decidir, en caso de duda, a qué régimen fiscal -común o foral- está sujeto un contribuyente concreto. Es decir, dónde debe tributar.

-La Junta Arbitral era una figura recogida en el Concierto Económico de 1981. ¿Por qué ha tardado 26 años en ponerse en marcha?

-No lo sé. Creo que no se llegó a constituir por falta de acuerdo entre el Estado y el País Vasco para designar a sus miembros. Supongo que esa fue la razón, aunque no estoy seguro.

-¿Quién contactó con usted para proponerle el cargo?

-Conmigo se puso en contacto la directora general de Coordinación con las comunidades autónomas del Ministerio de Economía y Hacienda, Silvia López Rivas.

-Entonces, ¿es un candidato del Ministerio?

-Sí, la iniciativa de mi nombramiento la tomó el Ministerio

-Sin embargo, la designación del presidente debe estar consensuada entre ambas partes.

-Todos los miembros de la Junta Arbitral son nombrados de común acuerdo por el Estado y el País Vasco en el marco de la Comisión mixta del Concierto Económico. El acuerdo es sobre los tres miembros, ninguno representamos a ninguna de las partes.

-¿Conoce a sus 'colegas' Fernando de la Hucha e Isaac Merino?

-Sí. Desde muy antiguo. Todos somos catedráticos en la Universidad. Tanto Fernando de la Hucha como Isaac Merino son profesores y tengo el máximo respeto por su obra científica. Tenemos unas relaciones muy cordiales. Aunque últimamente no nos hemos visto mucho, intercambiamos nuestras publicaciones. Esta comunicación tan fluida va a ser positiva para el desempeño de las funciones de la Junta, aunque luego no mantengamos posiciones coincidentes.

-¿Cuáles van a ser exactamente sus funciones?

-Se resumen en resolver los conflictos que puedan surgir entre la Administración central y las diputaciones forales o bien entre éstas y otras comunidades autónomas. Tanto en el País Vasco como en Navarra se aplican normas diferentes para regular los impuestos y pueden surgir dudas sobre si un contribuyente está sujeto a un régimen u otro. Estos casos son los que la Junta va a resolver.

-¿Tienen competencia para tratar asuntos como los recursos de otras comunidades autónomas contra la normativa fiscal vasca?

-Ese tipo de conflictos no son de nuestra competencia. Nuestra misión será aplicar e interpretar en derecho la Ley del Concierto Económico. No es un arbitraje que se ejecute con criterios no jurídicos.

-¿Cómo adoptarán los acuerdos en el seno de la Junta?

- Bueno, todavía tiene que aprobarse un reglamento. Supongo que hará falta mayoría de votos, aunque confío en que las decisiones se adopten por unanimidad.

-¿Contarán con infraestructura propia?

-Lo tendremos que organizar. Todavía tenemos que aterrizar sobre la función. No sé si se nos proporcionará una infraestructura, aunque tampoco la veo muy necesaria. Supongo que en el Ministerio de Hacienda se nos habilitará un espacio o en las dependencias del Gobierno vasco. No tengo ningún inconveniente por mi parte para que algunas de las reuniones se celebren allí.

-Hay constancia de unos 50 casos de individuos y empresas en litigio, que las dos haciendas -estatal y vasca- reclaman como 'propios'. ¿Los conoce?

-No sé si hay un fondo acumulado de 50 conflictos, pero si así fuera vamos a tener trabajo en los próximos meses.

-¿Cuándo van a ponerse manos a la obra?

-En septiembre tendremos que reunirnos y adoptar las decisiones de organización inmediata. No quiero que se demore su puesta en funcionamiento.

-Las relaciones entre la Administración central y vasca han sido muy tensas en los últimos tiempos. Pero el acuerdo sobre el Cupo y el consenso para crear la Junta Arbitral abren una etapa de entendimiento entre ambas partes. ¿Ayudará este clima de diálogo en el desempeño de su labor?

-Sé que ha habido ciertas discrepancias en el pasado. Ojalá sea así y se abra una etapa de entendimiento porque un clima de armonía entre el Estado y el País Vasco sólo puede facilitar la tarea de la Junta Arbitral, aunque su función es limitada y muy técnica. No tiene en absoluto ribetes políticos. Por eso no creo que nos afecte demasiado la situación política. Vamos a trabajar aislándonos de cualquier clima exterior.

-La normativa fiscal vasca ha sido reiteradamente cuestionada: la Unión Europea, el Tribunal Supremo y otras comunidades vecinas la han recurrido en varios aspectos. Ahora mismo, por ejemplo, se va a obligar a cerca de 300 empresas a devolver ayudas calificadas de ilegales por la UE. ¿Qué opina sobre esta controversia?

-El régimen de Concierto tiene garantía constitucional y no está en discusión. Creo que efectivamente de donde pueden venir las dificultades no es tanto del Estado como de la UE, porque algunas de las diferencias entre el régimen tributario vasco y el común podrían ser consideradas como privilegios o ayudas de Estado. Si eso es así, será la Comisión Europea la que adopte las medidas que considere oportunas.

-Pero la censura no viene sólo de Bruselas. También del Tribunal Supremo y de otras comunidades como La Rioja. Por eso las instituciones vascas piden que se 'blinde' el Concierto Económico.

-No estoy dentro de esa polémica ni me gustaría entrar en ella.