
A la espera de ese recuento, sobre el que ya trabajan los ayuntamientos afectados, los cabildos de Tenerife y Gran Canaria y técnicos de los gobiernos central y autonómico, el Ejecutivo no ha aventurado un cálculo del coste que tendrán las ayudas aprobadas ayer. Rubalcaba recalcó, no obstante, que «no hay límite» en el uso del Fondo de Contingencia para compensar los daños ocasionados por el fuego. El año pasado el Ejecutivo central aportó unos 40 millones de euros a la reparación de los perjuicios de la ola de incendios que asoló Galicia en los meses de verano. Como entonces, el Ministerio de Medio Ambiente colaborará también ahora en la recuperación ecológica de las zonas más dañadas, la restitución de la cubierta vegetal y la reforestación.
El decreto incluye fondos para reparar o reconstruir «hasta el 50% de su coste» las infraestructuras, instalaciones, equipamientos y servicios de titularidad municipal o mancomunal, así como los tramos de la red viaria que hayan quedado deteriorados por el fuego. Habrá ayudas para compensar las pérdidas en cosechas y cabaña ganadera para aquellas explotaciones y agricultores que hayan perdido más del 20% de su producción. Se indemnizará también por las pérdidas de pasto para alimentar a los animales.
Las compensaciones directas alcanzarán a los particulares por daños en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, así como a las corporaciones locales por los gastos de emergencia realizados en la lucha contra las llamas. En los casos en que la vivienda haya resultado destruida por efecto del fuego, sus propietarios, arrendatarios o usufructuarios podrán acceder a ayudas para realojarse de alquiler durante un período máximo de dos años, prorrogables hasta que sea posible reconstruir la vivienda. Los propietarios tendrán ayudas para reconstruir o rehabilitar por un máximo del 50% del valor de los daños en la vivienda.
Exenciones fiscales
Habrá exenciones fiscales en el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas, en las tasas de tráfico de los vehículos siniestrados, y reducciones en el IVA y el IRPF en el cálculo de los módulos de las actividades agrarias. Los empresarios quedarán exentos temporalmente de las cuotas de la Seguridad Social en el caso de suspensiones o extinciones de contratos laborales debido a los incendios. Y se habilita una línea de crédito barato de 25 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la que se podrán acoger todos los damnificados. En un plazo máximo de tres meses «esperamos tenerlo todo resuelto y pagado», apostilló Rubalcaba.
Las 8.000 y 3.000 hectáreas quemadas en Gran Canaria y Tenerife respectivamente son un desastre, pero la superficie arrasada está muy por debajo de la inicialmente calculada porque las llamas se propagaron a tal velocidad que en ciertos parajes quemaron algunos árboles «pero no todo el espacio forestal», aclaró Narbona.
Además, la colaboración entre las administraciones «funcionó muy bien desde el principio» y las brigadas de extinción, forestales, bomberos, la Unidad Militar de Emergencias (UME), «trabajaron de forma coordinada». Narbona destacó que los medios antiincendios del Ministerio de Medio Ambiente puestos a disposición del operativo suponen «cinco veces más presupuesto que el empleado en 2003», en respuesta a las críticas de falta de medios estatales lanzada por el líder del PP canario, José Manuel Soria.
La ministra aplaudió al 'pacto de Estado' contra los incendios que reclama el primer partido de la oposición después de haber votado en contra de cuantas iniciativas similares han planteado el PSOE y otros grupos en el Parlamento. «Será bienvenido (el pacto), si es verdad por una vez», respondió.
Los sindicatos UGT, CC OO y organizaciones ecologistas exigieron ayer que la prevención se convierta en la prioridad de las administraciones competentes, las comunidades autónomas primero, y los ayuntamientos y Ministerio después. Las políticas de extinción han mejorado en los últimos años y los medios materiales también, reconocen, pero no bajará el número de incendios mientras el esfuerzo en prevención no se mantenga todo el año y no se generalicen las políticas de gestión forestal en todos los montes, públicos y privados.








