
CRÍMENES DE PESADILLA
Los investigadores, que han encontrado indicios que apuntan a que la víctima sufrió abusos sexuales antes de morir, detuvieron horas después a un ciudadano rumano, a quien interrogaron en relación con el crimen y dejaron posteriormente en libertad con cargos. Corresponde ahora a la Justicia establecer su grado de imputación en los hechos, «aunque no como coautor», como se pensó en un principio, sino, posiblemente, como encubridor, pues, al parecer, tenía datos relacionados con la desaparición de la joven que no comunicó a la Policía, según indicaron fuentes de la investigación.
El presunto autor del crimen fue arrestado el miércoles por la tarde acusado de detención ilegal, agresión sexual y del asesinato de la menor. Aunque al principio negó haber participado en los hechos, no tardó en desmoronarse ante sus interrogadores. Confesó y acompañó a la Guardia Civil hasta el lugar donde había sepultado a la joven. El cadáver de Fernanda fue desenterrado en una finca de El Palmar, a unos dos kilómetros de donde la adolescente fue vista por última vez.
Según detalló el general jefe de la Guardia Civil de Canarias, Miguel Martínez, el cadáver de la víctima estaba en una zona que ya había sido rastreada al menos en tres ocasiones. El cuerpo estaba enterrado y tapado con piedras y matojos. «Aunque hubiésemos vuelto treinta veces, no lo habríamos encontrado».
La pista del todoterreno
Martínez dijo que la investigación, que está bajo secreto sumarial, ha revelado que existen indicios de que la menor sufrió abusos sexuales. Estas conclusiones deberán ser confirmados por la autopsia que le realizarán los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, informe que determinará también las circunstancias de la muerte.
Desde el principio, la Guardia Civil mantuvo dos líneas de trabajo: una de investigación y otra de búsqueda. La colaboración ciudadana ha sido «determinante» para resolver el caso, aseguró el general jefe. Los investigadores locales contaron con el apoyo de expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, que se desplazaron hasta la isla desde Madrid.
Los testimonios de los vecinos revelaron la presencia de un todoterreno azul muy bien aparcado en la zona donde la joven desapareció. El registro del automóvil, que fue localizado el pasado lunes, y las labores de vigilancia de su propietario, llevaron a la detención del colombiano el miércoles por la tarde. «Estuvimos diez horas y sólo registramos la mitad del vehículo porque encontramos objetos de la menor», explicó Martínez.
La joven, de origen chileno, desapareció el 26 de julio cuando volvía a su casa, sobre las nueve de la noche, por un solitario camino de tierra, tras haber pasado la tarde con unas amigas. Las alarmas se encendieron cuando hallaron una zapatilla de la chica y, días más tarde, en el margen de la carretera TF-66 (Valle San Lorenzo-Las Galletas), próxima al lugar, se localizó un cinturón que, según los familiares, pertenecía a la chica.
Esta desaparición, unida a la de Sara Morales hace un año y a la de Yeremi Vargas hace cinco meses, llevó ayer al delegado del Gobierno, José Segura, a transmitir un mensaje para tranquilizar a la población. Segura recalcó que no hay «base» para pensar que hay una estructura organizada dedicada al secuestro de menores, sino que «se trata de hechos aislados». El delegado del Ejecutivo mostró sus condolencias y las de la Guardia Civil a los familiares de la joven, a los que también hizo llegar el pésame que le expresó por vía telefónica el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.









