Gracenea confirmó básicamente lo que ya había manifestado en abril ante los agentes de la Ertzaintza que le tomaron declaración dentro de las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía.
En su declaración, aseguró que de los 33 expedientes investigados por la Fiscalía no había «tramitado» ninguno de ellos, si bien precisó que en varios llegó a introducir algunos datos en el ordenador. «Sólo he datado algunos», dijo.
Inmobiliaria a medias
Pilar Gracenea reconoció que era partícipe al 50% de la inmobiliaria Urdanibia con quien había sido su jefe. Explicó que Bravo y ella viajaron a Madrid para obtener el título de API y dado que José María no aprobó y ella sí, le propuso que prestara su acreditación en la citada empresa . Manifestó también que percibía una cantidad por su 20% de participación en el local donde se ubicaba la sociedad. Pilar Gracenea admitió también que Bravo y ella constituyeron una comunidad de bienes, que es la que cobra el alquiler de la inmobiliaria por la utilización del local.
Asimismo, la acusada manifestó que Bravo y ella compartieron una caja de seguridad en una entidad bancaria, contratada tras un intento de robo en un local próximo a la inmobiliaria. Gracenea indicó que hizo uso de esta caja en dos ocasiones, una de ellas para depositar la señal de un comprador y la segunda para extraer el dinero.
Pilar Gracenea fue diáfana al hacer públicos sus bienes. Manifestó que percibe como salario 1.700 euros al mes. Añadió que es propietaria de su vivienda y señaló que tiene dos hipotecas así como una segunda vivienda en Galicia.






