presunto fraude
Anticorrupción centra su acusación en el director de la Mutua Universal
Quedan al margen su presidente y los miembros del consejo Aunque la actividad está «garantizada», la Seguridad Social decidirá antes de septiembre si nombra un interventor
El registro de la sede central de la mutua despertó gran expectación el pasado miércoles. /EFE
Tan sólo veinticuatro horas después de que saltara el escándalo en el sector de las mutualidades de accidentes de trabajo, ahora en el punto de mira de la justicia, la Fiscalía Anticorrupción se ha visto forzada a matizar el sentido de sus pesquisas, que parecen centradas en el director general de la Mutua Universal Mugenat, Juan Aicart, y en sus principales colaboradores. Esto deja en un segundo plano al presidente de la entidad, Juan Echevarria, y a buena parte de los miembros del consejo de administración, contra quienes por ahora no se dirige la querella presentada ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal y societario.
Estas precisiones realizadas por el fiscal Emilio Sánchez Ulled, responsable del caso en el Ministerio Público, no afectan a la marcha de las investigaciones abiertas en el ámbito administrativo. Así, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está a la espera de recibir las alegaciones de los responsables de la Mutua respecto al pliego de cargos incluido en el expediente abierto por la Seguridad Social, que decidirá entre finales de agosto y principios de septiembre si procede adoptar medidas cautelares. Entre éstas podría figurar el nombramiento de un interventor que «compruebe y garantice el correcto cumplimiento de las órdenes» de la Administración.
Otras actuaciones posibles serían la «suspensión en sus funciones a todos o algunos de los directivos de la entidad», que serían sustituidos de manera interina, así como la convocatoria de los órganos de gobierno, «designando la persona que deba presidir la reunión». De cualquier modo, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Seguridad Social, sí parece probable que se adopte alguna medida (que no sanción, pues éstas habrán de esperar a que se cierre el caso), dado que, según las averiguaciones preliminares, estaríamos ante una «insuficiencia o irregularidad de la contabilidad o administración, en términos que impidan conocer la situación de la entidad».
De momento no parecen probables otras actuaciones relacionadas con la solvencia de la entidad, que parece garantizada. Al respecto, la Fiscalía precisaba ayer que la actividad de la Mutua Universal «como institución» y sus prestaciones a los asociaciones «no están en riesgo alguno, ni cabe sembrar inquietud al respecto», garantías que también ha ofrecido la propia Seguridad Social.
Doble contabilidad
Ello no fue óbice para que desde Anticorrupción se confirmara que «efectivamente existen algunos indicios» que apuntan la existencia de una «doble contabilidad». Este extremo, no obstante, queda pendiente del análisis de la documentación intervenida el miércoles en la sede principal de la Mutua Universal. Lo mismo ocurre respecto a las informaciones extraoficiales que apuntan un supuesto 'agujero' contable superior a los 25 millones de euros, que habría acumulado la entidad durante los últimos años.
Según fuentes jurídicas, esas presuntas irregularidades se remontarían, al menos, a siete años atrás e incluso podrían extenderse a alguna otra entidad. La Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) ha presentado dos denuncias por hechos similares -posible uso de recursos públicos para fines privados-. La primera se formuló en noviembre de 2006 contra la mutualidad de Mapfre -aún se desconoce cuál fue su resultado final- y la segunda, ya en marzo pasado, contra la Mutua Universal. El sindicato CC OO reconoce que existe «demasiada opacidad» en la gestión de las mutuas.
Estas precisiones realizadas por el fiscal Emilio Sánchez Ulled, responsable del caso en el Ministerio Público, no afectan a la marcha de las investigaciones abiertas en el ámbito administrativo. Así, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está a la espera de recibir las alegaciones de los responsables de la Mutua respecto al pliego de cargos incluido en el expediente abierto por la Seguridad Social, que decidirá entre finales de agosto y principios de septiembre si procede adoptar medidas cautelares. Entre éstas podría figurar el nombramiento de un interventor que «compruebe y garantice el correcto cumplimiento de las órdenes» de la Administración.
Otras actuaciones posibles serían la «suspensión en sus funciones a todos o algunos de los directivos de la entidad», que serían sustituidos de manera interina, así como la convocatoria de los órganos de gobierno, «designando la persona que deba presidir la reunión». De cualquier modo, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Seguridad Social, sí parece probable que se adopte alguna medida (que no sanción, pues éstas habrán de esperar a que se cierre el caso), dado que, según las averiguaciones preliminares, estaríamos ante una «insuficiencia o irregularidad de la contabilidad o administración, en términos que impidan conocer la situación de la entidad».
De momento no parecen probables otras actuaciones relacionadas con la solvencia de la entidad, que parece garantizada. Al respecto, la Fiscalía precisaba ayer que la actividad de la Mutua Universal «como institución» y sus prestaciones a los asociaciones «no están en riesgo alguno, ni cabe sembrar inquietud al respecto», garantías que también ha ofrecido la propia Seguridad Social.
Doble contabilidad
Ello no fue óbice para que desde Anticorrupción se confirmara que «efectivamente existen algunos indicios» que apuntan la existencia de una «doble contabilidad». Este extremo, no obstante, queda pendiente del análisis de la documentación intervenida el miércoles en la sede principal de la Mutua Universal. Lo mismo ocurre respecto a las informaciones extraoficiales que apuntan un supuesto 'agujero' contable superior a los 25 millones de euros, que habría acumulado la entidad durante los últimos años.
Según fuentes jurídicas, esas presuntas irregularidades se remontarían, al menos, a siete años atrás e incluso podrían extenderse a alguna otra entidad. La Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) ha presentado dos denuncias por hechos similares -posible uso de recursos públicos para fines privados-. La primera se formuló en noviembre de 2006 contra la mutualidad de Mapfre -aún se desconoce cuál fue su resultado final- y la segunda, ya en marzo pasado, contra la Mutua Universal. El sindicato CC OO reconoce que existe «demasiada opacidad» en la gestión de las mutuas.
