LA TERCERA DEL PAÍS EN PERCANCES LABORALES
La Fiscalía investiga a Mutua Universal por desviar fondos de la Seguridad Social
La Policía registró ayer la sede de la entidad catalana en busca de pruebas de un presunto fraude millonario
Edificio que acoge en Bilbao la sede de Mutua Universal./JORDI ALEMANY
COLABORAN CON LA S.S.
De colaborar con la Seguridad Social en la atención a los accidentes de trabajo a ser investigada por un supuesto fraude multimillonario en esta importante tarea social, que consistiría en desviar fondos públicos hacia fines privados. La Mutua Universal, la tercera del país en materia de percances laborales y enfermedades profesionales, se halla en el 'ojo del huracán' de la justicia a causa de los presuntos delitos que podrían haber cometido sus responsables, encabezados por Juan Echevarría Puig, un veterano empresario catalán que casi se ha erigido en un poder fáctico en esta comunidad. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra ellos, mientras la sede principal de su empresa era registrada ayer por orden de un juzgado de Barcelona.
La operación, aunque ha sorprendido en medios empresariales, se estaba preparando desde hace meses, una vez que la Intervención General de la Seguridad Social detectó «graves irregularidades en su gestión», que ahora han desembocado en la incoación de un procedimiento administrativo para adoptar las medidas cautelares pertinentes. A su vez, en marzo pasado, el Tribunal de Cuentas inició su propia fiscalización de los números de la entidad mutualista, centrada en sus informes de contratación, ante la sospecha de que pudieran haberse 'maquillado' algunas cifras e incluso haber aportado documentación con posibles visos de falsedad para justificar algunas operaciones.
Ambas líneas de investigación seguirán en paralelo, dentro de la vía administrativa, a las diligencias penales ya abiertas por el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona a raíz de una querella de la Fiscalía, donde se acusa a Echevarria y al resto de miembros de la cúpula directiva de la Mutua Universal de los delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal, además de otro societario, si bien ninguno ha sido detenido por ahora en una causa declarada secreta. Según la tesis del Ministerio Público, los imputados habrían creado supuestamente una contabilidad 'B' en paralelo a la oficial, donde incluirían una serie de facturas falsas con las que justificar distintas reclamaciones económicas a la Seguridad Social por servicios que, en realidad, nunca se habrían llegado a cumplir.
Documentación incautada
Según fuentes jurídicas, el presunto fraude cometido sería de una cuantía «multimillonaria» -algunos investigadores apuntan que podría superar los 15 millones de euros, aunque esta cifra no ha sido confirmada-, ya que vendría de años atrás. No obstante, habrá que esperar al análisis pormenorizado de la numerosa documentación que, tanto en soportes escritos como informáticos, fue intervenida por la Policía dentro de la sede principal de la Mutua Universal, en la conocida Avenida Tibidabo de la ciudad condal.
La Mutua Universal, cuyos servicios «no se van a ver afectados por las diligencias en curso» -según puntualizó la Fiscalía, mientras que la empresa declaraba su «inocencia» ante cualquier irregularidad-, cuenta con unos 1.900 empleados y da asistencia a cerca de 147.500 empresas, lo que supone atender posibles percances de más de un millón y medio de trabajadores. Dispone de 148 centros de trabajo propios repartidos por todas las comunidades autónomas y está presente en otros 1.100 concertados, además de ser copropietaria de dos hospitales y dueña de dos quirófanos en otras instalaciones sanitarias.
Esta entidad ingresó 982 millones de euros en 2006 y obtuvo un excedente de 135 millones. Para este año se prevé que su cifra de negocio supere los 1.000 millones. La Mutua Universal, que celebra este año su centenario, está inscrita desde el 17 de diciembre de 1968 en el registro de entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
La operación, aunque ha sorprendido en medios empresariales, se estaba preparando desde hace meses, una vez que la Intervención General de la Seguridad Social detectó «graves irregularidades en su gestión», que ahora han desembocado en la incoación de un procedimiento administrativo para adoptar las medidas cautelares pertinentes. A su vez, en marzo pasado, el Tribunal de Cuentas inició su propia fiscalización de los números de la entidad mutualista, centrada en sus informes de contratación, ante la sospecha de que pudieran haberse 'maquillado' algunas cifras e incluso haber aportado documentación con posibles visos de falsedad para justificar algunas operaciones.
Ambas líneas de investigación seguirán en paralelo, dentro de la vía administrativa, a las diligencias penales ya abiertas por el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona a raíz de una querella de la Fiscalía, donde se acusa a Echevarria y al resto de miembros de la cúpula directiva de la Mutua Universal de los delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal, además de otro societario, si bien ninguno ha sido detenido por ahora en una causa declarada secreta. Según la tesis del Ministerio Público, los imputados habrían creado supuestamente una contabilidad 'B' en paralelo a la oficial, donde incluirían una serie de facturas falsas con las que justificar distintas reclamaciones económicas a la Seguridad Social por servicios que, en realidad, nunca se habrían llegado a cumplir.
Documentación incautada
Según fuentes jurídicas, el presunto fraude cometido sería de una cuantía «multimillonaria» -algunos investigadores apuntan que podría superar los 15 millones de euros, aunque esta cifra no ha sido confirmada-, ya que vendría de años atrás. No obstante, habrá que esperar al análisis pormenorizado de la numerosa documentación que, tanto en soportes escritos como informáticos, fue intervenida por la Policía dentro de la sede principal de la Mutua Universal, en la conocida Avenida Tibidabo de la ciudad condal.
La Mutua Universal, cuyos servicios «no se van a ver afectados por las diligencias en curso» -según puntualizó la Fiscalía, mientras que la empresa declaraba su «inocencia» ante cualquier irregularidad-, cuenta con unos 1.900 empleados y da asistencia a cerca de 147.500 empresas, lo que supone atender posibles percances de más de un millón y medio de trabajadores. Dispone de 148 centros de trabajo propios repartidos por todas las comunidades autónomas y está presente en otros 1.100 concertados, además de ser copropietaria de dos hospitales y dueña de dos quirófanos en otras instalaciones sanitarias.
Esta entidad ingresó 982 millones de euros en 2006 y obtuvo un excedente de 135 millones. Para este año se prevé que su cifra de negocio supere los 1.000 millones. La Mutua Universal, que celebra este año su centenario, está inscrita desde el 17 de diciembre de 1968 en el registro de entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
