CASO 'IRÚN'
La esposa de José María Bravo defiende la legalidad del patrimonio de la familia
Rosa María Cobos declaró ante la juez de Irún que las propiedades fueron compradas con los ingresos de sus trabajos y créditos bancarios
María Rosa Cobos (der.), y su abogada, al salir del juzgado. / F. DE LA HERA
Rosa María Cobos, esposa de José María Bravo, principal imputado en el presunto fraude descubierto en la delegación de Hacienda de Irún, afirmó ayer que tanto los inmuebles como las propiedades de la que es titular junto a su marido han sido adquiridos con dinero obtenido en sus respectivos trabajos, mediante créditos hipotecarios y ayudas públicas. La mujer defendió la legalidad del patrimonio que posee.
Rosa María Cobos declaró ayer por primera vez ante la juez Almudena Ovejero que instruye la presunta estafa cometida contra el erario público guipuzcoano y que, según estimaciones la Diputación, asciende a cerca de seis millones de euros.
La mujer manifestó que el chalet en el que la familia ha residido hasta pocos meses en la localidad vasco francesa de Urrugne fue comprado con el dinero resultante de la venta de un piso que el matrimonio disponía y a través de un crédito hipotecario.
Asimismo, sostuvo que el hotel que poseen en la localidad extremeña de Jerte se levantó sobre una finca heredada por la familia. Indicó que han invertido en el complejo hotelero alrededor de 600.000 euros, aportados mediante créditos y subvenciones públicas. Afirmó también que parte del trabajo de decoración lo realizó ella con la ayuda de un amigo que colaboró de manera desinteresada.
1.800 euros mensuales
La esposa de Bravo manifestó que trabaja en la asesoría Urdanibia, de la que su marido es administrador, y que percibe un salario mensual de 1.800 euros.
Negó que fuera propietaria de dos apartamentos en Marbella, tal y como la Fiscalía sostiene en su denuncia, y precisó que únicamente es titular de uno de ellos, si bien matizó que era en concepto de multipropiedad, por lo que sólo puede disponer de él una semana al año. Asimismo, declaró que no tiene ninguna relación con las empresas Roza Cabeza y Corona de Castillo, propietarias de varias fincas en Jerte y Huesca. Si admitió, no obstante, que compró una plaza de aparcamiento en la estación de Ávila, para lo cual solicitó un préstamo bancario.
Además, señaló que desconocía la cantidad conjunta que mensualmente ingresaba el matrimonio así como la suma que debían aportar por los diferentes créditos que tenían suscritos.
Durante la hora y media que duró el interrogatorio ninguno de los letrados presentes formuló a la esposa de Bravo ninguna cuestión relativa a las actividades de su marido como responsable de la delegación de Hacienda de Irún.
Por su parte, Pedro María Atristain, otro de los imputados en el fraude citado ayer a declarar, negó su implicación en la trama hasta «veinte veces», según declaró a los periodistas.
Rosa María Cobos declaró ayer por primera vez ante la juez Almudena Ovejero que instruye la presunta estafa cometida contra el erario público guipuzcoano y que, según estimaciones la Diputación, asciende a cerca de seis millones de euros.
La mujer manifestó que el chalet en el que la familia ha residido hasta pocos meses en la localidad vasco francesa de Urrugne fue comprado con el dinero resultante de la venta de un piso que el matrimonio disponía y a través de un crédito hipotecario.
Asimismo, sostuvo que el hotel que poseen en la localidad extremeña de Jerte se levantó sobre una finca heredada por la familia. Indicó que han invertido en el complejo hotelero alrededor de 600.000 euros, aportados mediante créditos y subvenciones públicas. Afirmó también que parte del trabajo de decoración lo realizó ella con la ayuda de un amigo que colaboró de manera desinteresada.
1.800 euros mensuales
La esposa de Bravo manifestó que trabaja en la asesoría Urdanibia, de la que su marido es administrador, y que percibe un salario mensual de 1.800 euros.
Negó que fuera propietaria de dos apartamentos en Marbella, tal y como la Fiscalía sostiene en su denuncia, y precisó que únicamente es titular de uno de ellos, si bien matizó que era en concepto de multipropiedad, por lo que sólo puede disponer de él una semana al año. Asimismo, declaró que no tiene ninguna relación con las empresas Roza Cabeza y Corona de Castillo, propietarias de varias fincas en Jerte y Huesca. Si admitió, no obstante, que compró una plaza de aparcamiento en la estación de Ávila, para lo cual solicitó un préstamo bancario.
Además, señaló que desconocía la cantidad conjunta que mensualmente ingresaba el matrimonio así como la suma que debían aportar por los diferentes créditos que tenían suscritos.
Durante la hora y media que duró el interrogatorio ninguno de los letrados presentes formuló a la esposa de Bravo ninguna cuestión relativa a las actividades de su marido como responsable de la delegación de Hacienda de Irún.
Por su parte, Pedro María Atristain, otro de los imputados en el fraude citado ayer a declarar, negó su implicación en la trama hasta «veinte veces», según declaró a los periodistas.
