ECONOMÍA
Compromiso para evitar sanciones de la UE por las 'vacaciones fiscales'
Ambos gobiernos esperan solventar el conflicto que afecta a unas 300 firmas vascas antes del 11 de septiembre
31.07.07 -
Sesión del Tribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo. / REUTERS
La reunión celebrada ayer entre Pedro Solbes e Idoia Zenarruzabeitia fue aprovechada para expresar el «compromiso político» de solucionar, «en tiempo y forma», el problema surgido con motivo de la obligación del Gobierno vasco de recuperar cerca de 1.800 millones de euros concedidos en ayudas a tres centenares de grandes empresas vascas y que fueron declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como adelantó el domingo EL CORREO. El objetivo, según expresaron ambos mandatarios, es evitar que se produzcan sanciones por parte de Bruselas, que ha impuesto el 11 de septiembre como fecha límite para conocer cuáles son las compañías que resultaron beneficiadas por una normativa que estuvo vigente entre 1996 y 1999.
Zenarruzabeitia recordó que en 1999 el Ejecutivo vasco derogó «una serie de apartados» -entre ellos las conocidas como 'vacaciones fiscales'- de la normativa sobre el impuesto de sociedades que, añadió, «corrían el riesgo de ser calificados como ayudas de Estado en el ámbito de la Unión Europea». Ello no impidió la apertura de un expediente por parte de la Comisión, que en julio de 2001 las consideró contrarias a la normativa comunitaria. Varios intentos de «reconducir la situación» por parte del Gobierno vasco y de alcanzar un acuerdo al respecto con el ejecutivo comunitario no tuvieron éxito, señaló la vicelehendakari.
La iniciativa de ambas administraciones tendrá como objetivo evitar las sanciones, para lo cual, señaló la mandataria vasca, «los trabajos ya están desarrollados». «Hoy tenemos el compromiso político de que para el 11 de septiembre el conflicto será solventado en tiempo y en forma», explicó en términos muy poco explícitos, lo que fue interpretado como el envío a Bruselas de toda la información requerida.
Sistema de cooperación
Por su parte, más parco aún en sus palabras, Pedro Solbes aseguró al respecto que ambas administraciones han acordado «un sistema de cooperación para resolver los problemas» derivados de determinadas «decisiones comunitarias en materia de ayudas de Estado», con el objetivo fundamental de lograr que «las sanciones no se apliquen».
De producirse las mismas, sería el Estado el responsable de pagarlas a las autoridades comunitarias, pero de la intervención del ministro de Economía se desprende que el Gobierno central pasaría posteriormente la factura correspondiente al Ejecutivo vasco. En concreto, Solbes explicó que se buscará el procedimiento oportuno con el Gobierno vasco para que el Estado sea compensado por dicha sanción.
La vicelehendakari fue un paso más allá que Solbes al expresar su confianza en que, finalmente, no habrá sanciones. «El horizonte primero, que es el compromiso alcanzado hoy, es cumplimentar la carta de emplazamiento de la UE y llevar a cabo las actuaciones para proceder a la devolución de las ayudas y dar la información pertinente en colaboración con el Estado», añadió al respecto. Existe «un camino de diálogo» para que «no se materialice el riesgo de que haya multas», una posibilidad que se resistió a contemplar.
La sentencia del Tribunal Europeo que obliga a las autoridades españolas a recuperar las subvenciones fiscales cuestionadas fue adoptada el pasado mes de diciembre, y el incumplimiento de la misma conllevaría una sanción por cada día que pase del 11 de septiembre sin haber satisfecho las exigencias comunitarias. Las hacienda vascas ya han comunicado a las empresas afectadas la obligación de devolver las citadas ayudas.
Zenarruzabeitia recordó que en 1999 el Ejecutivo vasco derogó «una serie de apartados» -entre ellos las conocidas como 'vacaciones fiscales'- de la normativa sobre el impuesto de sociedades que, añadió, «corrían el riesgo de ser calificados como ayudas de Estado en el ámbito de la Unión Europea». Ello no impidió la apertura de un expediente por parte de la Comisión, que en julio de 2001 las consideró contrarias a la normativa comunitaria. Varios intentos de «reconducir la situación» por parte del Gobierno vasco y de alcanzar un acuerdo al respecto con el ejecutivo comunitario no tuvieron éxito, señaló la vicelehendakari.
La iniciativa de ambas administraciones tendrá como objetivo evitar las sanciones, para lo cual, señaló la mandataria vasca, «los trabajos ya están desarrollados». «Hoy tenemos el compromiso político de que para el 11 de septiembre el conflicto será solventado en tiempo y en forma», explicó en términos muy poco explícitos, lo que fue interpretado como el envío a Bruselas de toda la información requerida.
Sistema de cooperación
Por su parte, más parco aún en sus palabras, Pedro Solbes aseguró al respecto que ambas administraciones han acordado «un sistema de cooperación para resolver los problemas» derivados de determinadas «decisiones comunitarias en materia de ayudas de Estado», con el objetivo fundamental de lograr que «las sanciones no se apliquen».
De producirse las mismas, sería el Estado el responsable de pagarlas a las autoridades comunitarias, pero de la intervención del ministro de Economía se desprende que el Gobierno central pasaría posteriormente la factura correspondiente al Ejecutivo vasco. En concreto, Solbes explicó que se buscará el procedimiento oportuno con el Gobierno vasco para que el Estado sea compensado por dicha sanción.
La vicelehendakari fue un paso más allá que Solbes al expresar su confianza en que, finalmente, no habrá sanciones. «El horizonte primero, que es el compromiso alcanzado hoy, es cumplimentar la carta de emplazamiento de la UE y llevar a cabo las actuaciones para proceder a la devolución de las ayudas y dar la información pertinente en colaboración con el Estado», añadió al respecto. Existe «un camino de diálogo» para que «no se materialice el riesgo de que haya multas», una posibilidad que se resistió a contemplar.
La sentencia del Tribunal Europeo que obliga a las autoridades españolas a recuperar las subvenciones fiscales cuestionadas fue adoptada el pasado mes de diciembre, y el incumplimiento de la misma conllevaría una sanción por cada día que pase del 11 de septiembre sin haber satisfecho las exigencias comunitarias. Las hacienda vascas ya han comunicado a las empresas afectadas la obligación de devolver las citadas ayudas.
