LOS DATOS
Arreglar los papeles a la muerte de un familiar es siempre una ingrata tarea que se superpone al duelo por la reciente pérdida. Entre ese maremágnum de gestiones figura la comprobación de la existencia de un seguro de vida, algo no siempre fácil, puesto que las compañías aseguradoras no están obligadas a informar de su existencia. En ocasiones, la persona fallece repentinamente sin comunicar a sus allegados que en vida tomó la precaución de hacerles más llevadera la pena. Un resguardo bancario o la copia del contrato archivada junto a los papeles del fallecido puede servir para reclamar la cuantía suscrita. El mayor problema surge cuando ni el propio tomador del seguro conocía su existencia.
Numerosos productos financieros incluyen como valor añadido la contratación de una póliza de vida. Pero, al quedar reducido a la letra pequeña dentro de las condiciones del contrato, su existencia suele pasar desapercibido para el propio interesado. Uno de los casos más comunes es el de las hipotecas. El banco, para asegurarse el cobro, obliga al cliente a suscribir un seguro que a su muerte sirva para cubrir la posible deuda. Pero también tarjetas de crédito o de compra de grandes superficies, viajes, pertenencia a un club o suscripción de fidelización son servicios que suelen ir acompañados de un seguro de vida.
Evitar que muchas de estas pólizas se queden sin cobrar y pasen a engrosar los beneficios de las aseguradoras es el objetivo del registro único de seguros de vida. En su primera semana de vida, emitió más de 5.000 certificados, mientras que otras 6.177 personas han formalizado la petición, de forma personal o a través del correo electrónico. Pero, además, el Ministerio de Justicia ha recibido un gran número de llamadas de personas solicitando información sobre los trámites necesarios para obtener el certificado. El impreso necesario puede descargarse de la web del Ministerio de Justicia. Así de sencillo.
Casi la mitad de las peticiones -3.990- procede de las oficinas de los notarios. Su gestión, de hecho, corre a cargo de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia. Las compañías estarán obligadas a remitir a sus responsables todos los acuerdos que tengan ya suscritos y los que formalicen en el futuro, que quedarán convenientemente archivados en una única base de datos.
Así, cuando fallezca una persona, sus allegados podrán solicitar a este registro un certificado de los seguros de vida que tenía suscritos. Deberán hacerlo una vez transcurridos quince días después del fallecimiento y tendrán un plazo máximo de cinco años para realizar el requerimiento. Cada consulta costará 3,3 euros y será respondida en una semana. Asimismo, los notarios deberán incorporar el certificado de registro de seguros de la persona fallecida al procedimiento de adjudicación o partición de herencias, y deberán advertir a los interesados de la posible existencia de alguna póliza.
«Trascendental»
El registro viene a satisfacer una antigua reivindicación de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc, que han calificado la medida de «trascendental». A su juicio, la puesta en marcha de esta base de datos va a acabar con conductas propias de «mentes perversas y macabras, pero que están a la orden del día. Muchos bancos, al otorgar una hipoteca, obligan a sus clientes a firmar un seguro de vida con una empresa filial para garantizarse el cobro de la deuda si fallece. Pero si muere y no informan de la existencia de la póliza, se quedan con el piso y también con el dinero del seguro, un negocio redondo», explica Ángel Garay.
Curiosamente, la iniciativa también ha sido bien recibida por la patronal del sector de las aseguradoras. La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, destacó que España sea «el primer país» en disponer de un instrumento de estas características. «Favorecerá la transparencia del sector, será una garantía para los asegurados e impulsará el negocio», añadió. El registro también ha sido aplaudido por la Asociación Española de Consumidores de Seguros (Aecos) que, no obstante, lamenta que «no incluya los seguros de invalidez».
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