MUNDO
Bush pide al Congreso endurecer y actualizar las leyes contra el terrorismo
Tiene previsto llevar a la Cámara Baja de EE UU una propuesta que incremente el poderío armamentístico de países como Arabia Saudí
29.07.07 -
Bush hace 'footing' con veteranos de las guerras de Irak y Afganistán. Duncan perdió sus dos piernas en el país de los talibanes en 2005 y Ramsey su pierna izquierda en 2006. / AP
Desde los terribles atentados del 11 de septiembre, que en 2001 tocaron al gigante norteamericano, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se ha erigido como el máximo combatiente contra todos aquellos que pongan en peligro la integridad del país.
Por supuesto, este cometido ha puesto contra las cuerdas los límites de los derechos civiles populares en más de una ocasión, algo que al mandatario no ha parecido importarle gran cosa, pese a la oleada de críticas surgidas en su contra. En una nueva intentona por forzar la maquinaria de vigilancia y 'proteger' los intereses de los estadounidenses, Bush pidió ayer encarecidamente a los miembros del Congreso la modernización de la ley que supervisa los métodos para vigilar a los terroristas.
Según el presidente norteamericano, el Acto de Monitorización Inteligente en el Extranjero (FISA por sus siglas en inglés), «está seriamente desfasada». Esta normativa, aprobada en 1978 , dio luz verde al FBI y a la Agencia de Seguridad Nacional, así como a otros organismos de la inteligencia norteamericana, para poder realizar seguimientos, escuchas que permiten la recolección de datos sobre las comunicaciones mantenidas entre los terroristas, sin violar el Acto de Libertades Civiles vigente a este lado del Atlántico.
Bush quiso dejar claro que, en la actualidad, el uso de teléfonos móviles así como de Internet para planear y organizar ataques no están contenidos dentro de la ley, ya que hace tres décadas estos métodos apenas existían. En un esfuerzo por fundamentar sus afirmaciones el mandatario echó mano de los informes publicados por los servicios de inteligencia que aseguran que Al-Qaida está utilizando su creciente poder en Oriente Próximo para volver a atacar en EE UU.
Cabe recordar que tras los ataques del 11-S, el presidente estadounidense autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad pinchar todas las llamadas realizadas entre el país y aquellos que el Ejecutivo consideraba sospechosos de terrorismo. Por aquel entonces, Bush dio la orden sin contar con el respaldo judicial del FISA, por lo que la polémica no tardó en surgir.
Actualmente, el Congreso, de mayoría demócrata, ha manifestado su falta de interés en actualizar dicha ley, sobre todo teniendo en cuenta, que pone en peligro alguno de los derechos civiles de los ciudadanos.
Por otro lado, la Administración Bush tiene previsto llevar a la Cámara Baja una propuesta que incrementaría sensiblemente el poderío armamentístico de algunos países árabes, entre los que destaca Arabia Saudí. Este acuerdo, disfrazado como un intento para proteger a los gobiernos en la zona que colaboran con EE UU, está valorado en cerca de 15.000 millones de euros y ha despertado las alarmas entre algunos miembros del Congreso, en especial en aquellos que mantienen una estrecha relación con el Gobierno israelí. El paquete ofertado por el Gabinete a sus homólogos de Arabia Saudí incluye una partida de sofisticadas bombas controladas vía satélite, así como renovaciones de otros equipos de operaciones.
La presentación de esta propuesta, prevista para el próximo otoño, no estará exenta de polémica, sobre todo, en un momento en que los oficiales estadounidenses han asegurado que el Ejecutivo saudí está jugando un papel contraproducente en Irak.
Mayor control
Al mismo tiempo, el Congreso aprobó el pasado viernes una petición del mandatario estadounidense en la que se exigía intensificar los esfuerzos antiterroristas en suelo norteamericano para prevenir posibles ataques. La medida contempla, entre otros puntos, la mayor financiación de sistemas de vigilancia y monitorización en las ciudades con mayor riesgo de ser blanco de los terroristas. Además, contempla un mayor control de todos los cargamentos que entran en el país por vía aérea o marítima así como un exhaustivo análisis de los equipajes de los vuelos comerciales.
Esta partida fue aprobada por los miembros de la Cámara Baja el pasado viernes con 371 votos a favor y 40 en contra, mientras el Senado ratificó la propuesta el día anterior, con 85 votos a favor. De momento, la Casa Blanca ha asegurado que el presidente se ha mostrado de acuerdo con la medida y la firmará próximamente.
Por supuesto, este cometido ha puesto contra las cuerdas los límites de los derechos civiles populares en más de una ocasión, algo que al mandatario no ha parecido importarle gran cosa, pese a la oleada de críticas surgidas en su contra. En una nueva intentona por forzar la maquinaria de vigilancia y 'proteger' los intereses de los estadounidenses, Bush pidió ayer encarecidamente a los miembros del Congreso la modernización de la ley que supervisa los métodos para vigilar a los terroristas.
Según el presidente norteamericano, el Acto de Monitorización Inteligente en el Extranjero (FISA por sus siglas en inglés), «está seriamente desfasada». Esta normativa, aprobada en 1978 , dio luz verde al FBI y a la Agencia de Seguridad Nacional, así como a otros organismos de la inteligencia norteamericana, para poder realizar seguimientos, escuchas que permiten la recolección de datos sobre las comunicaciones mantenidas entre los terroristas, sin violar el Acto de Libertades Civiles vigente a este lado del Atlántico.
Bush quiso dejar claro que, en la actualidad, el uso de teléfonos móviles así como de Internet para planear y organizar ataques no están contenidos dentro de la ley, ya que hace tres décadas estos métodos apenas existían. En un esfuerzo por fundamentar sus afirmaciones el mandatario echó mano de los informes publicados por los servicios de inteligencia que aseguran que Al-Qaida está utilizando su creciente poder en Oriente Próximo para volver a atacar en EE UU.
Cabe recordar que tras los ataques del 11-S, el presidente estadounidense autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad pinchar todas las llamadas realizadas entre el país y aquellos que el Ejecutivo consideraba sospechosos de terrorismo. Por aquel entonces, Bush dio la orden sin contar con el respaldo judicial del FISA, por lo que la polémica no tardó en surgir.
Actualmente, el Congreso, de mayoría demócrata, ha manifestado su falta de interés en actualizar dicha ley, sobre todo teniendo en cuenta, que pone en peligro alguno de los derechos civiles de los ciudadanos.
Por otro lado, la Administración Bush tiene previsto llevar a la Cámara Baja una propuesta que incrementaría sensiblemente el poderío armamentístico de algunos países árabes, entre los que destaca Arabia Saudí. Este acuerdo, disfrazado como un intento para proteger a los gobiernos en la zona que colaboran con EE UU, está valorado en cerca de 15.000 millones de euros y ha despertado las alarmas entre algunos miembros del Congreso, en especial en aquellos que mantienen una estrecha relación con el Gobierno israelí. El paquete ofertado por el Gabinete a sus homólogos de Arabia Saudí incluye una partida de sofisticadas bombas controladas vía satélite, así como renovaciones de otros equipos de operaciones.
La presentación de esta propuesta, prevista para el próximo otoño, no estará exenta de polémica, sobre todo, en un momento en que los oficiales estadounidenses han asegurado que el Ejecutivo saudí está jugando un papel contraproducente en Irak.
Mayor control
Al mismo tiempo, el Congreso aprobó el pasado viernes una petición del mandatario estadounidense en la que se exigía intensificar los esfuerzos antiterroristas en suelo norteamericano para prevenir posibles ataques. La medida contempla, entre otros puntos, la mayor financiación de sistemas de vigilancia y monitorización en las ciudades con mayor riesgo de ser blanco de los terroristas. Además, contempla un mayor control de todos los cargamentos que entran en el país por vía aérea o marítima así como un exhaustivo análisis de los equipajes de los vuelos comerciales.
Esta partida fue aprobada por los miembros de la Cámara Baja el pasado viernes con 371 votos a favor y 40 en contra, mientras el Senado ratificó la propuesta el día anterior, con 85 votos a favor. De momento, la Casa Blanca ha asegurado que el presidente se ha mostrado de acuerdo con la medida y la firmará próximamente.
