MUNDO
Villepin, imputado por presunta maquinación política contra Sarkozy
Se convierte en el primer político encausado en esa trama que perseguía cerrar el paso hacia el Elíseo al actual presidente de Francia «En ningún momento participé en maniobra alguna de descrédito»
28.07.07 -
DOMINIQUE DE VILLEPIN manifiesta su inocencia a la salida del Palacio de Justicia de París, donde prestó declaración como imputado. en una trama contra Sarkozy. / AP
Sin sorpresa, el ex primer ministro francés , Dominique de Villepin, fue imputado ayer por «complicidad en denuncia calumniosa» por una presunta maquinación política contra el actual presidente, Nicolas Sarkozy. «En ningún momento pedí investigar a personalidades políticas. En ningún momento participé en ninguna maniobra política», subrayó Villepin ante decenas de periodistas que se agolpaban en la puerta de la sección financiera del Palacio de Justicia de París.
Apenas cincuenta minutos pasó Villepin ante los magistrados instructores del llamado 'caso Clearstream', muy lejos de las diecisiete horas que duró su primera comparecencia ante los jueces Jean-Marie d'Huy y Henri Pons en diciembre de 2006. La diferencia estriba en que entonces compareció como simple testigo y respondió a todas sus preguntas, mientras que ayer fue con el paraguas de «testigo asistido» por dos abogados, y pidió y obtuvo de los jueces un aplazamiento para estudiar el voluminoso sumario, que ha acumulado veintiséis tomos en sus tres años de existencia.
Encausado además por «receptación de robo y de abuso de confianza», así como por «complicidad de uso de falsificación de documentos», se convierte en el primer político encausado en esa antigua trama para tratar presuntamente de cerrar el paso al Elíseo a Sarkozy, lo que da a este sumario un giro de «asunto de Estado».
Los jueces le han prohibido que se encuentre con el ex presidente francés, Jacques Chirac, o con los otros protagonistas de este asunto. En el control judicial que le han impuesto -y que el ex primer ministro ha recurrido- figura además una fianza de 200.000 euros, pero no incluye medidas coercitivas en cuanto a sus movimientos, por lo que podrá viajar sin cortapisas, según fuentes judiciales.
El que fuera jefe del Ejecutivo francés desde principios de junio de 2005 hasta el 17 de mayo pasado insistió ayer en que cuando encargó investigar en 2004 los listados de Clearstream lo hizo «estrictamente en el marco» de su «deber como ministro» de Asuntos Exteriores y luego de Interior, para «hacer frente a amenazas internacionales» que podían afectar a «intereses económicos» galos.
Esos listados de cuentas corrientes de políticos e industriales franceses en el extranjero, que luego se demostró que habían sido falsificados, hacían sospechar casos de corrupción al margen de una venta de seis fragatas francesas a Taiwán en 1991.
Con gesto grave, Villepin concluyó su breve declaración afirmando que esas acusaciones son «dolorosas para mí y para mi familia». Pero, como buen admirador de Napoleón que es, afirmó: «lucharé para que, durante la instrucción, la verdad pueda, por fin, aparecer y responderé naturalmente al conjunto de cuestiones que me sean planteadas» una vez que haya estudiado el dossier.
Luego recuperó su habitual sonrisa, más luminosa que de costumbre por el efecto del bronceado que ha adquirido durante sus vacaciones en Tahití, se subió en una limusina negra y se marchó acompañado de sus abogados, Olivier d'Antin y Luc Brossollet.
D'Antin explicó, por su parte, que Villepin decidirá si contesta o no la competencia de los jueces d'Huy y Pons más tarde, una vez que haya estudiado todo el sumario y los elementos en su contra. Sólo la Corte de Justicia de la República, una jurisdicción especial, está habilitada para investigar y juzgar a ex ministros por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Las sospechas
Los jueces d'Huy y Pons sospechan que Villepin pudo haber participado en 2004 en un montaje para desacreditar a Sarkozy, quien entonces no escondía sus aspiraciones a suceder a Jacques Chirac en el Elíseo, como así ha sido.
La supuesta implicación de Villepin en esa presunta trama se basa en las notas incautadas al general Philippe Rondot, a quien el primero le encargó una investigación confidencial sobre los listados, así como en las declaraciones del ex presidente del grupo EADS Jean-Louis Gergorin, uno de los cinco imputados en la causa.
Apenas cincuenta minutos pasó Villepin ante los magistrados instructores del llamado 'caso Clearstream', muy lejos de las diecisiete horas que duró su primera comparecencia ante los jueces Jean-Marie d'Huy y Henri Pons en diciembre de 2006. La diferencia estriba en que entonces compareció como simple testigo y respondió a todas sus preguntas, mientras que ayer fue con el paraguas de «testigo asistido» por dos abogados, y pidió y obtuvo de los jueces un aplazamiento para estudiar el voluminoso sumario, que ha acumulado veintiséis tomos en sus tres años de existencia.
Encausado además por «receptación de robo y de abuso de confianza», así como por «complicidad de uso de falsificación de documentos», se convierte en el primer político encausado en esa antigua trama para tratar presuntamente de cerrar el paso al Elíseo a Sarkozy, lo que da a este sumario un giro de «asunto de Estado».
Los jueces le han prohibido que se encuentre con el ex presidente francés, Jacques Chirac, o con los otros protagonistas de este asunto. En el control judicial que le han impuesto -y que el ex primer ministro ha recurrido- figura además una fianza de 200.000 euros, pero no incluye medidas coercitivas en cuanto a sus movimientos, por lo que podrá viajar sin cortapisas, según fuentes judiciales.
El que fuera jefe del Ejecutivo francés desde principios de junio de 2005 hasta el 17 de mayo pasado insistió ayer en que cuando encargó investigar en 2004 los listados de Clearstream lo hizo «estrictamente en el marco» de su «deber como ministro» de Asuntos Exteriores y luego de Interior, para «hacer frente a amenazas internacionales» que podían afectar a «intereses económicos» galos.
Esos listados de cuentas corrientes de políticos e industriales franceses en el extranjero, que luego se demostró que habían sido falsificados, hacían sospechar casos de corrupción al margen de una venta de seis fragatas francesas a Taiwán en 1991.
Con gesto grave, Villepin concluyó su breve declaración afirmando que esas acusaciones son «dolorosas para mí y para mi familia». Pero, como buen admirador de Napoleón que es, afirmó: «lucharé para que, durante la instrucción, la verdad pueda, por fin, aparecer y responderé naturalmente al conjunto de cuestiones que me sean planteadas» una vez que haya estudiado el dossier.
Luego recuperó su habitual sonrisa, más luminosa que de costumbre por el efecto del bronceado que ha adquirido durante sus vacaciones en Tahití, se subió en una limusina negra y se marchó acompañado de sus abogados, Olivier d'Antin y Luc Brossollet.
D'Antin explicó, por su parte, que Villepin decidirá si contesta o no la competencia de los jueces d'Huy y Pons más tarde, una vez que haya estudiado todo el sumario y los elementos en su contra. Sólo la Corte de Justicia de la República, una jurisdicción especial, está habilitada para investigar y juzgar a ex ministros por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Las sospechas
Los jueces d'Huy y Pons sospechan que Villepin pudo haber participado en 2004 en un montaje para desacreditar a Sarkozy, quien entonces no escondía sus aspiraciones a suceder a Jacques Chirac en el Elíseo, como así ha sido.
La supuesta implicación de Villepin en esa presunta trama se basa en las notas incautadas al general Philippe Rondot, a quien el primero le encargó una investigación confidencial sobre los listados, así como en las declaraciones del ex presidente del grupo EADS Jean-Louis Gergorin, uno de los cinco imputados en la causa.
