
Es la primera vez que la inteligencia española se enfrenta a un caso semejante. Lo dijo ayer en una larguísima rueda de prensa -la primera ofrecida por el CNI en toda la democracia--Alberto Sáiz, el jefe de los espías nacionales. Desveló que el doble agente, un hombre en la cuarentena, fue capaz de abrir un «gran agujero» en la institución; pero garantizó que la seguridad nacional nunca se vio comprometida. Ni siquiera durante los cerca de veintisiete meses en los que Flórez traicionó al país a cambio, aparentemente, de un suculento puñado de dólares.
La información que manejaba era, según Sáiz, sensible, pero se refería a procedimientos, estructuras internas del espionaje español, identidades de sus agentes y operaciones de contrainteligencia desarrolladas durante los últimos años del Gobierno de José María Aznar. Cuestiones que, a decir del director del CNI, sólo dañan a la institución -por más que resulte «difícil de comprender para quien no conozca los adentros del asunto»-, que han motivado cambios en la 'Casa' y que obligan ahora a «reinventar» un nuevo sistema de relación con la inteligencia rusa. En ningún caso Flórez desveló datos sobre las Fuerzas Armadas, el sistema de defensa, u organismo internacionales, al menos según la versión oficial del asunto.
En realidad, Sáiz no reconoció en ningún momento que Rusia fuera el beneficiario de la información sustraída, pero, según fuentes del ministerio de Exteriores, fue a este país al que Flórez ofreció de manera voluntaria y a iniciativa propia sus servicios.
El presunto traidor, que a lo largo de sus doce años en activo ocupó siempre puestos intermedios, pudo suministrar a la potencia extranjera la identidad de decenas de espías españoles, entre ellos la de los siete asesinados en una emboscada en Irak, en noviembre de 2003. El jefe de los servicios secretos se negó a confirmar este extremo por respeto a la instrucción judicial. Lo que sí aseguró, de manera insistente, es que no existe ninguna relación entre aquel atentado y la jugarreta de Flórez. Él nunca manejó, hasta donde han podido averiguar los encargados de la investigación, datos de la lucha antiterrorista, fuera o dentro de España. Porque no sólo trabajó en Madrid. De hecho, en abril fue acusado de espiar en Perú al que sería presidente del país andino, Alejandro Toledo.
En cualquier caso, el alcance del daño está por determinar. Alberto Sáiz -que llegó al CNI dos meses después de que el topo abandonara su puesto pero ha sido en este tiempo el máximo responsable de la investigación- dio por buenos todos los datos obtenidos a lo largo de casi dos años de indagaciones «complejas y difíciles», pero recordó que es la Justicia quien ahora debe hacer averiguaciones. Las pruebas de la fechoría obtenidas por sus hombres son inocuas a efectos jurídicos. Porque, aunque hayan servido para proceder a la detención del presunto delincuente, fueron obtenidas mediante técnicas de espionaje y sin control judicial.
Registro de pisos
La segunda parte de la historia, sin embargo, parece ir por buen camino, según fuentes de la fiscalía general del Estado. El registro de los domicilios de Flórez, ordenado este mismo martes por la juez encargada del caso, ha permitido encontrar «mucha documentación» relacionada con la denuncia. Una denuncia que llegó a manos del fiscal hace apenas tres semanas y que está fundada, de acuerdo con la versión del CNI, en una serie de indicios sólidos. Cuáles son es por el momento secreto oficial.
Alberto Sáiz tan sólo reveló que fue un acontecimiento acaecido en la primavera de 2005 lo que le hizo pensar que podía haber una fuga de información y que un análisis retrospectivo de hechos ocurridos con anterioridad le convencieron de que, lo que a simple vista parecían sucesos «sin trascendencia», estaban conectados entre sí. Que había «elementos de sobra para sospechar que teníamos un agujero de seguridad grande». Aún así, subrayó que no hay motivos para la preocupación. «Todas las cuestiones internas -dijo- tienen solución».






