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De la Vega cuestiona al fiscal general por el secuestro de 'El Jueves'
María Teresa Fernández de la Vega cuestionó ayer la decisión del fiscal general del Estado de secuestrar la revista satírica 'El Jueves' por posibles injurias a la Corona. La vicepresidenta señaló que el embargo de publicaciones es una figura jurídica «anclada» en el pasado que debería ser replanteada porque su «procedencia y eficacia» es «discutible» dada la naturaleza de los medios de comunicación modernos.
La vicepresidenta subrayó, en cualquier caso, que el embargo se solicitó y se ordenó al margen de la opinión del Ejecutivo y que la fiscalía actuó con «independencia de criterio». «El Gobierno cree que, como dice la primera enmienda de la Constitución estadounidense, la libertad de expresión no puede tener límites; eso no es incompatible con que deba convivir con otros derechos fundamentales como el derecho al honor, a la propia imagen o el respeto a las instituciones», matizó.
El fiscal general, Cándido Conde Pumpido, eludió pronunciarse sobre los planteamientos de De la Vega. Los próximos pasos de la Fiscalía irán encaminados a obtener declaración de los supuestos autores del delito: el dibujante Guillermo y el guionista Manel Fontedevilla. El juez les ha citado para mañana. Es posible que solicite también interrogar de algún directivo de la revista.
De momento, el PSOE no ha movido pieza alguna para suprimir el secuestro de publicaciones de la legislación. Izquierda Unida, en cambio, propondrá reformar el Código Penal; no para recolocar esta figura jurídica (como dijo la vicepresidenta primera) sino para eliminar el delito de injurias a la Corona. Porque, a juicio del coordinador general de la formación, Gaspar Llamazares, «la calificación de las acciones debe ser para el conjunto de las instituciones y no para una institución en concreto de forma más estricta».
La vicepresidenta subrayó, en cualquier caso, que el embargo se solicitó y se ordenó al margen de la opinión del Ejecutivo y que la fiscalía actuó con «independencia de criterio». «El Gobierno cree que, como dice la primera enmienda de la Constitución estadounidense, la libertad de expresión no puede tener límites; eso no es incompatible con que deba convivir con otros derechos fundamentales como el derecho al honor, a la propia imagen o el respeto a las instituciones», matizó.
El fiscal general, Cándido Conde Pumpido, eludió pronunciarse sobre los planteamientos de De la Vega. Los próximos pasos de la Fiscalía irán encaminados a obtener declaración de los supuestos autores del delito: el dibujante Guillermo y el guionista Manel Fontedevilla. El juez les ha citado para mañana. Es posible que solicite también interrogar de algún directivo de la revista.
De momento, el PSOE no ha movido pieza alguna para suprimir el secuestro de publicaciones de la legislación. Izquierda Unida, en cambio, propondrá reformar el Código Penal; no para recolocar esta figura jurídica (como dijo la vicepresidenta primera) sino para eliminar el delito de injurias a la Corona. Porque, a juicio del coordinador general de la formación, Gaspar Llamazares, «la calificación de las acciones debe ser para el conjunto de las instituciones y no para una institución en concreto de forma más estricta».
