lucha antiterrorista
La jueza británica aplaza un mes más su fallo sobre la extradición de los tres etarras de Sheffield
La defensa, que celebró el retraso como un triunfo, dice que en España pueden torturarles
INGLATERRA. Uno de los etarras detenidos en Sheffield es trasladado en un furgón policial. / EFE
La jueza del Tribunal de Webmister que estudia la solicitud de extradición a España de los presuntos miembros de ETA Iñigo Albisu, Zigor Ruiz y Ana López Monge aplazó hasta el 17 de agosto una decisión definitiva. La sorpresa saltó al final de un juicio que se prolongó por espacio de cuatro horas. Defensa y acusación confiaban en que la sentencia se daría a conocer ayer mismo. El retraso fue recibido como una victoria por los abogados que atienden a los acusados.
Caroline Tubbs, magistrada en la que ha recaído el caso, quiere estudiar parte de la argumentación esgrimida en la sesión por el abogado contratado por los tres supuestos integrantes de un comando «en la reserva» detenido a finales de abril en Sheffield. El prestigioso letrado Richard Gordon, especializado en Derechos Humanos y legislación comunitaria, sostiene que las autoridades españolas han incurrido en un «abuso del proceso» de extradición y en que, si son enviados a España, podrían sufrir «torturas», según explicó en la Sala.
«No fiarse»
Gordon recordó, además, el incidente entre la justicia británica y española por la extradición de otro activista de ETA, Iñigo Makazaga, juzgado en la Audiencia Nacional por un delito diferente al que se había cursado en su orden de extradición. «Una razón más para no fiarse de las autoridades españolas», sentenció. A su juicio, los responsables judiciales peninsulares incumplieron lo que se denomina «principio de especialidad», contemplado en el Convenio Europeo de Extradición.
La fiscal Melanie Cumberland, representante de los intereses españoles, rechazó todos estos argumentos y aseguró que la legislación española no sólo ha incorporado ya el principio de especialidad -por lo que los acusados podrían revocar una sentencia contraria de no aplicarse ese precepto-, sino que el juez Baltasar Garzón, quien firmó la euro-orden de arresto de los acusados, ha prometido cumplirlo.
Cumberland que, para acelerar la extradición basa todos sus argumentos en que España es un país que se atiene al Convenio Europeo de Derechos Humanos, insistió en que no hay pruebas de que ningún extraditado desde el Reino Unido ha sido «incomunicado» ni maltratado. Tras la vista de ayer, Albisu y Ruiz fueron conducidos a la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, y Ana López Monge a la de Bronzefield, donde permanecerán en prisión preventiva hasta el 17 de agosto.
Caroline Tubbs, magistrada en la que ha recaído el caso, quiere estudiar parte de la argumentación esgrimida en la sesión por el abogado contratado por los tres supuestos integrantes de un comando «en la reserva» detenido a finales de abril en Sheffield. El prestigioso letrado Richard Gordon, especializado en Derechos Humanos y legislación comunitaria, sostiene que las autoridades españolas han incurrido en un «abuso del proceso» de extradición y en que, si son enviados a España, podrían sufrir «torturas», según explicó en la Sala.
«No fiarse»
Gordon recordó, además, el incidente entre la justicia británica y española por la extradición de otro activista de ETA, Iñigo Makazaga, juzgado en la Audiencia Nacional por un delito diferente al que se había cursado en su orden de extradición. «Una razón más para no fiarse de las autoridades españolas», sentenció. A su juicio, los responsables judiciales peninsulares incumplieron lo que se denomina «principio de especialidad», contemplado en el Convenio Europeo de Extradición.
La fiscal Melanie Cumberland, representante de los intereses españoles, rechazó todos estos argumentos y aseguró que la legislación española no sólo ha incorporado ya el principio de especialidad -por lo que los acusados podrían revocar una sentencia contraria de no aplicarse ese precepto-, sino que el juez Baltasar Garzón, quien firmó la euro-orden de arresto de los acusados, ha prometido cumplirlo.
Cumberland que, para acelerar la extradición basa todos sus argumentos en que España es un país que se atiene al Convenio Europeo de Derechos Humanos, insistió en que no hay pruebas de que ningún extraditado desde el Reino Unido ha sido «incomunicado» ni maltratado. Tras la vista de ayer, Albisu y Ruiz fueron conducidos a la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, y Ana López Monge a la de Bronzefield, donde permanecerán en prisión preventiva hasta el 17 de agosto.
