
De acuerdo con el nuevo sistema, todos los automóviles que emitan menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro quedarán exentos de este pago. El tipo impositivo para aquellos que emitan entre 120 y 160 gramos será de un 4,75%, mientras que alcanzará el 9,75% para aquellos que alcancen cuotas de entre 160 y 200 gramos. Los que superen los 200 gramos por kilómetro tendrán un gravamen de 14,75%, así como los 'quads' y las motos acuáticas.
Actualmente, el impuesto de matriculación está establecido en dos tramos, en función de la cilindrada de los vehículos. Así, la tasa se sitúa en el 7% para coches de gasolina de menos de 1.600 centímetros cúbicos y vehículos diésel hasta 2.000, mientras que para los automóviles de cilindradas superiores el gravamen se eleva al 12%.
Según los datos de matriculaciones de 2006 tanto de turismos como de todoterrenos, sólo el 7,7% de los vehículos comercializados -125.662 unidades- emitía menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro, que tras la reforma quedarán exentos del impuesto. El 56% -915.775- se encontraba en la franja de 120 a 160 gramos, mientras que en torno a un 28% liberaba entre 160 y 200. Aparte, se vendieron unos 139.309 todoterrenos o similares -un 8,5%-, con emisiones superiores a los 200.
La patronal Anfac considera que la reforma fiscal tendrá un efecto neutro, de forma que no subirá ni bajará la recaudación con el impuesto de matriculación. Valora, además, positivamente que se aplique una rebaja a los turismos de gama media-baja, que son los más vendidos y fabricados en España, lo que favorecerá a la industria de automoción nacional. Asimismo, opina que contribuirá a reorientar la demanda hacia los vehículos menos contaminantes en detrimento de los que más CO2 emiten.
Críticas
Por contra, la asociación de concesionarios Faconauto criticó que la modificación del impuesto de matriculación puede provocar «distorsiones» sobre la demanda, en un momento en el que son precisamente los vehículos todoterreno y de alta gama los que están «tirando» del mercado. Esta organización también cree contradictoria la decisión de incentivar fiscalmente a los vehículos más 'ecológicos' y, por otro lado, suprimir el Plan Prever a partir de 2008, «obviando el efecto de rejuvenecimiento del parque español de este programa, con la retirada de los automóviles más viejos, contaminates y peligrosos».
El transporte es el sector en el que se espera lograr el grueso del ahorro energético contemplado en el plan de acción. En concreto, un 38% del total, que se estima en 87,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo -el equivalente al 60% del consumo de la energía primaria en España durante 2006- y permitirá reducir las emisiones de CO2 en 238 millones de toneladas.
Otro de los sectores en el que se va a actuar es en el residencial. Para predicar con el ejemplo, en los edificios de la Administración Pública se adoptarán medidas de ahorro energético como la regulación del uso de la electricidad, calderas y aire acondicionado. También se renovarán los vehículos del parque móvil público. De aquí a 2012 se espera que el 50% del transporte funcione con combustibles con un alto contenido de biocarburantes.
El Consejo de Ministros también aprobó el segundo Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisisión, que afecta a algunos sectores industriales, así como un real decreto para instalar generación eléctrica en el mar.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoció que este plan «no nos permite garantizar el 100% del cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto», a pesar de que «todos los ministerios han asumido su parte de responsabilidad». Para poder llegar más lejos, pidió la «ayuda de las comunidades autónomas y ayuntamientos». La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que este programa prueba que la lucha contra el cambio climático se ha convertido en prioridad para el Ejecutivo.






