caso irún
El juez llama a declarar como imputados a la esposa de Bravo, a su socio y a una funcionaria
Los tres acusados por el presunto fraude de Hacienda deberán comparecer ante el juzgado el próximo 1 de agosto
24.07.07 - 12:48 -
El juzgado que instruye el presunto fraude en la Hacienda de Irun ha citado a declarar como imputados a Rosa Cobos, la esposa del ex director de la oficina tributaria de esa localidad José María Bravo, a su socio Pedro Atristain, y a la funcionaria Pilar Gracenea. En una providencia fechada ayer, el Juzgado de Instrucción 2 de Irún llama a comparecer el próximo día 1 de agosto a Atristain y a Cobos, a las diez y media y a las doce del mediodía, respectivamente. Asimismo, cita al día siguiente a Gracenea, a las diez y media de la mañana.
Pilar Gracenea trabajó en las oficinas de Hacienda de Irun y San Sebastián junto a José María Bravo, principal imputado en el caso, quien ingresó el pasado día 11 en la cárcel de Martutene tras negarse a declarar ante la juez que instruye el caso, y ante la aparición de nuevos indicios que "agravan notablemente la importancia el delito" presuntamente cometido por el procesado.
Las investigaciones apuntan a que, como consecuencia de las presuntas prácticas ilegales, la Hacienda guipuzcoana habría dejado de ingresar unos cinco millones de euros. Para encubrir la presunta procedencia ilícita del dinero, los acusados, según la Fiscalía, se sirvieron de, por lo menos, 16 empresas mercantiles y de 14 bienes inmuebles.
Pilar Gracenea trabajó en las oficinas de Hacienda de Irun y San Sebastián junto a José María Bravo, principal imputado en el caso, quien ingresó el pasado día 11 en la cárcel de Martutene tras negarse a declarar ante la juez que instruye el caso, y ante la aparición de nuevos indicios que "agravan notablemente la importancia el delito" presuntamente cometido por el procesado.
Las investigaciones apuntan a que, como consecuencia de las presuntas prácticas ilegales, la Hacienda guipuzcoana habría dejado de ingresar unos cinco millones de euros. Para encubrir la presunta procedencia ilícita del dinero, los acusados, según la Fiscalía, se sirvieron de, por lo menos, 16 empresas mercantiles y de 14 bienes inmuebles.
