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Sociedad

presentado el 19 de junio
El TC rechaza tramitar el recurso valenciano contra el Estatuto de Andalucía
La Generalitat recurrió al considerar que el sistema de financiación andaluz recogido en el texto vulnera la Constitución
17.07.07 - 11:45 -
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El TC rechaza tramitar el recurso valenciano contra el Estatuto de Andalucía
Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. /ARCHIVO
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido no admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat Valenciana contra una de las disposiciones del nuevo Estatuto de Andalucía.

El Gobierno valenciano presentó el pasado 19 de junio el recurso, tras recibir el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que entendía, como el Ejecutivo de la Generalitat, que el sistema de financiación vulnera la Constitución. En concreto, se presentó contra el apartado segundo de la Disposición adicional tercera del Estatuto, aunque ahora el Tribunal Constitucional ha acordado "inadmitir a trámite" el recurso. Esta disposición contempla que la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años.

La Generalitat pidió al TC que estudiara "la incongruencia" entre los Estatutos de Andalucía y Cataluña, al fijar criterios diferentes para calcular las inversiones del Estado en estas dos autonomías, ya que en el caso catalán se fijan las aportaciones del Gobierno central en función del peso del PIB catalán sobre el conjunto nacional.

El TC señala que la Generalitat "explícitamente considera que el precepto estatutario impugnado es plenamente constitucional", si bien solicitaba al Constitucional que se pronunciase sobre "la contradicción" entre las reformas andaluza y catalana en materia de inversiones. Esta petición, para el TC, "resulta extravagante y ajena a la jurisdicción constitucional".

El TC sí admitió a trámite recientemente el recurso contra el Estatuto de Andalucía de la Junta de Extremadura, que considera que el texto vulnera la Carta Magna, al atribuirse competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir.
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