VIZCAYA
Un juez da un respiro a una familia vizcaína endeudada al admitir su bancarrota
El Juzgado de lo Mercantil reconoce la situación de quiebra de los afectados y el embargo de su chalé queda paralizado
16.07.07 -
LA LEGISLACIÓN
Salir de la bancarrota no es una quimera. Una familia vizcaína camina ya hacia la victoria judicial tras declararse en quiebra patrimonial. El juez acaba de admitir a trámite la solicitud del matrimonio de acogerse al procedimiento concursal -la antigua suspensión de pagos-.
La decisión ha dado un respiro a los afectados. Estaban ahogados por sus deudas y ahora ven cómo, al menos, el déficit no crece sin remisión. Automáticamente, el pago de los intereses acumulados ha quedado aplazado 'sine die' con este auto del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao y el embargo de su chalé, que era cuestión de días, tendrá que esperar.
La deuda de esta familia de Plentzia supera los 800.000 euros. Su único patrimonio es la vivienda unifamiliar, valorada hace dos años en 474.237 euros, y sus ingresos mensuales ya no llegaban para pagar los plazos establecidos en cuatro préstamos en vigor, a los que se le unen dos deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y una con la Diputación. Los intereses suben sin parar hasta alcanzar la friolera de 350 euros al día. No quedaba otra salida que acudir a la vía concursal y esperar a que los acreedores renuncien a parte del pastel económico que les corresponde.
«Situación extrema»
No es un hecho aislado. El caso de esta familia «es un ejemplo de situación extrema aplicable a muchas personas», valora Joaquín Gutiérrez, gerente de Río Asociados, el despacho de Barakaldo que defiende a los afectados. Todo este proceso de suspensión de pagos será viable, según el abogado, por la gran diferencia existente entre la cantidad adeudada y el patrimonio. El marido cobra más de 4.000 euros al mes y su única posesión es el chalé donde reside con su mujer.
Ahora, el juez se encargará de poner orden entre los acreedores. Dictará un auto de declaración del concurso y nombrará a un administrador concursal, quien en el plazo de dos meses deberá presentar un informe económico. Ahí figurará «toda la documentación relacionada con el asunto», tal y como detalla la abogada Vanesa Llorente.
Con ese estudio en la mano, se abrirá la fase de convenio para la liquidación de bienes. «Se establecen algunas limitaciones, como intereses no superiores al 50% del importe de los créditos», ahonda la letrada. La Justicia tendrá de nuevo la última palabra.
Hasta 2004, siempre que se hablaba de quiebra las implicadas eran empresas. En septiembre de aquel ejercicio la situación cambió y la legislación permitió que las familias -personas físicas- se declararan insolventes en busca de amparo.
2.000 euros de hipoteca
La gran ventaja de esta opción es que se puede aplazar la deuda durante cinco años, lo que permite a los afectados adaptarse a su nueva vida. Además, permite que se abone «una cantidad bastante menor de la adeudada» a través de la negociación para división de los pagos.
No es tan extraño llegar a una situación financiera tan caótica. Al parecer, a la familia vizcaína que reside en un chalé le sobrevinieron numerosos problemas de salud que les hicieron pedir préstamos por doquier. Pagaban más de 2.000 euros de hipoteca y se embarcaron en dos créditos con garantía hipotecaria. Después llegó otro préstamo y las deudas con las instituciones.
Ni con la venta del coche pudieron parar la sangría deficitaria. Y los acreedores comenzaron una dura batalla por cobrar. Hasta el punto que «el tercero en la lista le compró los derechos al primero» para recibir el dinero cuanto antes.
La decisión ha dado un respiro a los afectados. Estaban ahogados por sus deudas y ahora ven cómo, al menos, el déficit no crece sin remisión. Automáticamente, el pago de los intereses acumulados ha quedado aplazado 'sine die' con este auto del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao y el embargo de su chalé, que era cuestión de días, tendrá que esperar.
La deuda de esta familia de Plentzia supera los 800.000 euros. Su único patrimonio es la vivienda unifamiliar, valorada hace dos años en 474.237 euros, y sus ingresos mensuales ya no llegaban para pagar los plazos establecidos en cuatro préstamos en vigor, a los que se le unen dos deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y una con la Diputación. Los intereses suben sin parar hasta alcanzar la friolera de 350 euros al día. No quedaba otra salida que acudir a la vía concursal y esperar a que los acreedores renuncien a parte del pastel económico que les corresponde.
«Situación extrema»
No es un hecho aislado. El caso de esta familia «es un ejemplo de situación extrema aplicable a muchas personas», valora Joaquín Gutiérrez, gerente de Río Asociados, el despacho de Barakaldo que defiende a los afectados. Todo este proceso de suspensión de pagos será viable, según el abogado, por la gran diferencia existente entre la cantidad adeudada y el patrimonio. El marido cobra más de 4.000 euros al mes y su única posesión es el chalé donde reside con su mujer.
Ahora, el juez se encargará de poner orden entre los acreedores. Dictará un auto de declaración del concurso y nombrará a un administrador concursal, quien en el plazo de dos meses deberá presentar un informe económico. Ahí figurará «toda la documentación relacionada con el asunto», tal y como detalla la abogada Vanesa Llorente.
Con ese estudio en la mano, se abrirá la fase de convenio para la liquidación de bienes. «Se establecen algunas limitaciones, como intereses no superiores al 50% del importe de los créditos», ahonda la letrada. La Justicia tendrá de nuevo la última palabra.
Hasta 2004, siempre que se hablaba de quiebra las implicadas eran empresas. En septiembre de aquel ejercicio la situación cambió y la legislación permitió que las familias -personas físicas- se declararan insolventes en busca de amparo.
2.000 euros de hipoteca
La gran ventaja de esta opción es que se puede aplazar la deuda durante cinco años, lo que permite a los afectados adaptarse a su nueva vida. Además, permite que se abone «una cantidad bastante menor de la adeudada» a través de la negociación para división de los pagos.
No es tan extraño llegar a una situación financiera tan caótica. Al parecer, a la familia vizcaína que reside en un chalé le sobrevinieron numerosos problemas de salud que les hicieron pedir préstamos por doquier. Pagaban más de 2.000 euros de hipoteca y se embarcaron en dos créditos con garantía hipotecaria. Después llegó otro préstamo y las deudas con las instituciones.
Ni con la venta del coche pudieron parar la sangría deficitaria. Y los acreedores comenzaron una dura batalla por cobrar. Hasta el punto que «el tercero en la lista le compró los derechos al primero» para recibir el dinero cuanto antes.
