El Correo Digital

El fiscal general del Reino cree que las contradicciones son delito y, consecuente con esa teoría, denunció en su día al PP ante el Supremo por haber impugnado en cuarenta puntos el nuevo Estatuto catalán, pero no hace otro tanto con el andaluz que -según el mismo fiscal general del Reino- contiene exactamente los mismos artículos que al PP le parecen inaceptables en el primero. Puede estar tranquilo el lector. No es mi intención enredarme en las diferencias que existen entre el articulado de ambos estatutos ni entre las distintas consecuencias que se derivan de uno y otro sino sólo adentrarme en un terreno que el Alto Tribunal ha pasado por alto y ni se ha dignado pisar. El Supremo le ha explicado con pedagógica paciencia a Conde-Pumpido que incluso aunque haya artículos que parecen los mismos en uno y otro estatuto su efecto y su alcance varía debido a otros que les preceden y que conforman un diferente contexto. Pero yo iría todavía un poco más lejos sin salirme del ámbito penal. A mí lo que me asombra es que un fiscal -y además general- juzgue delictivo el simple hecho de que uno impugne a unos y no impugne a otros que tienen los mismos méritos para ser impugnados.

Yo creo que el Supremo no va al fondo de la cuestión al argumentarle a Conde-Pumpido por qué debe desestimarse su pintoresca denuncia al PP. Yo creo que la verdadera razón, antes de entrar en las comparaciones estatutarias, es que la incoherencia no está de momento penada en este país. Y es que, aunque, en efecto, pudieran hallarse las mismas razones para impugnar el Estatuto andaluz que para impugnar el catalán, uno tiene derecho a impugnar lo que quiera, así como a reservarse ese derecho pese a incurrir en una contradicción. El asunto es grave y yo diría que hasta temible porque al no aclararle el Tribunal Supremo a todo un fiscal general que la contradicción no es delito en España se da por hecho que sí lo es y, de este modo, podría iniciarse una persecución sin precedentes en las facultades de Teología o en las cátedras de Lógica y acabar en el banquillo hasta el propio Unamuno, que no sólo fardaba de contradictorio sino que hasta llegó a hacer doctrina de la contradicción así como a resumir ésta en un célebre soneto en el que nos terminaba diciendo -cito a Unamuno con el permiso del alcalde Azkuna- que tenemos que vivir «con razón, sin razón o contra ella».

El Supremo no le ha desmentido a Conde-Pumpido que la contradicción sea ilegal en España y la sentencia puede sentar jurisprudencia. El PP se acaba de librar esta vez por los pelos, pero uno teme por toda la clase política, por todos los jueces supremos, por todos los fiscales generales y particulares. Yo creo que con esta nueva 'Ley contra la Incoherencia de Género' van a sufrir más que los fumadores con la Ley Antitabaco.