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La dura legislación británica ha permitido la condena de 220 extremistas desde el 11-S
Errores del sistema penitenciario, la concesión de asilo y la insistencia en preservar el derecho propio se revelan como flancos más vulnerables Londres no suele cotejar las bases de datos internacionales
LA POLICÍA acordona las calles alrededor de Haymarket en el centro de Londres tras neutralizar un coche bomba el pasado 29 de junio. / AFP
Las progresivas revisiones de las leyes antiterroristas que ha hecho el Reino Unido desde el 11-S han dotado a este país de una dura legislación que ha permitido en este tiempo la condena de 220 personas por delitos relacionados con el terrorismo, mientras que cerca de cien esperan la celebración del juicio.
El nuevo primer ministro, Gordon Brown, desea ahora ampliar el periodo máximo de 28 días de detención sin cargos de presuntos terroristas, plazo que Tony Blair no pudo elevar más ante el rechazo del Parlamento debido a la oposición de un elevado número de diputados laboristas.
Pero mientras el Gobierno, especialmente tras el 7-J, ha liderado la tipificación de nuevos delitos, como la apología del terrorismo y la distribución de material extremista, errores en el sistema penitenciario y de concesión de asilo, la insistencia en preservar el derecho propio, con escasa convergencia con el europeo, y la desconfianza en organizaciones internacionales como Interpol han dejado al mismo tiempo algunos flancos vulnerables.
Por ejemplo, el director general de Interpol, Ronald Noble, ha cuestionado los controles antiterroristas en las fronteras británicas, pues las autoridades de Londres no suelen cotejar las bases de datos internacionales. Según Noble, mientras Francia consulta 700.000 veces al mes, el Reino Unido lo hace sólo cincuenta. «No hemos recibido ni un nombre, ni una huella dactilar, ni un número de teléfono, no hemos recibido nada del Reino Unido en relación con los últimos intentos de atentado terrorista», ha señalado Noble.
Ante esas críticas, la nueva ministra del Interior, Jacqui Smith, se ha comprometido a mejorar el registro y a compartir los datos de criminalidad con los demás países de la UE. El Gobierno considera, en cualquier caso, que los casos judiciales mantenidos en los últimos años avalan la solidez de la legislación británica.
Desde 2001, los tribunales han condenado a cuarenta personas implicadas en conspiraciones terroristas. De ellas, once han recibido sentencias de cadena perpetua, como los cuatro terroristas del 21-J condenados la pasada semana. Otros 180 extremistas responsables de delitos vinculados con el terrorismo han sido encarcelados, mientras que 98 se encuentran en espera del juicio. En estos casi seis años se han realizado 1.166 detenciones.
Estas elevadas cifras han generado un problema en las cárceles, donde la concentración de elementos radicales islámicos parece ser foco de reclutamiento. Ya ocurrió, por ejemplo, con Mukhtar Said Ibrahim, el líder del 21-J, y con Richard Reid, conocido como el terrorista del zapato bomba, que se apuntaron a la causa islamista tras su paso por prisión. Ambos se radicalizaron al entrar en contacto con un imán encerrado en la cárcel de Feltham.
Ordenanzas estrictas
El Gobierno está endureciendo las ordenanzas penitenciales para evitar que el sistema carcelario se convierta en caldo de cultivo terrorista. Así, ha elevado el presupuesto para la traducción de todo texto árabe que entra en las celdas, revisando incluso las páginas de ejemplares del Corán. También ha exigido a los 36 imanes que trabajan en las cárceles para asistir espiritualmente a los reclusos que pronuncien sus discurso en inglés, para asegurarse de que no emiten proclamas radicales.
La batalla por mayores restricciones es contestada por grupos de derechos civiles y gran parte del Parlamento, alegando que se está vulnerando el tradicional respeto británico por la libertad individual. Ese movimiento, en el que participan los liberal-demócratas y en ocasiones los conservadores, se opone al plan gubermental para introducir un carnet de identidad. Según los 'tories', el DNI no impidió la matanza del 11-M madrileño.
Hasta 4.000 extremistas presentes en el Reino Unido han asistido a campos de entrenamiento terrorista en Afganistán, reveló ayer el dominical 'The Sunday Telegraph'. «Hay entre 3.000 y 4.000 personas que viajaron del Reino Unido a Afganistán y luego regresaron. La pregunta importante es: '¿dónde están ahora?'», declaró una fuente de los servicios de seguridad al rotativo.
El nuevo primer ministro, Gordon Brown, desea ahora ampliar el periodo máximo de 28 días de detención sin cargos de presuntos terroristas, plazo que Tony Blair no pudo elevar más ante el rechazo del Parlamento debido a la oposición de un elevado número de diputados laboristas.
Pero mientras el Gobierno, especialmente tras el 7-J, ha liderado la tipificación de nuevos delitos, como la apología del terrorismo y la distribución de material extremista, errores en el sistema penitenciario y de concesión de asilo, la insistencia en preservar el derecho propio, con escasa convergencia con el europeo, y la desconfianza en organizaciones internacionales como Interpol han dejado al mismo tiempo algunos flancos vulnerables.
Por ejemplo, el director general de Interpol, Ronald Noble, ha cuestionado los controles antiterroristas en las fronteras británicas, pues las autoridades de Londres no suelen cotejar las bases de datos internacionales. Según Noble, mientras Francia consulta 700.000 veces al mes, el Reino Unido lo hace sólo cincuenta. «No hemos recibido ni un nombre, ni una huella dactilar, ni un número de teléfono, no hemos recibido nada del Reino Unido en relación con los últimos intentos de atentado terrorista», ha señalado Noble.
Ante esas críticas, la nueva ministra del Interior, Jacqui Smith, se ha comprometido a mejorar el registro y a compartir los datos de criminalidad con los demás países de la UE. El Gobierno considera, en cualquier caso, que los casos judiciales mantenidos en los últimos años avalan la solidez de la legislación británica.
Desde 2001, los tribunales han condenado a cuarenta personas implicadas en conspiraciones terroristas. De ellas, once han recibido sentencias de cadena perpetua, como los cuatro terroristas del 21-J condenados la pasada semana. Otros 180 extremistas responsables de delitos vinculados con el terrorismo han sido encarcelados, mientras que 98 se encuentran en espera del juicio. En estos casi seis años se han realizado 1.166 detenciones.
Estas elevadas cifras han generado un problema en las cárceles, donde la concentración de elementos radicales islámicos parece ser foco de reclutamiento. Ya ocurrió, por ejemplo, con Mukhtar Said Ibrahim, el líder del 21-J, y con Richard Reid, conocido como el terrorista del zapato bomba, que se apuntaron a la causa islamista tras su paso por prisión. Ambos se radicalizaron al entrar en contacto con un imán encerrado en la cárcel de Feltham.
Ordenanzas estrictas
El Gobierno está endureciendo las ordenanzas penitenciales para evitar que el sistema carcelario se convierta en caldo de cultivo terrorista. Así, ha elevado el presupuesto para la traducción de todo texto árabe que entra en las celdas, revisando incluso las páginas de ejemplares del Corán. También ha exigido a los 36 imanes que trabajan en las cárceles para asistir espiritualmente a los reclusos que pronuncien sus discurso en inglés, para asegurarse de que no emiten proclamas radicales.
La batalla por mayores restricciones es contestada por grupos de derechos civiles y gran parte del Parlamento, alegando que se está vulnerando el tradicional respeto británico por la libertad individual. Ese movimiento, en el que participan los liberal-demócratas y en ocasiones los conservadores, se opone al plan gubermental para introducir un carnet de identidad. Según los 'tories', el DNI no impidió la matanza del 11-M madrileño.
Hasta 4.000 extremistas presentes en el Reino Unido han asistido a campos de entrenamiento terrorista en Afganistán, reveló ayer el dominical 'The Sunday Telegraph'. «Hay entre 3.000 y 4.000 personas que viajaron del Reino Unido a Afganistán y luego regresaron. La pregunta importante es: '¿dónde están ahora?'», declaró una fuente de los servicios de seguridad al rotativo.
