POLÍTICA
El tripartito quiere hacer del referéndum el eje político del resto de la legislatura
Serviría para forzar el fin de ETA y a la vez subrayar el derecho a decidir
15.07.07 -
La portavoz Azkarate con Azkarraga y Madrazo, en una reciente comparecencia. / IGOR AIZPURU
La intención del Gabinete Ibarretxe de recuperar la iniciativa política es un hecho, a pesar del abierto rechazo de Josu Jon Imaz a sus planes. El lehendakari y su consejo político -integrado por los 'hombres fuertes' de EA y EB en el Gobierno, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo- se afanan en buscar la fórmula para convocar una consulta popular antes de la primavera de 2009 y cumplir así uno de los compromisos centrales del acuerdo de gobierno, incluso aunque no se haya alcanzado el pacto político previo que contemplaba el texto. Ibarretxe y sus socios pretenden hacer de la consulta, según distintas fuentes del tripartito consultadas, el auténtico eje central sobre el que pivote la estrategia del Gobierno vasco y su «reto» más importante para la segunda mitad de la legislatura.
Según estos medios, aunque aún no está ni mucho menos decidido el formato y contenido de la pregunta o preguntas que se plantearán a la ciudadanía vasca, desde luego, no girarán, en puridad, en torno al fallido plan Ibarretxe. El Gobierno aspira a que los electores se pronuncien sobre el derecho de los vascos a «decidir libremente su futuro» y dejen constancia además del compromiso de la sociedad vasca «con los derechos humanos» y de su mayoritario rechazo a ETA. Este último componente serviría a su vez para soslayar la exigencia que los propios socios se autoimpusieron de celebrar la consulta «en ausencia de violencia». Un pronunciamiento inequívoco de los vascos en contra de la banda -argumentan en el entorno del lehendakari- serviría para «deslegitimar radicalmente» el uso de las armas y contribuiría además -añaden fuentes de EA- a crear de nuevo las condiciones necesarias para un escenario de paz. Ése es precisamente el temor de Imaz, que cree que los terroristas podrían utilizar la consulta como coartada para declarar una nueva tregua y retomar la violencia después si no hay acuerdo con el Estado.
Combatir la abstención
Uno de los mayores fantasmas que acechan a la iniciativa 'estrella' de Ibarretxe -que explicitará con detalle a finales de septiembre- es el de la baja participación, máxime teniendo en cuenta la experiencia catalana: en el referéndum sobre el Estatut, la abstención rebasó el 50%. El Gabinete vasco no quiere que ese desapego de los electores se repita en Euskadi, y por ello entiende que es preciso que la pregunta que se someta a plebiscito sea lo suficientemente abierta y genérica como para resultar «inclusiva» y generar un consenso amplio, más allá de quienes simpatizan con el PNV, EA o EB.
Una vez asumido que ni la izquierda abertzale ni los socialistas, ni mucho menos los populares, pedirán jamás el voto afirmativo en el referéndum de Ibarretxe, el tripartito aspira a atraer al menos hacia sus tesis a una bolsa significativa de votantes de las sucesivas marcas de Batasuna -al preguntar sobre la autodeterminación- y del PSE más vasquista, que, según los cálculos del tripartito, vería con buenos ojos que se dé la palabra a los vascos sobre la base de una clara condena de la violencia de ETA.
Según la legalidad vigente, el Gobierno de Vitoria requeriría del permiso del Ministerio de Administraciones Públicas para poder convocar el referéndum y para que sus resultados adquiriesen carta de naturaleza jurídicamente vinculante. No obstante, en el tripartito admiten que es harto complicado que el pronunciamiento de los electores gane validez legal, pero sí confian en su «preceptividad política y moral». Es decir, en poder utilizar el resultado para cargarse de razones a la hora de impulsar sus tesis. Fuentes de EA apuntan que existe un «documento privado» firmado como apéndice al pacto de coalición con el PNV en 2005 en el que se fija una «fecha tope» para celebrar la consulta.
La que sí parece descartada es la idea que lanzó el secretario general de EA, Unai Ziarreta, de reactivar el plan Ibarretxe siguiendo los mismos pasos que se dieron hace dos años sin éxito. Los medios consultados creen contraproducente someter el proyecto a un nuevo test parlamentario en Vitoria y sostienen que la vía más operativa para avanzar en clave soberanista es jugar la baza de la consulta. En una entrevista que hoy publica 'El Diario Vasco', Madrazo insiste, de hecho, en que esta será la legislatura «de la consulta, no del plan», y recalca que debe servir para «reconocer el derecho de decisión y forzar el fin de ETA».
Según estos medios, aunque aún no está ni mucho menos decidido el formato y contenido de la pregunta o preguntas que se plantearán a la ciudadanía vasca, desde luego, no girarán, en puridad, en torno al fallido plan Ibarretxe. El Gobierno aspira a que los electores se pronuncien sobre el derecho de los vascos a «decidir libremente su futuro» y dejen constancia además del compromiso de la sociedad vasca «con los derechos humanos» y de su mayoritario rechazo a ETA. Este último componente serviría a su vez para soslayar la exigencia que los propios socios se autoimpusieron de celebrar la consulta «en ausencia de violencia». Un pronunciamiento inequívoco de los vascos en contra de la banda -argumentan en el entorno del lehendakari- serviría para «deslegitimar radicalmente» el uso de las armas y contribuiría además -añaden fuentes de EA- a crear de nuevo las condiciones necesarias para un escenario de paz. Ése es precisamente el temor de Imaz, que cree que los terroristas podrían utilizar la consulta como coartada para declarar una nueva tregua y retomar la violencia después si no hay acuerdo con el Estado.
Combatir la abstención
Uno de los mayores fantasmas que acechan a la iniciativa 'estrella' de Ibarretxe -que explicitará con detalle a finales de septiembre- es el de la baja participación, máxime teniendo en cuenta la experiencia catalana: en el referéndum sobre el Estatut, la abstención rebasó el 50%. El Gabinete vasco no quiere que ese desapego de los electores se repita en Euskadi, y por ello entiende que es preciso que la pregunta que se someta a plebiscito sea lo suficientemente abierta y genérica como para resultar «inclusiva» y generar un consenso amplio, más allá de quienes simpatizan con el PNV, EA o EB.
Una vez asumido que ni la izquierda abertzale ni los socialistas, ni mucho menos los populares, pedirán jamás el voto afirmativo en el referéndum de Ibarretxe, el tripartito aspira a atraer al menos hacia sus tesis a una bolsa significativa de votantes de las sucesivas marcas de Batasuna -al preguntar sobre la autodeterminación- y del PSE más vasquista, que, según los cálculos del tripartito, vería con buenos ojos que se dé la palabra a los vascos sobre la base de una clara condena de la violencia de ETA.
Según la legalidad vigente, el Gobierno de Vitoria requeriría del permiso del Ministerio de Administraciones Públicas para poder convocar el referéndum y para que sus resultados adquiriesen carta de naturaleza jurídicamente vinculante. No obstante, en el tripartito admiten que es harto complicado que el pronunciamiento de los electores gane validez legal, pero sí confian en su «preceptividad política y moral». Es decir, en poder utilizar el resultado para cargarse de razones a la hora de impulsar sus tesis. Fuentes de EA apuntan que existe un «documento privado» firmado como apéndice al pacto de coalición con el PNV en 2005 en el que se fija una «fecha tope» para celebrar la consulta.
La que sí parece descartada es la idea que lanzó el secretario general de EA, Unai Ziarreta, de reactivar el plan Ibarretxe siguiendo los mismos pasos que se dieron hace dos años sin éxito. Los medios consultados creen contraproducente someter el proyecto a un nuevo test parlamentario en Vitoria y sostienen que la vía más operativa para avanzar en clave soberanista es jugar la baza de la consulta. En una entrevista que hoy publica 'El Diario Vasco', Madrazo insiste, de hecho, en que esta será la legislatura «de la consulta, no del plan», y recalca que debe servir para «reconocer el derecho de decisión y forzar el fin de ETA».
