lucha contra eta
La Fiscalía pedirá 44 años de cárcel para 'Kantauri' por crear el comando que planeó matar a Atutxa
Solicitará, además, 60 años de prisión para el dirigente etarra José María Arregi, 'Fiti', por intentar asesinar al comisario de la Expo-92
23.07.07 - 12:11 -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá 44 años de prisión para el ex responsable del aparato militar de ETA José Javier Arizcuren, 'Kantauri', por la creación del comando 'Araba', que entre otros atentados planeó asesinar al ex consejero de Interior del Gobierno vasco Juan María Atutxa. El fiscal que lleva la causa, Jesús Alonso, le atribuye los delitos de integración en banda armada, depósito de armas, tenencia de explosivos y falsedad documental.
De acuerdo con sus conclusiones provisionales, 'Kantauri' se encargó de la creación del 'comando Araba', cuyo objetivo era llevar a cabo diversas acciones terroristas en Álava, entre ellas el asesinato de Atutxa, atentado que ha sido excluido del decreto de extradición de Francia y, por tanto, no es objeto de acusación.
Los miembros del comando -Agustín Almaraz y Juan Ignacio Alonso, además de proyectar el atentado contra el que fue responsable de Interior del Ejecutivo vaso, que finalmente no se llevó a efecto al no recibir en su momento el fusil con el que iban a matarlo y ser detenidos el 25 de diciembre de 1995, también vigilaron a un Policía Nacional, entre otros objetivos.
En los cinco registros domiciliarios que se realizaron posteriormente a los arrestos en diferentes localidades del País Vasco , la Policía se incautó de diverso material como 173 kilos de amonal, pistolas, subfusiles y municiones, además de documentos de identidad y de conducir falsos y placas de matrícula igualmente falsas. El procesado, que fue entregado a España el 7 de noviembre de 2006, se sentará en el banquillo el próximo viernes.
Expo-92
Por otro lado, la Fiscalía pedirá 60 años de prisión para el dirigente etarra José María Arregi, 'Fiti', por intentar asesinar al comisario de la Expo-92, Manuel Olivencia, en 1990, mediante el envío de un paquete-bomba, que al ser abierto causó heridas a dos empleados de la organización.
De acuerdo con las conclusiones provisionales del fiscal de la causa, Ignacio Gordillo, Arregi, entonces máximo responsable del aparato logístico de ETA, remitió desde Burgos un paquete-bomba con membrete del departamento de Cultura del Gobierno vasco dirigido a Manuel Olivencia "con la intención de causarle la muerte".
El mencionado paquete, con matasellos de Vitoria, contenía un artefacto explosivo compuesto por 150 gramos de amosal y metralla, que había sido colocado en el interior de un libro hueco, el cual había sido previamente vaciado.
El 19 de abril de 1990, la administrativa encargada de la correspondencia en la sede de la Expo-92 en Sevilla procedió a abrir el envío, momento en el que estalló el artefacto, lo que le causó, entre otras heridas, la amputación de su mano izquierda. Debido a sus lesiones, se acordó la invalidez absoluta permanente de la trabajadora. La explosión del paquete también ocasionó heridas a un conserje, quien sufrió pérdida de audición temporal.
Además de la petición de 20 años de prisión por tres delitos de asesinato frustrado, el fiscal solicitará en el juicio que se celebrará el miércoles el pago de una indemnización de 600.000 euros para la administrativa, otros 3.000 para el conserje y una cantidad de 199 euros para la entidad Expo-92. Se pide también que se le prohíba acercarse al lugar de residencia de las víctimas durante un periodo de cinco años después de cumplida la pena.
De acuerdo con sus conclusiones provisionales, 'Kantauri' se encargó de la creación del 'comando Araba', cuyo objetivo era llevar a cabo diversas acciones terroristas en Álava, entre ellas el asesinato de Atutxa, atentado que ha sido excluido del decreto de extradición de Francia y, por tanto, no es objeto de acusación.
Los miembros del comando -Agustín Almaraz y Juan Ignacio Alonso, además de proyectar el atentado contra el que fue responsable de Interior del Ejecutivo vaso, que finalmente no se llevó a efecto al no recibir en su momento el fusil con el que iban a matarlo y ser detenidos el 25 de diciembre de 1995, también vigilaron a un Policía Nacional, entre otros objetivos.
En los cinco registros domiciliarios que se realizaron posteriormente a los arrestos en diferentes localidades del País Vasco , la Policía se incautó de diverso material como 173 kilos de amonal, pistolas, subfusiles y municiones, además de documentos de identidad y de conducir falsos y placas de matrícula igualmente falsas. El procesado, que fue entregado a España el 7 de noviembre de 2006, se sentará en el banquillo el próximo viernes.
Expo-92
Por otro lado, la Fiscalía pedirá 60 años de prisión para el dirigente etarra José María Arregi, 'Fiti', por intentar asesinar al comisario de la Expo-92, Manuel Olivencia, en 1990, mediante el envío de un paquete-bomba, que al ser abierto causó heridas a dos empleados de la organización.
De acuerdo con las conclusiones provisionales del fiscal de la causa, Ignacio Gordillo, Arregi, entonces máximo responsable del aparato logístico de ETA, remitió desde Burgos un paquete-bomba con membrete del departamento de Cultura del Gobierno vasco dirigido a Manuel Olivencia "con la intención de causarle la muerte".
El mencionado paquete, con matasellos de Vitoria, contenía un artefacto explosivo compuesto por 150 gramos de amosal y metralla, que había sido colocado en el interior de un libro hueco, el cual había sido previamente vaciado.
El 19 de abril de 1990, la administrativa encargada de la correspondencia en la sede de la Expo-92 en Sevilla procedió a abrir el envío, momento en el que estalló el artefacto, lo que le causó, entre otras heridas, la amputación de su mano izquierda. Debido a sus lesiones, se acordó la invalidez absoluta permanente de la trabajadora. La explosión del paquete también ocasionó heridas a un conserje, quien sufrió pérdida de audición temporal.
Además de la petición de 20 años de prisión por tres delitos de asesinato frustrado, el fiscal solicitará en el juicio que se celebrará el miércoles el pago de una indemnización de 600.000 euros para la administrativa, otros 3.000 para el conserje y una cantidad de 199 euros para la entidad Expo-92. Se pide también que se le prohíba acercarse al lugar de residencia de las víctimas durante un periodo de cinco años después de cumplida la pena.
