ARTÍCULOS
Un año de guerra
13.07.07 -
Ayer se cumplió un año de la guerra que Israel libró contra la milicia chií de Hezbolá, y que supuso el bombardeo de gran parte de Líbano por parte de las tropas israelíes. Los objetivos que el recién llegado Gobierno Olmert adujo para este enfrentamiento fueron tres: liberar a los dos soldados israelíes que habían sido secuestrados por la milicia libanesa, causar el mayor número de bajas a la misma, y sobre todo, dañar al máximo, si no totalmente, la infraestructura de Hezbolá en el país. Tras este enfrentamiento, ninguno de los tres objetivos se consiguió. Además de las víctimas y de los daños que el Ejército hebreo causó a Líbano, un año después se ha visto que las mayores consecuencias políticas de esta guerra han recaído sobre Israel. Si el, digamos, marco teórico que el Gabinete Olmert adujo para esta intervención -defenderse de una milicia que ataca su territorio desde otro país- era más o menos razonable, no fue así ni la proporción ni la movilización que el Gobierno llevó a cabo para solventar este problema. La movilización de los reservistas y las víctimas que del lado israelí se produjeron pronto hicieron que esta sociedad pidiera explicaciones a sus dirigentes. En general, la sociedad israelí no dudaba de su derecho a defenderse cuando es atacada, sino que dudaba de la forma, de la preparación o no de sus tropas para ese cometido, y sobre todo, de la capacidad de sus dirigentes políticos para un acto de esa envergadura.
Tras el final de la guerra, gran parte de la sociedad de Israel tuvo muy claro quiénes habían sido los responsables de un enfrentamiento que había movilizado incluso a los reservistas, y que no había conseguido ninguno de sus objetivos. Sobre todo uno que para la sociedad de este país era el más importante, la vuelta a casa de los soldados israelíes que siguen todavía secuestrados. El trío formado por el primer ministro Olmert, por el entonces ministro de Defensa, el laborista Peretz, y por el que era jefe del Estado Dan Alutz, fue rápidamente señalado como el responsable de ese desastre. La presión en la calle fue tanta que el Gabinete Olmert se vio abocado a conformar una comisión de investigación, que no de Estado, similar, aunque no de igual rango, a la que en 1973 se llevó a cabo tras la guerra del Yom Kippur. Así, la llamada comisión Winograd comenzó a funcionar en septiembre del año pasado para investigar esta guerra y también la política de Israel en la frontera norte desde que en el año 2000 abandonó Líbano.
Pero al margen de esta comisión, el Ejército israelí -la institución más valorada en este país- comenzó por su cuenta una investigación sobre si realmente la cúpula del Estado Mayor había sido competente y sobre si las tropas y los reservistas tenían la preparación adecuada para este tipo de operaciones. El resultado nada favorable de este informe interno de los militares hizo que, en enero de 2007, el jefe del Estado Mayor Dan Alutz presentara su dimisión. De esta manera, se producía la primera víctima política en Israel tras la guerra contra Hezbolá. El todavía ministro de Defensa Peretz pensó que con esa renuncia el cupo de responsabilidades estaba cerrado, pero tanto él como Olmert tenían a la Comisión Winograd como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Fue en mayo de este año cuando dicha comisión adelantó parte de su informe. Este documento, de 21 puntos, bien se podía resumir en dos conclusiones. La primera es que los responsables de este fracaso fueron el entonces jefe del Estado Mayor Dan Halutz, el ministro de Defensa Amir Peretz y el primer ministro Olmert. En general, se les acusaba de irresponsabilidad política, en el caso de los dos últimos, mientras que al primero se le responsabilizaba de no haber tenido las tropas preparadas. Sin embargo, y esta sería la segunda conclusión de esta comisión de investigación gubernamental, no pedía la dimisión ni de Olmert ni de Peretz. Con este panorama, y con un Ejecutivo por los suelos, sólo se produjo la dimisión del algún ministro en protesta por la no asunción de responsabilidades por parte de ninguno de los afectados.
Pero en este contexto se produjo un hecho que, a la postre, se cobraría la segunda víctima política de esta guerra. Entre finales de mayo y principios de junio se eligió mediante primarias al candidato laborista para las próximas elecciones. Se presentaron tres aspirantes; Peretz y dos antiguos militares: Ami Ayalon y el retornado Ehud Barak. Peretz no pasó ni de la primera vuelta y finalmente fue Barak quien ganó estas primarias.
Esto supuso la entrada de Barak, el militar más condecorado en la historia de Israel, en el Gabinete Olmert y la salida de Peretz. Para el primer ministro esto era bueno, ya que la mayoría de la población estaba a favor de que Barak, hombre de gran experiencia, ocupara esa cartera tan sensible. Al mismo tiempo, Olmert conseguía que su candidato a la presidencia del Estado de Israel, el veterano Simón Peres, saliera elegido. Pero a pesar de todo esto, la lectura global es que de los tres dirigentes israelíes de aquella guerra solamente queda él en la arena política. En esta coyuntura, Olmert y su Gabinete esperan el informe final de la Comisión Winograd, que se publicará a finales de mes y condicionará de manera definitiva el futuro inmediato de Olmert y quizá del Gabinete de coalición, en el que la fuerza más importante tras Kadima es el Partido Laborista. El horizonte de este Gobierno no parece muy lejano, aunque las dos formaciones necesitan tiempo: Kadima para remontar los pésimos resultados que le dan las encuestas y el Partido Laborista, en la persona de Barak, para que su candidato se acople a la realidad política tras cinco años retirado de ella.
De esta forma, caben varios escenarios tras el informe definitivo de la Comisión Winograd. Que Olmert no dimita y que aguante todo lo que pueda. Que disuelva el Gabinete y haya elecciones. Que dimita y nombre sustituta a su ministra de Exteriores Livni y así Kadima ganaría tiempo. Y por último, que sea el Partido Laborista quien, en una decisión táctica, abandone la coalición de gobierno, lo que llevaría a un adelanto electoral. Así, cuando se ha cumplido un año de la guerra contra Hezbolá, ésta puede cobrarse su última víctima política en la figura de Olmert. Una vez más, el sistema democrático y la sociedad israelí se muestran implacables a la hora de exigir responsabilidades a sus dirigentes políticos y militares, por actuaciones que consideran altamente irresponsables.
Tras el final de la guerra, gran parte de la sociedad de Israel tuvo muy claro quiénes habían sido los responsables de un enfrentamiento que había movilizado incluso a los reservistas, y que no había conseguido ninguno de sus objetivos. Sobre todo uno que para la sociedad de este país era el más importante, la vuelta a casa de los soldados israelíes que siguen todavía secuestrados. El trío formado por el primer ministro Olmert, por el entonces ministro de Defensa, el laborista Peretz, y por el que era jefe del Estado Dan Alutz, fue rápidamente señalado como el responsable de ese desastre. La presión en la calle fue tanta que el Gabinete Olmert se vio abocado a conformar una comisión de investigación, que no de Estado, similar, aunque no de igual rango, a la que en 1973 se llevó a cabo tras la guerra del Yom Kippur. Así, la llamada comisión Winograd comenzó a funcionar en septiembre del año pasado para investigar esta guerra y también la política de Israel en la frontera norte desde que en el año 2000 abandonó Líbano.
Pero al margen de esta comisión, el Ejército israelí -la institución más valorada en este país- comenzó por su cuenta una investigación sobre si realmente la cúpula del Estado Mayor había sido competente y sobre si las tropas y los reservistas tenían la preparación adecuada para este tipo de operaciones. El resultado nada favorable de este informe interno de los militares hizo que, en enero de 2007, el jefe del Estado Mayor Dan Alutz presentara su dimisión. De esta manera, se producía la primera víctima política en Israel tras la guerra contra Hezbolá. El todavía ministro de Defensa Peretz pensó que con esa renuncia el cupo de responsabilidades estaba cerrado, pero tanto él como Olmert tenían a la Comisión Winograd como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Fue en mayo de este año cuando dicha comisión adelantó parte de su informe. Este documento, de 21 puntos, bien se podía resumir en dos conclusiones. La primera es que los responsables de este fracaso fueron el entonces jefe del Estado Mayor Dan Halutz, el ministro de Defensa Amir Peretz y el primer ministro Olmert. En general, se les acusaba de irresponsabilidad política, en el caso de los dos últimos, mientras que al primero se le responsabilizaba de no haber tenido las tropas preparadas. Sin embargo, y esta sería la segunda conclusión de esta comisión de investigación gubernamental, no pedía la dimisión ni de Olmert ni de Peretz. Con este panorama, y con un Ejecutivo por los suelos, sólo se produjo la dimisión del algún ministro en protesta por la no asunción de responsabilidades por parte de ninguno de los afectados.
Pero en este contexto se produjo un hecho que, a la postre, se cobraría la segunda víctima política de esta guerra. Entre finales de mayo y principios de junio se eligió mediante primarias al candidato laborista para las próximas elecciones. Se presentaron tres aspirantes; Peretz y dos antiguos militares: Ami Ayalon y el retornado Ehud Barak. Peretz no pasó ni de la primera vuelta y finalmente fue Barak quien ganó estas primarias.
Esto supuso la entrada de Barak, el militar más condecorado en la historia de Israel, en el Gabinete Olmert y la salida de Peretz. Para el primer ministro esto era bueno, ya que la mayoría de la población estaba a favor de que Barak, hombre de gran experiencia, ocupara esa cartera tan sensible. Al mismo tiempo, Olmert conseguía que su candidato a la presidencia del Estado de Israel, el veterano Simón Peres, saliera elegido. Pero a pesar de todo esto, la lectura global es que de los tres dirigentes israelíes de aquella guerra solamente queda él en la arena política. En esta coyuntura, Olmert y su Gabinete esperan el informe final de la Comisión Winograd, que se publicará a finales de mes y condicionará de manera definitiva el futuro inmediato de Olmert y quizá del Gabinete de coalición, en el que la fuerza más importante tras Kadima es el Partido Laborista. El horizonte de este Gobierno no parece muy lejano, aunque las dos formaciones necesitan tiempo: Kadima para remontar los pésimos resultados que le dan las encuestas y el Partido Laborista, en la persona de Barak, para que su candidato se acople a la realidad política tras cinco años retirado de ella.
De esta forma, caben varios escenarios tras el informe definitivo de la Comisión Winograd. Que Olmert no dimita y que aguante todo lo que pueda. Que disuelva el Gabinete y haya elecciones. Que dimita y nombre sustituta a su ministra de Exteriores Livni y así Kadima ganaría tiempo. Y por último, que sea el Partido Laborista quien, en una decisión táctica, abandone la coalición de gobierno, lo que llevaría a un adelanto electoral. Así, cuando se ha cumplido un año de la guerra contra Hezbolá, ésta puede cobrarse su última víctima política en la figura de Olmert. Una vez más, el sistema democrático y la sociedad israelí se muestran implacables a la hora de exigir responsabilidades a sus dirigentes políticos y militares, por actuaciones que consideran altamente irresponsables.
