en martutene desde el 8 de junio
Otegi recurre ante el Constitucional la pena de 15 meses de prisión que cumple
Arnaldo Otegi.
La abogada y dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia afirmó ayer que esta semana ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la condena de 15 meses de prisión impuesta al líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, que cumple la pena en la cárcel donostiarra de Martutene desde el pasado 8 de junio por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Las alegaciones se centran en la «vulneración de derechos fundamentales» de su defendido durante todo el procedimiento seguido en esta causa, por lo que la letrada exigió su «inmediata puesta en libertad».
Goirizelaia, que compareció en San Sebastián junto al también mahaikide Joseba Álvarez, ha solicitado también al Constitucional la suspensión de la ejecución de la pena. Según detalló, en su «amplio» escrito plantea «una serie de vulneraciones» de derechos fundamentales en los que supuestamente se incurrió tanto en la instrucción del procedimiento, como en la tramitación del juicio y en las dos sentencias dictadas, primero por la Audiencia Nacional y después por el Tribunal Supremo. Esos derechos, añadió, están «recogidos en la Constitución española y en los convenios internacionales», de forma que si el recurso fuera desestimado por el Constitucional, se podría «abrir la vía» de recurrir ante el tribunal Europeo, en Estrasburgo. Entre los derechos que consideró conculcados, citó el de «un juicio justo y con todas las garantías, la tutela judicial efectiva, la proposición y práctica de pruebas, la participación política y la libre expresión de ideas», entre otros.
La dirigente de Batasuna subrayó que tanto esta causa como la «infinidad de procedimientos abiertos» contra Otegi -que «si se cierran se vuelven a abrir por cualquier nimiedad»-, constatan la «persecución política y judicial» contra su persona. Esta actitud, en su opinión, «es extensible a toda la izquierda abertzale» y su responsable «claro y directo» es, sostuvo, el Gobierno del PSOE.
Goirizelaia, que compareció en San Sebastián junto al también mahaikide Joseba Álvarez, ha solicitado también al Constitucional la suspensión de la ejecución de la pena. Según detalló, en su «amplio» escrito plantea «una serie de vulneraciones» de derechos fundamentales en los que supuestamente se incurrió tanto en la instrucción del procedimiento, como en la tramitación del juicio y en las dos sentencias dictadas, primero por la Audiencia Nacional y después por el Tribunal Supremo. Esos derechos, añadió, están «recogidos en la Constitución española y en los convenios internacionales», de forma que si el recurso fuera desestimado por el Constitucional, se podría «abrir la vía» de recurrir ante el tribunal Europeo, en Estrasburgo. Entre los derechos que consideró conculcados, citó el de «un juicio justo y con todas las garantías, la tutela judicial efectiva, la proposición y práctica de pruebas, la participación política y la libre expresión de ideas», entre otros.
La dirigente de Batasuna subrayó que tanto esta causa como la «infinidad de procedimientos abiertos» contra Otegi -que «si se cierran se vuelven a abrir por cualquier nimiedad»-, constatan la «persecución política y judicial» contra su persona. Esta actitud, en su opinión, «es extensible a toda la izquierda abertzale» y su responsable «claro y directo» es, sostuvo, el Gobierno del PSOE.
