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El reconocimiento de que el Estado de Derecho no es un paradigma diseñado para prevenir y perseguir con eficacia un fenómeno tan complejo, cambiante y escurridizo como el terrorismo de raíz islamista en ningún caso debería llevar a cuestionar los fundamentos del sistema democrático. Es indudable que las nuevas amenazas requieren una adecuación legal. Pero resulta imposible legalizar el asesinato selectivo, como plantea el ministro de Interior alemán, y pretender que sus efectos sean controlados en todo momento por los mecanismos de que, se dote el Estado de Derecho para ello.
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