
El presidente, ante una respetuosa audiencia en Cleveland pese a que el último sondeo Gallup publicado ayer le asigna un nimio 29% de respaldo popular, mantuvo que el Congreso debe esperar por lo menos hasta el 15 de septiembre para comprobar la efectividad de los refuerzos ordenados en enero. Argumentando que él nunca pondría en peligro la vida de soldados estadounidenses de no «creer firmemente en que al final vamos a prevalecer». Además de repetir que la seguridad de Estados Unidos depende de lo que ocurra en Irak.
Dentro del calendario de explicaciones que la Casa Blanca está obligada a ofrecer sobre la situación de Irak, durante esta semana se espera la entrega al Congreso de un informe preliminar sobre los logros obtenidos en 18 puntos concretos. De acuerdo a fuentes oficiales citadas por la agencia Associated Press, el Gobierno de Irak no habría cumplido ninguno de los objetivos fijados en materias de reformas políticas o económicas a tenor del borrador de informe que circula por Washington.
Esta lista de deberes está sobre todo dirigida a contener la violencia sectaria. Con la obligación de que el Ejecutivo iraquí, entre otras cosas, comparta sus ingresos petroleros con los diferentes grupos étnicos y religiosos del país, facilite la integración política de personas asociadas con el régimen de Sadam Hussein, organice elecciones locales y facilite sus propios efectivos para la ofensiva de seguridad acometida por la Administración Bush. Teóricamente, la falta de progreso de las autoridades de Irak podría ser sancionada con recortes en la ayuda facilitada por EE U.
La Casa Blanca intentó ayer limitar las expectativas sobre este anticipado informe. Tony Snow, el portavoz presidencial, argumentó que las 30.000 tropas adicionales no han hecho más que ser desplegadas en el teatro de operaciones iraquí, con solo dos semanas de margen de maniobra. Insistiendo en que los parámetros establecidos para medir el progreso son una herramienta para triunfar en Irak y no una excusa para salir cuanto antes del país árabe.
La entrega de este pesimista informe va a coincidir con las deliberaciones en el Senado sobre un presupuesto militar por valor de 474.000 millones de euros. Oportunidad que los demócratas quieren volver a aprovechar para introducir múltiples enmiendas rechazadas por la Casa Blanca, pero que abarcan desde rescindir la autorización inicial para el uso de la fuerza en Irak hasta una obligatoria retirada de tropas en cuestión de 120 días o garantías de que los militares estadounidenses pasen tanto tiempo en casa como en zonas de combate.
Propuestas
Varias propuestas republicanas en circulación no llegan hasta el punto de una inmediata retirada de tropas, pero exigen un replanteamiento radical de las responsabilidades del Pentágono en Irak. Con la insistencia de que los 155.000 efectivos estadounidenses empiecen a concentrarse exclusivamente en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad iraquíes, la lucha contra Al-Qaida y protección de fronteras.
Para los demócratas, la mejor forma de lograr avances en Irak es empezar a sacar tropas y forzar una mayor cooperación del Gobierno de Bagdad. Idea que la Administración Bush intentó contrarrestar enviando ayer a su plana mayor al Congreso. En este pulso de persuasión parlamentaria, la Casa Blanca volvió a contar con la ayuda del senador John McCain, recién llegado de un viaje de inspección a Irak. En una primera intervención ante el pleno de la Cámara Alta, McCain afirmó que existen «signos de progreso» a pesar de los niveles de violencia en Bagdad, pidiendo más tiempo para que la estrategia actual pueda demostrar su efectividad.
En este sentido, el general David Petraeus -comandante de las fuerzas de EE UU en Irak- manifestó a la BBC que la ofensiva en curso está ofreciendo resultados positivos, pero que el esfuerzo de combatir a la insurgencia no es una meta que se pueda lograr a corto plazo. Según el oficial, «no sé si será una cuestión de décadas pero la media de las campañas anti-insurgencia suele ser de nueve a diez años».






