Según ha expuesto, el Foro Ermua, que presentó la querella que dio origen a todo este procedimiento judicial, considera que Ibarretxe, López y Ares son cooperadores necesarios de un delito de desobediencia y pide para el primero un total de dos años y nueve meses de prisión, así como inhabilitación para cargo público, y nueve meses de prisión para cada uno de los otros dos. Los cinco integrantes de la izquierda abertzale cometieron, según esta acusación, delitos de desobediencia, y solicita penas de cuatro años de prisión para Otegi; para Petrikorena y Etxebarria pide dos años para cada uno, y para Barrena y Dañobeitia, un año para cada uno.
El abogado ha mantenido que estos delitos se fundamentan en que el lehendakari, López y Ares se reunieron con representantes de Batasuna cuando esta formación está ilegalizada y, por tanto, no puede mantener actividad pública. Para demostrarlo, García Capelo ha anunciado que pedirá la práctica de nuevas diligencias, entre ellas una Comisión Rogatoria a Suiza para que el centro de intermediación que actuó en los contactos entre el Gobierno y ETA "remita las actas" en las que, presuntamente, se establece una supuesta vinculación entre "estas reuniones y la negociación con ETA". Respecto a esta causa judicial, tanto el Ministerio Fiscal como las defensas de Ibarretxe y de los dirigentes socialistas han solicitado el archivo de este procedimiento.






