La multiplicidad de fórmulas empleadas y el solapamiento institucional a la hora de aplicar subvenciones y apoyos económicos diseñan un panorama confuso, del que Euskadi es un buen exponente. La gratuidad de los libros de texto no representaría un especial quebranto para las finanzas públicas: el caso de Álava, donde las aportaciones conjuntas de Diputación y Ayuntamiento de Vitoria prácticamente cubren el coste familiar de adquisición de los libros, es una muestra de ello. De igual manera que la continuidad de las ediciones de un año para otro, posición defendida por el Gobierno vasco con presencia, eso sí, del copago, podría fomentar una responsabilización de los usuarios y un abaratamiento.
Sin embargo, mientras el debate se circunscriba a la disyuntiva de la gratuidad o no del material académico editado y comercializado en forma de libro se correrá el riesgo de procurar respuestas que sirvan más para el pasado que para el futuro inmediato. La paulatina utilización de Internet y de las tecnologías de la información, la proliferación de materiales de contenido académico y de formato didáctico editados en distintos soportes, la creciente cualificación de los docentes a la hora de adecuar el currículo preciso para superar cada asignatura y los sistemas de gestión y evaluación que sobre esos mismos currículos se van implantando en los centros de enseñanza están generando cambios que desplazan el libro de texto ofrecido por la industria editorial a un plano menos central que el que ha venido ocupando hasta hace poco. De manera que sería más conveniente que la comunidad educativa y los poderes públicos afrontasen en su globalidad el problema de la creación, edición y divulgación de los materiales académicos, sin encelarse en la discusión en torno al precio del libro y su posible gratuidad.







