
La sentencia, que consta de 17 folios, es firme y obliga al Consistorio vizcaíno a cumplir con el mandato constitucional de "velar y proteger los derechos de la ciudadanía", según ha informado la asociación ecologista Lur Maitea. En el escrito, el alto tribunal vasco advierte de que el Ayuntamiento "debe ser celoso guardián de que, en relación con la incidencia referida al ruido, active los mecanismos para controlar el desarrollo de la actividad aeroportuaria en su ámbito".
Asimismo, le obliga a velar porque los derechos e Intereses de los vecinos "prevalezcan frente a cualquier tipo de agresión" y le prohíbe la construcción de viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales en zonas afectadas por el ruido.








