ECONOMÍA
Bravo podría admitir imputaciones de la Fiscalía sobre su papel en el fraude
El proceso judicial contra el ex director de la oficina de Hacienda de Irún y otros tres imputados arranca el miércoles con muchas incógnitas por resolver
José María Bravo a la salida de la prisión de Martutene en junio. / ARIZMENDI
El proceso judicial abierto por el presunto fraude descubierto en de la Hacienda de Irún inicia esta semana la fase de instrucción judicial con la toma de declaración a José María Bravo Durán, a quien la Fiscalía considera principal cerebro de una trama. Bravo, ex jefe de la oficina tributaria de la ciudad fronteriza durante los años 1995 y 2004, está citado a comparecer el miércoles en el Juzgado de Instrucción 2 de Irún. Del contenido de su declaración depende en gran parte del desarrollo futuro de las diligencias, así como de la situación procesal de las restantes personas que han sido denunciadas por el ministerio público: su esposa María Rosa Cobos, Pilar Gracenea, funcionaria de la Diputación, y Pedro María Atristain Gabilondo, socio con Bravo de una agencia inmobiliaria.
José María Bravo es ya la tercera vez que es llamado a declarar desde que la Fiscalía incoó en septiembre del pasado año unas diligencias informativas, tras una denuncia cursada por el diputado foral de Hacienda, Juan José Mujika. Sin embargo, el principal encausado de las diligencias podría en esta ocasión modificar por vez primera la versión que hasta el momento ha mantenido y reconocer algunas de las acusaciones de la Fiscalía.
Pagos en metálico
El ministerio público ha venido sosteniendo que las cuatro personas denunciadas constituyeron una trama a través de la cual José María Bravo, dada su condición de director de la oficina de Irún, recabó los nombres de numerosas personas, entidades y empresas que habían contraído deudas con Hacienda. Según la Fiscalía, Bravo se puso en contacto con los contribuyentes y les reclamó las sumas que debían. «Dichos contribuyentes, ignorantes de que José María Bravo no tenía propósito de ingresar esos pagos en la Hacienda Foral, le hicieron entregas, en metálico o mediante cheques bancarios, de diversas sumas de dinero que en su conjunto ascendieron a 1.033.915 euros y de los que Bravo Durán se fue apropiando», señalaba en su denuncia el fiscal. Como la mayor parte de las personas a las que Bravo llamaba no disponían del dinero que se les pedía, el imputado optó por rebajarles el importe.
Para encubrir la presunta procedencia ilícita del dinero, los acusados, según la Fiscalía, se sirvieron de, por lo menos, 16 empresas mercantiles y de 14 bienes inmuebles. La denuncia del fiscal detalla todas las propiedades de las que los inculpados son titulares. El mayor patrimonio está en poder de Bravo y de su esposa, que cuenta con apartamentos y fincas en diversas zonas de España, como Marbella, Ávila, Irún, Huesca.
Fuentes cercanas al caso estiman que las pruebas que la acusación pública maneja son aplastantes. De esta manera, es más que factible que el ex director de la Hacienda irunesa reconozca la apropiación de algunas sumas de dinero. Con esta aceptación de culpa, por un lado, el inculpado lograría que las diligencias se centrasen en su persona y al mismo tiempo evitaría que terceras personas que se han visto involucradas de forma colateral y cuyas reputaciones han quedado en entredicho, puedan quedar al margen.
De la misma forma se espera que José María Bravo mantenga a lo largo del interrogatorio que ni su esposa, ni Pilar Gracenea y Pedro María Atristain conocían nada sobre las presuntas prácticas ilegales.
En la sesión del miércoles, al contrario que en las ocasiones anteriores, el ex director de la oficina de Irún no sólo deberá responder a la cuestiones que le puedan plantear el fiscal, la juez o su abogado. Ante él tendrá a otros siete letrados, los tres que representan a las personas que están denunciadas junto a él así como al letrado de la Diputación que ejerce la acusación particular y tres más de la acción popular.
José María Bravo es ya la tercera vez que es llamado a declarar desde que la Fiscalía incoó en septiembre del pasado año unas diligencias informativas, tras una denuncia cursada por el diputado foral de Hacienda, Juan José Mujika. Sin embargo, el principal encausado de las diligencias podría en esta ocasión modificar por vez primera la versión que hasta el momento ha mantenido y reconocer algunas de las acusaciones de la Fiscalía.
Pagos en metálico
El ministerio público ha venido sosteniendo que las cuatro personas denunciadas constituyeron una trama a través de la cual José María Bravo, dada su condición de director de la oficina de Irún, recabó los nombres de numerosas personas, entidades y empresas que habían contraído deudas con Hacienda. Según la Fiscalía, Bravo se puso en contacto con los contribuyentes y les reclamó las sumas que debían. «Dichos contribuyentes, ignorantes de que José María Bravo no tenía propósito de ingresar esos pagos en la Hacienda Foral, le hicieron entregas, en metálico o mediante cheques bancarios, de diversas sumas de dinero que en su conjunto ascendieron a 1.033.915 euros y de los que Bravo Durán se fue apropiando», señalaba en su denuncia el fiscal. Como la mayor parte de las personas a las que Bravo llamaba no disponían del dinero que se les pedía, el imputado optó por rebajarles el importe.
Para encubrir la presunta procedencia ilícita del dinero, los acusados, según la Fiscalía, se sirvieron de, por lo menos, 16 empresas mercantiles y de 14 bienes inmuebles. La denuncia del fiscal detalla todas las propiedades de las que los inculpados son titulares. El mayor patrimonio está en poder de Bravo y de su esposa, que cuenta con apartamentos y fincas en diversas zonas de España, como Marbella, Ávila, Irún, Huesca.
Fuentes cercanas al caso estiman que las pruebas que la acusación pública maneja son aplastantes. De esta manera, es más que factible que el ex director de la Hacienda irunesa reconozca la apropiación de algunas sumas de dinero. Con esta aceptación de culpa, por un lado, el inculpado lograría que las diligencias se centrasen en su persona y al mismo tiempo evitaría que terceras personas que se han visto involucradas de forma colateral y cuyas reputaciones han quedado en entredicho, puedan quedar al margen.
De la misma forma se espera que José María Bravo mantenga a lo largo del interrogatorio que ni su esposa, ni Pilar Gracenea y Pedro María Atristain conocían nada sobre las presuntas prácticas ilegales.
En la sesión del miércoles, al contrario que en las ocasiones anteriores, el ex director de la oficina de Irún no sólo deberá responder a la cuestiones que le puedan plantear el fiscal, la juez o su abogado. Ante él tendrá a otros siete letrados, los tres que representan a las personas que están denunciadas junto a él así como al letrado de la Diputación que ejerce la acusación particular y tres más de la acción popular.
