VIZCAYA
La Diputación deja de nombrar jefes de servicio por un dictamen del Supremo
Protesta de funcionarios en el Palacio foral. / EL CORREO
La Diputación ha paralizado el nombramiento de jefes de servicio, los funcionarios de mayor rango, para acatar la sentencia del Supremo que cuestionó la adjudicación de estos puestos por libre designación. Este procedimiento, que se utiliza por sistema para cubrir las jefaturas, debería tener «un carácter excepcional» frente al concurso, según el criterio del alto tribunal. La institución foral, sin embargo, sigue apostando por los cargos de confianza y cree que la nueva Ley de Función Pública Vasca le dará la razón.
La sentencia del Supremo, con fecha del 22 de enero de este año, supuso un nuevo varapalo para la política de personal de la Diputación. Los jueces ratificaron una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló la adjudicación de 36 jefaturas de servicio y otros altos cargos -entre ellos los letrados de la asesoría jurídica- por libre designación, junto a otros aspectos de la relación de puestos de trabajo de 1993. La del año 2000 ha corrido la misma suerte en el Tribunal Superior, aunque en este caso aún no se ha resuelto el recurso de casación. Ambos litigios tienen su origen en denuncias presentadas por funcionarios que se consideran perjudicados.
El fallo del Supremo es de obligado cumplimiento. La Diputación mantiene en sus puestos a estos 36 jefes de servicio porque «los actos administrativos de nombramiento no han sido recurridos». Consciente de que ya no puede elegirlos 'a dedo', ha decidido paralizar los nombramientos de estos cargos. «Ni por libre designación, ni por concurso. Los estamos cubriendo en comisión de servicios -provisionalmente- de manera que no generen ningún derecho», afirma el director de Función Pública, Adolfo Alustiza. Esta política se mantiene «desde enero».
Los responsables forales tienen que acatar la sentencia pero no ocultan sus discrepancias. Alustiza critica que a la Diputación «se le aplique la legislación de las entidades locales cuando, de hecho, funciona como un Gobierno. Hay cierto tipo de puestos que tienen que ser de confianza», asegura. A su juicio, la nueva Ley de Función Pública impulsada por el Gobierno central abre una vía para reconocer el «status especial» de las instituciones forales. Por ello, espera que la legislación vasca -que deberá modificarse después del verano- ampare su política de personal.
Críticas sindicales
Los sindicatos no opinan lo mismo. «La Diputación está intentando ganar tiempo, pero la sentencia del Supremo sienta jurisprudencia», advierte un portavoz de LAB. Ellos consideran que la libre designación es admisible en algunos casos -la sentencia del Supremo lo admite cuando exista «especial responsabilidad»- «pero no se puede generalizar, habría que ir a un concurso de méritos. Al final, gran parte de los puestos directivos de la plantilla se nombra desde las instancias políticas», critica.
Juan Luis Sanz, uno de los responsables de UGT en la Diputación, coincide en que «la Administración se debe profesionalizar» y cree que la situación de los jefes de servicio es «una asignatura pendiente». En su opinión, no la única. En los organismos autónomos como el IFAS y las empresas forales, «que cada vez tienen más peso», todos los cargos de responsabilidad «son de libre designación», se queja.
«En eso nunca nos vamos a poner de acuerdo», replica Alustiza. Él defiende que estas entidades requieren «otro tipo de funcionamiento, ya que el sistema funcionarial es excesivamente rígido. Tienen que ser ágiles para dar respuestas a la sociedad. La nueva ley contempla cargos directivos fuera de convenio incluso en la propia Administración», asegura.
La sentencia del Supremo, con fecha del 22 de enero de este año, supuso un nuevo varapalo para la política de personal de la Diputación. Los jueces ratificaron una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló la adjudicación de 36 jefaturas de servicio y otros altos cargos -entre ellos los letrados de la asesoría jurídica- por libre designación, junto a otros aspectos de la relación de puestos de trabajo de 1993. La del año 2000 ha corrido la misma suerte en el Tribunal Superior, aunque en este caso aún no se ha resuelto el recurso de casación. Ambos litigios tienen su origen en denuncias presentadas por funcionarios que se consideran perjudicados.
El fallo del Supremo es de obligado cumplimiento. La Diputación mantiene en sus puestos a estos 36 jefes de servicio porque «los actos administrativos de nombramiento no han sido recurridos». Consciente de que ya no puede elegirlos 'a dedo', ha decidido paralizar los nombramientos de estos cargos. «Ni por libre designación, ni por concurso. Los estamos cubriendo en comisión de servicios -provisionalmente- de manera que no generen ningún derecho», afirma el director de Función Pública, Adolfo Alustiza. Esta política se mantiene «desde enero».
Los responsables forales tienen que acatar la sentencia pero no ocultan sus discrepancias. Alustiza critica que a la Diputación «se le aplique la legislación de las entidades locales cuando, de hecho, funciona como un Gobierno. Hay cierto tipo de puestos que tienen que ser de confianza», asegura. A su juicio, la nueva Ley de Función Pública impulsada por el Gobierno central abre una vía para reconocer el «status especial» de las instituciones forales. Por ello, espera que la legislación vasca -que deberá modificarse después del verano- ampare su política de personal.
Críticas sindicales
Los sindicatos no opinan lo mismo. «La Diputación está intentando ganar tiempo, pero la sentencia del Supremo sienta jurisprudencia», advierte un portavoz de LAB. Ellos consideran que la libre designación es admisible en algunos casos -la sentencia del Supremo lo admite cuando exista «especial responsabilidad»- «pero no se puede generalizar, habría que ir a un concurso de méritos. Al final, gran parte de los puestos directivos de la plantilla se nombra desde las instancias políticas», critica.
Juan Luis Sanz, uno de los responsables de UGT en la Diputación, coincide en que «la Administración se debe profesionalizar» y cree que la situación de los jefes de servicio es «una asignatura pendiente». En su opinión, no la única. En los organismos autónomos como el IFAS y las empresas forales, «que cada vez tienen más peso», todos los cargos de responsabilidad «son de libre designación», se queja.
«En eso nunca nos vamos a poner de acuerdo», replica Alustiza. Él defiende que estas entidades requieren «otro tipo de funcionamiento, ya que el sistema funcionarial es excesivamente rígido. Tienen que ser ágiles para dar respuestas a la sociedad. La nueva ley contempla cargos directivos fuera de convenio incluso en la propia Administración», asegura.
