El Correo Digital

Ya pudo verse, cuando el lehendakari Ibarretxe salió de su última visita a La Moncloa, que sus desacuerdos con el presidente Zapatero en materia antiterrorista eran mucho mayores y de mucho mayor calado que sus acuerdos. Con todo, en aquella ocasión, la corrección política aconsejaba insistir en los primeros más que abundar en los segundos. No parecía conveniente, con la ruptura oficial del alto el fuego aún tan reciente, proyectar una imagen de división entre dos agentes tan importantes en sus respectivos niveles. Pelillos a la mar, se dijo, a propósito de las discrepancias, de modo que quedara como mensaje único el apoyo que el lehendakari expresamente brindó al presidente. Se dio como explicación de las tantas reservas expresadas por Ibarrtexe su tendencia a explayarse en demasía y su renuencia a acogerse al «ahora no toca» que hizo famoso el president Jordi Pujol. Lo esencial era lo esencial, y lo demás, sólo accidentes de poca monta.

El pasado viernes, sin embargo, con el fin, quizá, de poner los puntos sobre las íes, y para evitar, de paso, que calara en la opinión pública cualquier interpretación errónea de la situación, el Gobierno vasco hizo público un Plan de Acción en Defensa y Promoción de los Derechos Civiles y Políticos. En él se deja claro, por si alguna duda quedaba, que, en materia de lucha antiterrorista, las reservas que mantiene el Ejecutivo vasco con el central son tan importantes como los apoyos que le ofrece. O más. Y, así, tras poner buen cuidado en matizar la acusación de equidistancia que suele hacérsele en estos casos, el tripartito aboga por situarse entre quienes, condenando a ETA, no denuncian la tortura ni las legislaciones limitativas de los derechos civiles y políticos, es decir, el Estado español, y quienes, denunciando tales violaciones, no condenan el terrorismo de ETA, es decir, la izquierda abertzale. Nuestro Gobierno se sitúa, pues, como la virtud, en el medio.

Hecha esta declaración de principios, el Ejecutivo tripartito pasa a enumerar la lista de instituciones, prácticas y leyes que, hoy vigentes en el Estado español, deberían abolirse o modificarse por ser contrarias a derecho y a la democracia. La Ley de Partidos, la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, el cumplimiento íntegro de las penas, la dispersión, la legislación de menores en lo que afecta a delitos terroristas y el delito de amenazas colectivas son ejemplos de lo mucho más que habría que derogarse de raíz. Para otras normas, como las relativas a las penas por pertenencia, colaboración, apología y financiación del terrorismo, se reserva, en cambio, un juicio más benigno. Sólo se pide la mitigación de su carga punitiva. Y, como si el veredicto final no estuviera ya escrito con estas denuncias previas, el Gobierno se propone encargar a una «institución independiente y de solvencia garantizada» un dictamen sobre la situación de los derechos civiles y políticos en Euskadi, cuyas conclusiones serán enviadas al Parlamento vasco, al Congreso español y a la Eurocámara para su debate y toma en consideración.

La iniciativa tendrá, sin duda, entre nosotros defensores y detractores. A unos les parecerá en extremo acertado que, ante tantas y tan reiteradas conculcaciones de derechos -civiles y políticos, por supuesto- como comete el Estado español a través de sus diversos estamentos ejecutivo, legislativo y judicial, ante tanta connivencia de los medios de comunicación públicos y privados, y ante tanta inhibición de los organismos internacionales, haya alguien -y quién mejor que nuestro Gobierno autónomo- que vele por nosotros y alce la voz para denunciar tal cúmulo de desmanes.

Otros se preguntarán, en cambio, quién es el Gobierno vasco para, desentendiéndose de la gestión de las competencias que por ley tienen encomendadas, meterse en camisa de once varas y enmendar la plana a quienes han sido elegidos para ocuparse de estas materias. Y habrá también, finalmente, quienes, ni defensores ni detractores de la iniciativa en cuanto a las cuestiones de fondo que plantea, juzguen, sin embargo, que es absolutamente inoportuna, por crear, de un lado, división en un momento en que sólo cabe la unidad y por conceder, de otro, patente de exclusiva democraticidad a lo que no son sino interpretaciones de parte muy interesadas.

Lo peor, sin embargo, no está en la confrontación de opiniones que la iniciativa del Gobierno habría podido suscitar. De hecho, fuera de las respuestas de rigor que ha recibido de boca de algunos portavoces locales del PSE y del PP, el Plan de Acción del Gobierno vasco ha pasado desapercibido. Y es que su mal radica precisamente en su irrelevancia. Anunciado en otro tiempo habría creado alarma. Hoy todo el mundo sabe que su interés se limita al que le prestan sus propios promotores.