VIZCAYA
El interventor cierra las comparecencias judiciales por el caso de prevaricación en Abanto
06.07.07 -
El proceso judicial contra la Corporación que dirigió Abanto entre los años 1999 y 2003 registrará hoy un nuevo capítulo. El interventor del Ayuntamiento está citado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo, que investiga un presunto delito de prevaricación contra los antiguos responsables de la localidad minera. El funcionario municipal será el último imputado en declarar y el juicio arrancará previsiblemente el próximo otoño.
La comparecencia del empleado ha sufrido varios retrasos. De hecho, ya debía haberse celebrado en noviembre. Sin embargo, la huelga protagonizada por los funcionarios de Justicia obligó a posponer su declaración en dos ocasiones. Posteriormente, su presencia en el juzgado volvió a ser aplazada al percatarse la magistrada que instruye el caso de que había desaparecido el último tomo del sumario. Para reanudar el proceso ha sido necesario reconstruir el expediente.
La investigación trata de esclarecer las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Consistorio minero en 2001. Una auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas detectó las supuestas anomalías, entre las que destacan la la renovación ilícita de varios trabajadores municipales. Tampoco habría actas de plenos e, incluso, podrían haberse concedido subvenciones sin convocatoria.
El PSE gobernaba el Consistorio aquella legislatura. Además del interventor, están imputados los cinco concejales que tenían los socialistas, los cuatro del PNV, los dos del grupo independiente AMA y el de EB. Sólo se libraron del proceso los dos ediles de EH. En las declaraciones nadie se responsabilizó de las irregularidades.
La comparecencia del empleado ha sufrido varios retrasos. De hecho, ya debía haberse celebrado en noviembre. Sin embargo, la huelga protagonizada por los funcionarios de Justicia obligó a posponer su declaración en dos ocasiones. Posteriormente, su presencia en el juzgado volvió a ser aplazada al percatarse la magistrada que instruye el caso de que había desaparecido el último tomo del sumario. Para reanudar el proceso ha sido necesario reconstruir el expediente.
La investigación trata de esclarecer las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Consistorio minero en 2001. Una auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas detectó las supuestas anomalías, entre las que destacan la la renovación ilícita de varios trabajadores municipales. Tampoco habría actas de plenos e, incluso, podrían haberse concedido subvenciones sin convocatoria.
El PSE gobernaba el Consistorio aquella legislatura. Además del interventor, están imputados los cinco concejales que tenían los socialistas, los cuatro del PNV, los dos del grupo independiente AMA y el de EB. Sólo se libraron del proceso los dos ediles de EH. En las declaraciones nadie se responsabilizó de las irregularidades.
