En este sentido, la Administración baracaldesa aprovechó para advertir de la negativa de algunos discapacitados a participar en sorteos de VPO. «Se reserva siempre un porcentaje de vivienda protegida para ellos y, en cambio, muchos no se presentan o los rechazan pese a no tener ascensor en el portal», censuró ayer el director de Urbanismo, Pedro Jáuregui. Todo se debe, según el responsable municipal, a motivos económicos. Al trasladarse al piso protegido, dejan su anterior hogar en manos de las instituciones. Eso les hace perder un «considerable poder adquisitivo» en ciertos casos y «prefieren primar el dinero sobre la accesibilidad».
Las estadísticas del Ayuntamiento muestran que desde 2002 se han solicitado permisos para instalar más de 250 ascensores en edificios antiguos. De ellos, «sólo nueve» han sido rechazados por motivos técnicos. La federación vizcaína achacaba la denegación de licencias a la poca flexibilidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) e instaba a modificarlo para primar la accesibilidad. Pero los responsables locales no dan su brazo a torcer. Piensan que el problema «no es de la normativa», sino que hay casos en los que es imposible colocar un elevador en un portal comunitario.
Permisos al alza
Jáuregui cree que, lejos de poner trabas, facilitan la labor a las personas con movilidad reducida. Y aporta como dato el progresivo aumento de las licencias. Si hace cinco años se dieron 18 permisos, en 2006 la cifra alcanzó los setenta. Entre medio, el crecimiento ha sido de más de diez solicitudes cursadas y admitidas por ejercicio. Sólo en lo que llevamos de año parece que esta tendencia al alza ha menguado sensiblemente. «Llevamos veinte en seis meses», detallan los técnicos municipales.
En cualquier caso, los tribunales decidirán si las críticas de la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Vizcaya tienen fundamento legal. Dos comunidades de propietarios han llevado ya el caso ante el juez de lo contencioso-administrativo.








