
«El artículo 61 de la Constitución rusa excluye la posibilidad de que un ciudadano ruso pueda ser entregado a la Justicia de un país extranjero», señala el comunicado dado ayer a conocer por la Fiscalía General. En la misma nota se afirma que tal precepto es inamovible incluso ante el Convenio Europeo de Extradición de 1957, del que Rusia es signataria. En este sentido, los expertos vaticinan una guerra de interpretaciones entre Londres y Moscú.
La única posibilidad que la Justicia rusa ha dejado abierta es la de procesar a Lugovói en territorio ruso, pero, según la Fiscalía, «siempre y cuando la parte británica presente pruebas de su culpabilidad». Litvinenko empezó a sentirse mal el 1 de noviembre del año pasado, tras reunirse en el Hotel Millennium de la capital británica con Lugovói y Dimitri Kovtun, ambos son empresarios en la actualidad. Casi tres semanas después, el 23 de noviembre, el ex agente secreto fallecía en un hospital londinense.
Una vez en Moscú, Lugovói y Kovtun tuvieron que ser hospitalizados por estar contaminados con polonio-210. En una rueda de prensa ofrecida hace poco más de un mes, los dos personajes dijeron que fueron «marcados» deliberadamente con la letal sustancia para poderlos culpar de la muerte de Litvinenko. Durante aquella comparecencia ante los medios de comunicación, Lugovói se declaró inocente y acusó al MI-6, lo servicios de inteligencia británicos, de la muerte de Litvinenko, «pese a que trabajaba para ellos», dijo. «A mí también intentaron reclutarme», aseguró.
En una reciente entrevista, Lugovói advierte que, después de Litvinenko, podrían caer también dirigentes opositores como el ex primer ministro ruso, Mijaíl Kasiánov, o el líder del Partido Nacional Bolchevique, Eduard Limónov, quien ayer presentó una demanda ante la Fiscalía General por tales «amenazas». En una carta póstuma, Litvinenko afirmó que detrás de su muerte está el presidente Vladímir Putin.






