El Correo Digital

Estas peticiones se incluyen en un "Plan de acción en defensa y promoción de los derechos civiles y políticos", que fue aprobado el pasado martes por el Consejo del Gobierno vasco, y presentado hoy por la portavoz, Miren Azkarate, y el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. Ambos han justificado el plan porque ahora que ETA "ha roto la esperanza, las instituciones deben mantener el equilibrio y la firmeza ética en la defensa de todos los derechos humanos".

En el plan, el Gobierno vasco reitera peticiones anteriores como la desaparición de la Audiencia Nacional, del juzgado central de vigilancia penitenciaria, la derogación del régimen de incomunicación de las personas detenidas o la desactivación "de facto" de la política de dispersión de presos. Asimismo, reclama la modificación del delito de colaboración terrorista, "reduciendo la pena y suprimiendo cláusulas generales imprecisas". También pide "mayor concreción del delito de apología del terrorismo" y recuerda que la legislación excepcional contra el terrorismo "tiene sus límites" y éstos "han sido sobrepasados, introduciendo a los ciudadanos en una preocupante situación de inseguridad jurídica".

Para el Gobierno vasco , cualquier ciudadano acusado de un delito de colaboración con ETA o de apología del terrorismo "se puede ver expuesto a una acusación difusa y sin todas las garantías para defender su presunción de inocencia", porque en ambos delitos se tienen más en cuenta las actitudes y los fines que se comparten, que los hechos delictivos imputados. A juicio del Gobierno vasco , "la actividad terrorista precisa, sin duda, de una respuesta, pero sin poner en peligro ni las garantías ni las libertades básicas de un Estado de Derecho".

Definición de organización terrorista


Otra de las reformas que pide que es que se delimite jurídicamente lo que debe entender por organización terrorista, cambiando el artículo 512.2 del código penal, y que se deroguen los obstáculos excepcionales para el acceso al tercer grado de presos por terrorismo (artículos 36.2 y 78.3 del código penal). Asimismo, advierte de que "la Ley de Partidos, la ley para el cumplimiento íntegro de las penas, la jurisprudencia creativa, y el aprovechamiento por parte de algunos jueces de este marco legal para controlar e incluso dirigir la acción política afectan de manera fundamental a derechos y libertades, además de envenenar el clima político". En este sentido, recordó las imputaciones al lehendakari y a los líderes del PSE por reunirse con Batasuna, una consecuencia del "elenco penal y su ambigüedad, que han contribuido a despertar líneas de interpretaciones inimaginables"

Además, el Ejecutivo autonómico emprenderá cinco iniciativas "de defensa de los derechos civiles y políticos de todas las personas", entre ellas, la realización de sendos informes sobre la situación del cierre de medios de comunicación, como Egin y Egunkaria, y sobre el respeto a los derechos civiles y políticos en Euskadi. Asimismo, el Gobierno vasco , en colaboración con diversos organismos internacionales, convocará en el mes de diciembre un seminario multidisciplinar sobre la normativa antiterrorista en el ámbito estatal y europeo. También celebrará una jornada de trabajo sobre el ejercicio efectivo del derecho a la información en el último trimestre de 2007.