ECONOMÍA
Un dirigente del PNV compró cuatro inmuebles después de que su mujer se declarara insolvente
La Fiscalía detecta otros once casos con irregularidades en la Hacienda de Irún
06.07.07 -
Luis María Bandrés, miembro de la ejecutiva del PNV de Guipúzcoa, adquirió cuatro inmuebles después de que su mujer, Maite Monedo -citada por la juez que instruye el caso por el fraude en la Hacienda de Irún- se declarara insolvente.
La esposa del 'burukide' y ex consejero de Cultura del Gobierno vasco aparece en uno de los expedientes investigados por la presunta estafa en la delegación tributaria de la localidad guipuzcoana. Moneo, titular junto a sus hermanas de Tiendas Unidas SA -varios conocidos comercios de ropa de San Sebastián-, saldó en 2003 una deuda con el fisco superior a los 600.000 euros, en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades, con el pago en metálico de 108.000 euros. Ese dinero no fue a parar a las arcas forales, sino que acabó en cuentas privadas de los imputados; entre ellos, el ex director de la oficina de Hacienda de Irún José María Bravo. La deuda era consecuencia de una inspección en 1994, pero no prescribió a los cuatro años preceptivos porque distintas actuaciones recaudatorias la mantuvieron viva.
Igeldo y Torremolinos
Bandrés, que tiene separación de bienes con su mujer desde 1994, compró en 2001 una vivienda de 125 metros cuadrados en el barrio de Igeldo, de San Sebastián, y cuatro años después adquirió otro piso de 122 metros en Torremolinos (Málaga), según informó ayer la Cadena Ser. Posteriormente, creó una sociedad, denominada Ingescart SL, dedicada a la promoción inmobiliaria y de la que es administrador único. Esta sociedad se hizo con dos locales: en 2003, uno de casi 300 metros cuadrados en el centro de la capital guipuzcoana; y hace cuatro meses, con otro de 120 metros en Billabona.
Por otra parte, la Fiscalía ha incorporado once expedientes más con presuntas irregularidades a la investigación sobre el fraude en la Hacienda de Irún. La cifra se eleva así a 35, aunque es posible que aumente en las próximas semanas. La Diputación de Guipúzcoa había calculado hasta ahora que dejó de ingresar algo más de cinco millones de euros por las anomalías detectadas en esa delegación tributaria, cuyo ex director está acusado de crear una trama para apropiarse del dinero ingresado por contribuyentes con deudas.
El presunto 'cerebro' de la trama, José María Bravo, ha sido citado a declarar por la juez el próximo miércoles. La instructora del caso, Almudena Ovejero, ha aceptado que LAB se persone como acusación particular en el proceso abierto por la supuesta estafa si el sindicato abona una fianza de 2.000 euros, ya que no ha precisado «cuál es el bien jurídico que protege y que podría haber resultado lesionado».
La esposa del 'burukide' y ex consejero de Cultura del Gobierno vasco aparece en uno de los expedientes investigados por la presunta estafa en la delegación tributaria de la localidad guipuzcoana. Moneo, titular junto a sus hermanas de Tiendas Unidas SA -varios conocidos comercios de ropa de San Sebastián-, saldó en 2003 una deuda con el fisco superior a los 600.000 euros, en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades, con el pago en metálico de 108.000 euros. Ese dinero no fue a parar a las arcas forales, sino que acabó en cuentas privadas de los imputados; entre ellos, el ex director de la oficina de Hacienda de Irún José María Bravo. La deuda era consecuencia de una inspección en 1994, pero no prescribió a los cuatro años preceptivos porque distintas actuaciones recaudatorias la mantuvieron viva.
Igeldo y Torremolinos
Bandrés, que tiene separación de bienes con su mujer desde 1994, compró en 2001 una vivienda de 125 metros cuadrados en el barrio de Igeldo, de San Sebastián, y cuatro años después adquirió otro piso de 122 metros en Torremolinos (Málaga), según informó ayer la Cadena Ser. Posteriormente, creó una sociedad, denominada Ingescart SL, dedicada a la promoción inmobiliaria y de la que es administrador único. Esta sociedad se hizo con dos locales: en 2003, uno de casi 300 metros cuadrados en el centro de la capital guipuzcoana; y hace cuatro meses, con otro de 120 metros en Billabona.
Por otra parte, la Fiscalía ha incorporado once expedientes más con presuntas irregularidades a la investigación sobre el fraude en la Hacienda de Irún. La cifra se eleva así a 35, aunque es posible que aumente en las próximas semanas. La Diputación de Guipúzcoa había calculado hasta ahora que dejó de ingresar algo más de cinco millones de euros por las anomalías detectadas en esa delegación tributaria, cuyo ex director está acusado de crear una trama para apropiarse del dinero ingresado por contribuyentes con deudas.
El presunto 'cerebro' de la trama, José María Bravo, ha sido citado a declarar por la juez el próximo miércoles. La instructora del caso, Almudena Ovejero, ha aceptado que LAB se persone como acusación particular en el proceso abierto por la supuesta estafa si el sindicato abona una fianza de 2.000 euros, ya que no ha precisado «cuál es el bien jurídico que protege y que podría haber resultado lesionado».
