VIZCAYA
260 menores cumplieron sus condenas con servicios sociales el año pasado en Vizcaya
Los juzgados de Bilbao les castigaron con trabajos en residencias de mayores y de discapacitados, o con la reparación de mobiliario urbano El internamiento se disparó un 36% y afectó a 106 adolescentes
05.07.07 -
PARA LA COMUNIDAD. Mikel, condenado a trabajar 70 horas en la perrera de Artxanda, acaricia a dos mascotas. / MAITE BARTOLOMÉ
Protagonizar una pelea, cometer un robo o arrojar a la ría alguna de las artísticas vacas que sobrevivieron a la exposición de 2001 son comportamientos situados en la fina línea que separa la gamberrada del delito. Cuando quien incurre en estas faltas es un menor de edad, las autoridades reconocen que la imposición de una pena privativa de libertad puede ser demasiado agresiva y hasta traumática para el joven. Por eso optan por castigarles con el cumplimiento de prestaciones en beneficio de la comunidad. El año pasado, los dos juzgados de menores de Bilbao han adoptado esta medida en 260 ocasiones, una cifra que ha crecido de forma progresiva en los últimos cuatro años (en 2003 fueron 212).
Los casos en Vizcaya suponen más de la mitad de los registrados en todo el País Vasco, donde se impusieron 469 purgas de este tipo. Se trata de una medida pensada para los adolescentes que cometen faltas o delitos menos graves, o para aquellos que, incluso habiendo tenido comportamientos graves, pasan por la mediación con la víctima y asumen su responsabilidad. Al tratarse de menores, la flexibilidad e incluso indulgencia del juez es amplia para adoptar la decisión que más conviene al chaval.
El siguiente paso consiste en elegir qué tipo de prestación se le impone. Esta competencia recae en los 16 técnicos que el Gobierno vasco tiene en Vizcaya para gestionar las medidas que no implican internamiento. Se les conoce como equipos de medio abierto. «Son los que se ocupan de estudiar la falta cometida por el menor, su formación y habilidades, su lugar de residencia, si estudia o trabaja, etcétera. En función de todo eso se decide cuál será su destino», explica Xabier Etxebarria, director de Ejecución Penal del Departamento de Justicia del Gobierno vasco.
En la medida de lo posible, se busca adecuar el castigo a la falta. Por ejemplo, si el infractor destrozó mobiliario urbano, podría cumplir la pena trabajando en su reposición o instalación. También se le puede enviar a ayudar en residencias de mayores o discapacitados, y a cualquier destino público o privado que se preste a ello. Eso sí, siempre con el consentimiento del menor.
Convenio con Eudel
El Gobierno vasco firmó el 11 de junio un convenio con la Asociación de Ayuntamientos Vascos (Eudel) y otras instituciones para facilitar ocupación a los chavales castigados con prestaciones sociales. Hasta ahora, el procedimiento para asignar un destino era bastante más simple, como ocurrió con el centro de acogida y adopción para perros y gatos de Vizcaya (Capegavi), en Artxanda. «Nos llamaron del juzgado de menores para ver si nos interesaba. Ya nos lo habían planteado los de Mercadeco, que son vecinos nuestros de txosna en las fiestas», explica su responsable, Esteban Martínez.
Allí los chavales limpian las jaulas, cepillan a los animales, les alimentan y abordan «cualquier chapucilla que sale». «Nuestra actividad es social, y esto también es algo que viene bien a la sociedad. Además, sabemos que el contacto con los animales beneficia a los chavales. Alguno, tras acabar su prestación, nos han pedido quedarse a trabajar», indica el portavoz. ¿Nunca han tenido problemas con los menores? Martínez asegura que, salvo algún incumplimiento de horario, no han sufrido sobresaltos, y eso que «nos advirtieron de que podría llegar alguno complicado».
Alguna dificultad más sufrió la organización de comercio justo Mercadeco, un clásico a la hora de acoger a menores díscolos. Con todo, su gerente, Karmelo Amezaga, califica de «anecdóticos» los cuatro casos complicados que tuvieron, tras más de dos años en los que unos 200 adolescentes pasaron por su sede de Deusto. Robos y un intento de agresión fueron los sustos.
«La experiencia ha sido muy positiva: al fin y al cabo, con nuestro trabajo tratamos de mejorar el mundo, y ayudar a esos menores también tiene esa finalidad». El cometido de los infractores era desde «apoyar en el almacén hasta preparar pedidos o cargar contenedores de ayuda humanitaria». Dice Amezaga que quienes llegan a realizar prestaciones en beneficio de la comunidad son adolescentes que «han cometido errores, pero aún no están en la rueda» de los círculos delictivos.
Aquellos que cometen delitos de más gravedad y cuyo entorno familiar no ayuda en su reinserción social son los que sufren medidas de internamiento. Esta solución, la más radical, afectó el año pasado a 106 adolescentes en Vizcaya, lo que supone un crecimiento del 36% sobre los 78 casos de 2005. Esto no quiere decir necesariamente que haya una tendencia a que los menores cometan cada vez delitos más graves. El director de Ejecución Penal de Justicia mantiene que en muchos casos se recurre al internamiento cuando el adolescente no tiene familia que se haga cargo de él o cuando no lo haría con garantías. Etxebarria señala que entre el 30% y el 40% de estos casos afectan a menores inmigrantes.
Los casos en Vizcaya suponen más de la mitad de los registrados en todo el País Vasco, donde se impusieron 469 purgas de este tipo. Se trata de una medida pensada para los adolescentes que cometen faltas o delitos menos graves, o para aquellos que, incluso habiendo tenido comportamientos graves, pasan por la mediación con la víctima y asumen su responsabilidad. Al tratarse de menores, la flexibilidad e incluso indulgencia del juez es amplia para adoptar la decisión que más conviene al chaval.
El siguiente paso consiste en elegir qué tipo de prestación se le impone. Esta competencia recae en los 16 técnicos que el Gobierno vasco tiene en Vizcaya para gestionar las medidas que no implican internamiento. Se les conoce como equipos de medio abierto. «Son los que se ocupan de estudiar la falta cometida por el menor, su formación y habilidades, su lugar de residencia, si estudia o trabaja, etcétera. En función de todo eso se decide cuál será su destino», explica Xabier Etxebarria, director de Ejecución Penal del Departamento de Justicia del Gobierno vasco.
En la medida de lo posible, se busca adecuar el castigo a la falta. Por ejemplo, si el infractor destrozó mobiliario urbano, podría cumplir la pena trabajando en su reposición o instalación. También se le puede enviar a ayudar en residencias de mayores o discapacitados, y a cualquier destino público o privado que se preste a ello. Eso sí, siempre con el consentimiento del menor.
Convenio con Eudel
El Gobierno vasco firmó el 11 de junio un convenio con la Asociación de Ayuntamientos Vascos (Eudel) y otras instituciones para facilitar ocupación a los chavales castigados con prestaciones sociales. Hasta ahora, el procedimiento para asignar un destino era bastante más simple, como ocurrió con el centro de acogida y adopción para perros y gatos de Vizcaya (Capegavi), en Artxanda. «Nos llamaron del juzgado de menores para ver si nos interesaba. Ya nos lo habían planteado los de Mercadeco, que son vecinos nuestros de txosna en las fiestas», explica su responsable, Esteban Martínez.
Allí los chavales limpian las jaulas, cepillan a los animales, les alimentan y abordan «cualquier chapucilla que sale». «Nuestra actividad es social, y esto también es algo que viene bien a la sociedad. Además, sabemos que el contacto con los animales beneficia a los chavales. Alguno, tras acabar su prestación, nos han pedido quedarse a trabajar», indica el portavoz. ¿Nunca han tenido problemas con los menores? Martínez asegura que, salvo algún incumplimiento de horario, no han sufrido sobresaltos, y eso que «nos advirtieron de que podría llegar alguno complicado».
Alguna dificultad más sufrió la organización de comercio justo Mercadeco, un clásico a la hora de acoger a menores díscolos. Con todo, su gerente, Karmelo Amezaga, califica de «anecdóticos» los cuatro casos complicados que tuvieron, tras más de dos años en los que unos 200 adolescentes pasaron por su sede de Deusto. Robos y un intento de agresión fueron los sustos.
«La experiencia ha sido muy positiva: al fin y al cabo, con nuestro trabajo tratamos de mejorar el mundo, y ayudar a esos menores también tiene esa finalidad». El cometido de los infractores era desde «apoyar en el almacén hasta preparar pedidos o cargar contenedores de ayuda humanitaria». Dice Amezaga que quienes llegan a realizar prestaciones en beneficio de la comunidad son adolescentes que «han cometido errores, pero aún no están en la rueda» de los círculos delictivos.
Aquellos que cometen delitos de más gravedad y cuyo entorno familiar no ayuda en su reinserción social son los que sufren medidas de internamiento. Esta solución, la más radical, afectó el año pasado a 106 adolescentes en Vizcaya, lo que supone un crecimiento del 36% sobre los 78 casos de 2005. Esto no quiere decir necesariamente que haya una tendencia a que los menores cometan cada vez delitos más graves. El director de Ejecución Penal de Justicia mantiene que en muchos casos se recurre al internamiento cuando el adolescente no tiene familia que se haga cargo de él o cuando no lo haría con garantías. Etxebarria señala que entre el 30% y el 40% de estos casos afectan a menores inmigrantes.
